La negociación salarial que se desarrollará en el sector privado “será difícil” y “seguramente determine picos de conflictividad”. Esta situación se verá “reforzada” por la discusión de la Rendición de Cuentas que está comenzando, y "que todos los años genera aumento de conflictos en el sector público". Las dos afirmaciones forman parte del último informe de Conflictividad Laboral publicado semanas atrás por la Universidad Católica del Uruguay (UCU).
Ese mismo documento dice que en la medida que continúe la situación sanitaria favorable se irá aumentando la presencialidad, y con ello se volverá a una forma de movilización más tradicional, lo que hace prever un semestre con “mayor conflictividad laboral”.
Con el paso de los días esas previsiones están empezando a tomar forma en la cancha. Dentro del sector público, las diferencias entre los sindicatos y el gobierno quedaron de manifiesto en varias movilizaciones e incluso hubo ocupación de dependencias estatales. Los reclamos por recortes en ingreso de personal, reducciones presupuestales, disminución de inversiones y la política salarial ocupan el centro de las reivindicaciones.
La conflictividad creciente fue tema de conversación la semana pasa en una reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou y los presidentes de los entes públicos. Allí el mandatario respaldó a los jerarcas, y trasmitió que su administración fue electa “para hacer cambios” y “no para que gobiernen los sindicatos”.
La temperatura también está subiendo en el sector privado. Este martes una movilización del Sindicato Único de Trabajadores de Supergás (SUTS), lanzó pirotecnia y rompió un vidrio de la ventana de la oficina del ministro de Industria, Omar Paganini, e interrumpió una reunión con su par de Educación, Pablo da Silveira.
“Hay límites que no se pueden pasar. (…) Ojalá sea un hecho muy aislado que sea rechazado por todos. Cuidemos la sociedad, cuidemos la tolerancia, cuidemos las discrepancias, bajemos la pelota”, dijo el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, al ser consultado poco después del incidente.
Esta vez el paro no fue por temas salariales. Los trabajadores reclamaban contra la quita del subsidio del supergás, una medida que hasta ahora no ha sido planteada en esos términos. Desde el Poder Ejecutivo lo que se dejó a entrever es la idea de modificar el subsidio general y focalizarlo en las familias de menores recursos.
Diego Battiste Movilización del Sindicato Único de Trabajadores de Supergás. También en los privados
Además, en estos días están empezando las negociaciones para definir los aumentos salariales que tendrán unos 640 mil trabajadores del sector privado. El año pasado, la pandemia impidió la puesta en práctica de las Consejos de Salarios y la conflictividad laboral fue prácticamente nula. En cambio, el 2021 se perfila diferente. En lo previo, las pautas dadas por el gobierno para guiar las conversaciones en las distintas mesas de actividad están bastante alejadas de las aspiraciones del PIT-CNT. Así lo ha expresado públicamente el movimiento sindical. El sistema de aumentos por inflación esperada no convence. Tampoco la diferenciación por tamaño de empresa y la pérdida de salario que volverá a darse en los sectores considerados como “muy afectados” por la pandemia.
La central sindical sabe que para poder mejorar el piso de esos lineamientos deberá dar pelea. Ese implicará movilizaciones y paros en distintos sectores, como ya pasó en las ronda de salarios anteriores que se dieron en condiciones normales.
Una excepción fue la ronda puente de 2020, cuando por las restricciones sanitarias impuestas el formato tradicional de la negociación quedó de lado. Con ello la conflictividad también fue escasa, aun cuando la mayor parte de los sindicatos no estaba de acuerdo con esa solución temporal que propuso el Poder Ejecutivo, y cuya fórmula salarial aseguraba de antemano pérdida de poder adquisitivo. Con una economía fuertemente golpeada y 200 mil empleados en seguro de paro la línea principal fue la conservación del empleo.
El exdirector del Instituto de Relaciones Laborales de la UCU, Juan Manuel Rodríguez, dijo la semana pasada al semanario Búsqueda que a medida que la epidemia de ccovid-19 afloje y las negociaciones salariales de los distintos grupos avancen, la “bronca” y “molestia” del movimiento sindical con el gobierno va a “explotar” y se va a expresar en mayor conflictividad.
Hay otro aspecto que condimenta el escenario de las relaciones laborales y que se va a poner sobre la mesa en la segunda mitad de año. Se trata de las observaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre varios puntos de la ley de Negociación Colectiva, a partir de la queja realizada por las gremiales empresariales hace ya una década atrás. La idea de las autoridades actuales para poder levantar las observaciones de la OIT es avanzar en un proyecto de ley que tenga el consenso de todas las partes, una tarea por demás compleja dada las diferencias históricas que tienen el PIT-CNT y las principales cámaras empresariales.
