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Los relatos de los conscriptos chilenos sobre el genocidio cometido por la dictadura de Pinochet

Miles de carpetas con testimonios de exconscriptos del Ejército de Chile que realizaron el servicio militar obligatorio durante la dictadura de Pinochet permanecieron ocultas por años. En ellos, varios reclutas narran su participación en crímenes de lesa humanidad por orden de sus superiores

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28 de junio de 2022 a las 05:01

Los relatos de exmilitares que cumplieron su Servicio Militar Obligatorio en Chile y que revelaron antecedentes sobre tratos crueles e inhumanos se mantuvieron guardados en la bodega de la entidad pública durante el segundo mandato presidencial de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), cuando la actual diputada Lorena Fries era subsecretaria de Derechos Humanos.

Los documentos, que evidenciaban la participación de las Fuerzas Armadas en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar encabezada por el general Augusto Pinochet (1973-1990), fueron resultado de una mesa de trabajo instalada por la exsubsecretaria Fries, que recogió testimonios sobre los conscriptos, lugares y testigos que, hasta la denuncia realizada por un medio de prensa a fines de mayo pasado, permanecieron en reserva, sin que entidades vinculadas al tema ni los tribunales los conocieran.

"Para mí fue una gran sorpresa ver que existieron por más de cinco años alrededor de 12.000 carpetas ocultas en el sexto piso del Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos", señala a Sputnik Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

"Esas 12.000 carpetas que dicen que están, porque nosotros no las hemos visto, pero sí tenemos la claridad de que existen y que no fueron entregadas, eso es totalmente estar con el negacionismo. El negacionismo hoy día tenemos que ir separándolo de nuestras filas, las personas que hicieron y cometieron este delito, porque en el fondo es un delito de ocultar la verdad", acusa Gaby Rivera presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), en conversación con Sputnik.

"Para nosotros fue terrible saberlo de esta forma, cuando muchos sabían. Incluso Sandro Gaete [detective de la Policía de Investigaciones] también había entregado otra información a la ministra de los tribunales, pero a las dirigentes de las agrupaciones, a ninguna se nos informó, entonces fue la peor forma que tuvimos de enterarnos de este atraso", denuncia.

Para Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), el Estado es "el principal obligado a cumplir con el deber de hacer verdad y justicia en materia de violaciones a los derechos humanos y, por tanto, si representantes del Poder Ejecutivo tomaron conocimiento de información relevante que permitía avanzar en esclarecer los hechos y determinar a los responsables, impidiendo la punibilidad de estos graves hechos, debieron ponerlos inmediatamente a disposición del Ministerio Público y/o los Tribunales de Justicia, que son los encargados por mandato constitucional de cumplir con la función de investigar y sancionar", explica el abogado a Sputnik.

"Creemos que eso era lo que debía hacer la subsecretaria Lorena Fries y no crear comisiones de trabajo para acumular información. No es esa su función ni lo que mandata su estatuto de deberes", sentencia Margotta.

Se estima que un total de 390.061 jóvenes realizaron el Servicio Militar Obligatorio entre 1973 y 1990, según cifras entregadas por la Dirección General de Movilización Nacional a solicitud de la Cámara de diputados en diciembre de 2013.

Víctor Rivera fue uno de esos jóvenes, quien realizó su SMO entre mayo de 1973 y junio de 1976. Fue una dura experiencia, durante la cual fue testigo del maltrato que sufrieron muchos conscriptos que eran formados en el sistema prusiano —que propone una educación estricta, con base en la disciplina y la obediencia, incluso con la aplicación de castigos— del Ejército chileno, combinado con el sistema estadounidense, particularmente en el proceso de instrucción, según señala.

"Ese es el periodo más duro para el conscripto. Gran parte de la instrucción [se realiza] con base en lo que coloquialmente el soldado llama el aporreo. Es decir, un maltrato permanente desde el despertar hasta volver a acostarse, en la noche. Todo el día en una actividad bastante dura, bastante fuerte, con bastante castigo de parte de los instructores. Castigos corporales, ya sea con palos, con lo que tuvieran a mano", detalla a Sputnik el exrecluta.

"El objetivo de ellos era fundamentalmente hacer que nosotros respondiéramos a la voz de mando de forma inmediata, casi mecánica, como unos autómatas", explica.

A la instrucción prusiana se suma la estadounidense, en la que la humillación al soldado es permanente. "Entonces hay un doble castigo que es psicológico y corporal", agrega el autor ¿Qué hiciste para el 73?, un libro de sus memorias como soldado.

Rivera también es muy sincero en indicar que una vez producido el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el trato hacia la tropa mejoró, incluso les subieron el sueldo que se les daba por hacer el SMO, según él, "para frenar posibles focos de rebelión"

"Era notorio que para los mandos no podían mantener el trato duro con los conscriptos. Temían posibles rebeliones o insubordinaciones, que efectivamente se dieron. Nos subieron el ingreso que recibíamos, en otras palabras: nos compraban", sostiene.

Víctor Rivera cuenta que participó en una de las organizaciones de exconscriptos de Santiago, entre el 2010 al 2012, donde conoció la experiencia de distintos reclutas, como los que se encontraría en las carpetas con testimonios sobre abusos y violación de derechos humanos que estas agrupaciones entregaron en la mesa de trabajo instalada por Lorena Fries.

Rivera relata que fue asignado como guardia en uno de los centros de detención y tortura del norte de Chile. "Yo tuve que custodiar prisioneros políticos en el campo de prisioneros de Pisagua, donde estuve un mes, entre abril y mayo del 74", afirma, y detalla que tras terminar el servicio militar entregó los antecedentes en la época a la revista Solidaridad a cargo de la Iglesia católica.

Décadas más tarde, Rivera declararía ante el juez Mario Carroza por el caso de Manuel Choño Sanhueza, ejecutado político hallado en una fosa clandestina en la localidad nortina de Pisagua, a petición de la esposa de Sanhueza, Cecilia Rojas, a quien conocía antes del golpe de Estado.

"Los milicos declaraban que ni el Choño ni nadie de los que cayeron con él nunca estuvieron detenidos en el recinto del regimiento. Pero yo fui testigo que sí estuvieron, pues los vi en una oportunidad que estuve de guardia. Declaré con lujo y detalle sobre el lugar donde los tenían. Incluso me topé con Cecilia dentro del regimiento. Ambos nos reconocimos. A la actuaria le dibujé un plano de la guardia y del lugar exacto donde tenían a los detenidos", relata.

La denuncia de Rivera, quien no tuvo que actuar en forma violenta contra ningún prisionero, sí da cuenta de que existieron abusos y que muchos conscriptos fueron testigos de los mismos. Versión que coincide con las conclusiones del informe emanado en 2018 de la propia mesa de trabajo, que advierte la identificación de "testimonios que refieren no solo a la violencia sufrida por los exsoldados conscriptos, sino también a la violencia que se vieron forzados ejercer contra civiles".

A esta conclusión se suma aquella que sostiene que los testimonios "son relevantes a la hora de comprender la manera en que la conscripción fue también un instrumento utilizado por el proyecto represivo de la dictadura".

Ambas resoluciones se fundamentan en solo 200 de los casi 6.000 testimonios recibidos por Lorena Fries, y que fueron elegidos al azar para su análisis. Las otras 6.000 carpetas restantes nunca fueron revisadas.

Según declaró a la prensa la exsubsecretaria Fries, el análisis de estos antecedentes fue solo una parte de los documentos y se inició poco antes de terminar el segundo mandato de Michelle Bachelet, por lo que le correspondía a la administración entrante concluir el trabajo. Sin embargo, la subsecretaria del segundo gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), Lorena Recabarren, señaló no haber conocido la existencia de dicha información.

Para Alicia Lira, las explicaciones de Freis, al igual que las de su sucesora, resultan vergonzosas e insuficientes para las agrupaciones de familiares. "Después hay cambio de gobierno, tampoco se nos informa y el Gobierno, Lorena Recabarren, que es la que asume después de Lorena Fries, siguen juntando esas carpetas y no entregan información de ninguna índole".

Lo cierto es que las conclusiones del informe o no fueron advertidas o fueron pasadas por alto por ambas subsecretarias, las que hoy enfrentan una querella judicial, otra en la Contraloría y otra en la Cámara de Diputados por su actuar.

"Queremos que quede un precedente de que aquí los familiares, los dirigentes, los abogados de derechos humanos han sido los que han llevado más de 49 años esta lucha y por lo tanto exigimos más respeto. Lo que hemos avanzado ha sido gracias a las movilizaciones y al trabajo permanente de todas las agrupaciones de familiares a lo largo de Chile", explica Lira tras presentar las querellas por encubrimiento y obstrucción a la justicia contra las dos exautoridades.

Años perdidos

Fueron los abogados y procuradores del área jurídica del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y DDHH quienes mediante una carta informaron a la actual subsecretaria, Haydee Oberreuter, sobre las carpetas ocultas desde el 2018. Antecedentes que recién fueron puestos a disposición de la justicia, pero que desde el 2018 no fueron presentados ante los tribunales de justicia, lo cual constituye una obstrucción en el avance de las investigaciones por casos de crímenes de lesa humanidad.

"Nosotros estamos conscientes que la mayoría de las carpetas no tiene información, pero hay muchas que sí tienen información y que en estos cinco años habrían aportado en las causas tanto de detenidos desaparecidos como ejecutados políticos. Por eso yo también lo llamo colusión, realmente por esta impunidad con la que se estaba ocultando la información", acusa la presidenta de la AFEP.

En opinión del presidente de la CCHDH, Carlos Margotta, la subsecretaria Lorena Recabarren, "apenas asumió el cargo, debió poner inmediatamente a disposición de los tribunales estas carpetas con la información recopilada. Al no hacerlo durante sus cuatro años de gestión, incurrió en encubrimiento de los ilícitos en los que se daba cuenta en la información entregada por los exconscriptos, conducta penada por la ley".

Asimismo, Alicia Lira apunta a la gravedad de seguir ocultando la información tras tantos años. "Es gravísimo porque además estamos en una impunidad biológica, donde se están muriendo los testigos, los familiares, los criminales. Y eso es lo que hay también detrás de este ocultamiento de información, que tiene que ver con muchos sectores de derecha o sectores de la ex-Concertación que nunca tuvieron compromiso real con hacer justicia, con entregar los instrumentos a la búsqueda de los detenidos y detenidas desaparecidos".

Por su parte Víctor Ribera también considera grave que los testimonios no fueran entregados a la justicia. "No sé cuáles fueron las razones por las que no se hizo. Para mí lo más importante es poder determinar con certeza todo lo relacionado con los detenidos desaparecidos, que es la gran herida que aún sigue abierta. Pero no sé si esos informes tienen esa información".

Finalmente, la presidenta de la AFEP indica: "Hay que recordar que hay más de 900 detenidos desaparecidos aún que no se encuentran y las familias que viven en la búsqueda. Hay compañeros ejecutados sin entrega de restos".

(Carolina Trejo Vidal – Sputnik)

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