Por más que diputados y senadores discutan leyes pensando en el futuro cercano, el pasado suele ser el gran protagonista de los debates parlamentarios. Más de lo que muchas veces los propios legisladores desearían. No es para nada extraño escucharlos repetir argumentos que se arrastran desde décadas atrás. Quién apoyó el golpe de Estado de 1973, las decisiones económicas del gobierno de Luis Alberto Lacalle en los primeros cinco años de la década de 1990, la crisis de 2002, los hermanos Peirano Basso, entre otras cosas.
Las sesiones en las que se discuten nuevas legislaciones o aquellas en las que se interpela a algún ministro duran horas y horas, y las discusiones tienen desviaciones históricas. Y siempre, casi sin excepción aparece alguno de los temas mencionados. Sin ir muy lejos, hace menos de dos semanas, Diputados aprobó extender el seguro de desempleo para trabajadores de Juan Lacaze. La discusión sobre esa extensión fue el punto de partida para que el debate comenzara a centrarse en la suspensión de los consejos de salarios en el último gobierno herrerista (1990-1995).
Quien tomó la posta en el tema fue el frenteamplista Óscar Groba (Espacio 609). A partir de esa mención, el nacionalista Pablo Abdala pidió la palabra y le retrucó que lo que se debía hacer era revisar toda la legislación sobre los seguros de desempleo. Fueron algunos minutos de debate en torno a un temaque ya se había instalado en otras muchas oportunidades. De hecho, prácticamente cada vez que el Parlamento trata un tema relacionado a política económica o tributaria la discusión lleva al gobierno de Lacalle.
Para el diputado del Frente Amplio Jorge Pozzi, lo más recurrente en las discusiones parlamentarias es, precisamente, “la referencia al antes”. “Hay como una necesidad de comparar qué estuvo mejor y qué estuvo peor. Ese es el eje central de todo. En general se da cuando alguien del oficialismo o de la oposición quiere reivindicar algo”, dijo a El Observador.
Pozzi recordó que en una de esas discusiones sobre la gestión lacallista optó por recordar logros de ese gobierno. Si bien no recordaba en qué discusión lo mencionó, sí enumeró esos “hitos”, como los llamó. “Hubo reuniones entre compañeros del movimiento sindical y el gobierno donde salió lo que hoy es el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), por ejemplo”, señaló.
Y si del plano económico se trata, el pasado más reciente acecha constantemente los cruces entre legisladores con la crisis del 2002 en el primer podio. Así sucedió, entre otras tantas veces, cuando al Senado le tocó votar el acuerdo entre ANCAP y la petrolera venezolana PDVSA. En esa larga sesión, varios legisladores optaron por recordar cuando el ahora presidente de la República, Tabaré Vázquez, pidió el default pero Jorge Batlle prefirió ir por otro camino.
“Si pudiéramos dar un paso hacia atrás nos daríamos cuenta de que el debate se va a cualquier parte” Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional
A los pocos meses, el 3 de enero de 2016, ANCAP fue otra vez el centro con el pasado merodeando, durante la discusión en Diputados por la capitalización del ente petrolero. El nacionalista Jaime Trobo volvió a traer a Vázquez, el default y la crisis al presente. “(Con ANCAP) quisieron ocultar un fracaso ideológico. Detrás de esto hay una gran fantasmada política. Esto es peor que lo de los Peirano, esto es peor que cuando Tabaré Vázquez pidió el default en la crisis de 2002”, dijo con fastidio.
A la crisis tampoco le faltan las referencias oficialistas de los niños de Bella Unión. En esa misma discusión, el diputado Felipe Carballo trajo el tema a la conversación. “Los gurises comían pasto en el norte del país debido, entre otras cosas, al cierre de El Espinillar”, afirmó para dar su voto a favor de la capitalización de ANCAP.
No solo lo económico es materia de debate y competencia sobre quién lo hizo peor. La dictadura suele estar presente en varias discusiones que no necesariamente tienen por qué estar vinculadas a leyes sobre el pasado reciente.
El ejemplo más cercano se vincula a la ley interpretativa sobre derechos relativos a la ciudadanía y la soberanía, que puede dar paso al voto en el exterior. Varios legisladores frenteamplistas, entre ellos la senadora Constanza Moreira, quisieron poner como ejemplo el éxodo de miles de uruguayos producto de la persecución militar. “Hay uruguayos que hace décadas esperan por una decisión política nuestra y trabajan por el Uruguay”, dijo en referencia a la emigración de décadas atrás.
Es común también traer a la discusión al peón Pascasio Báez, asesinado por los tupamaros en la década de 1970. Su muerte fue recordada –entre muchísimas otras veces– en febrero de 2017 cuando el diputado colorado Germán Cardoso interpeló al ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
“Esto es peor que lo de los Peirano, o que cuando Tabaré Vázquez pidió el default en la crisis”, Jaime Trobo, diputado nacionalista en discusión por capitalización de ANCAP
Con la misma vehemencia se recuerda a los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas como antesala al golpe de Estado, tal como sucedió a mediados de este año cuando se rindió un homenaje a la Huelga General de 1973. “No escuché ninguna exposición acerca de lo importante que sería que el movimiento sindical reflexionara sobre posibles errores. Hubo declaraciones de representantes de los partidos políticos con respecto a los comunicados 4 y 7 que los consideraban positivos”, afirmó en esa sesión en Diputados el nacionalista Aldo Lamorte.
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