El Poder Ejecutivo autorizó a ministerios y entes a contratar a otras 75 personas
El jueves 29 de febrero, el día previo a que comenzara a correr el último año de su administración, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, firmó más de un centenar de resoluciones en las que autorizó la contratación de casi un millar de funcionarios.
La rúbrica puso fin a un proceso que se había iniciado varios meses atrás y que genera controversia en la interna de la coalición, ya que si bien algunas son vistas como un “alivio” en varios ministerios que venían reclamando el ingreso de personal para desempeñar diversas tareas, también hay otras que corresponden a militantes que ingresaron en este período.
De acuerdo con datos procesados por El Observador a partir de las resoluciones firmadas por Lacalle Pou, el 29 de febrero se autorizó la presupuestación de 932 personas.
A su vez, se permitió la incorporación de 75 contratados mediante “función pública”, una modalidad que permite renovar los contratos hasta por cuatro años.
Si bien no fueron las únicas que se dieron en este período, la razón del malón de ingresos el 29 de febrero está en el artículo 97 del Estatuto del Funcionario Público, el cual establece que “no se podrán celebrar contratos dentro de los 12 meses anteriores a la finalización de cada período de gobierno”.
El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Ariel Sánchez, explicó a El Observador que el número de ingresos será depurado una vez que todos asuman en sus cargos ya que hay personas que pueden haber concursado y sido seleccionadas pero desistir de asumir en los puestos.
En la última Rendición de Cuentas, el gobierno señaló que en el Estado había 296.925 vínculos laborales. Dentro de ellos, 111.529 eran presupuestados, 87.626 eran docentes efectivos, interinos, y suplentes. A su vez había 30.055 efectivos y contratos policiales, 26.609 militares y 20.686 contratos permanentes o de función pública.
Sánchez detalló que en esa ley se habilitaron algunas presupuestaciones, ya que los ingresos habían quedado sujetos a la aprobación de las reestructuras de los ministerios.
Ni bien asumió Lacalle Pou, el gobierno emitió un decreto que restringió los ingresos. Esa norma estableció que por cada tres bajas en la Administración Central (Presidencia y ministerios) solo podía reponerse una.
En campaña electoral, el presidente había dicho que era necesario recortar la grasa del Estado y buscar una mayor eficiencia así como disminuir el déficit fiscal y la presión tributaria.
Diego Battiste
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La disposición inquietó a algunos ministerios, que solicitaron autorizaciones específicas para contratar por necesidades de funcionamiento.
Pese a los ingresos, el número de aproximadamente mil no conforma a la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que señala que no se completará la cantidad de funcionarios que había cuando asumió la actual administración.
El gremio estaba analizando las resoluciones y prevé reunirse para afinar los números.
El secretario general de COFE, José Lorenzo López, había dicho en febrero a La Diaria que hubo demoras en algunos ministerios para realizar los llamados y que en lugar de utilizar Uruguay Concursa varios fueron realizados por las propias unidades ejecutoras.
“Se convencieron el último año, después que lo reclamáramos los trabajadores tanto tiempo y que los ministros comenzaran a plantearlo”, dijo López.