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Los uruguayos entregan armas a diario para su destrucción
Un niño de 11 años utilizó el arma de su padre, una Glock 9 milímetros, y comenzó a disparar al aire en el Cerro de Montevideo días atrás. La policía lo detuvo y el arma, aunque no estaba requerida, por orden de la Justicia fue enviada al Registro Nacional de Armas (RNA) para ser destruida.
Al igual que en otros procedimientos judiciales, las armas con las que se cometen delitos y se incautan luego de utilizarse como evidencia son destruidas.
La ley 19.247 –de 2014– refiere a la tenencia y porte de armas y en su segundo artículo indica que las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales que no hayan sido autorizados deben ser incautados, al igual que aquellas en poder de quienes hayan cometido delitos con violencia o con intimidación, mediante el empleo de un arma de fuego o en casos de violencia doméstica.
Por otra parte, la ley 18.087, de 2007, aclara cuál es el proceso con las armas en poder del Servicio de Material y Armamento del Ejército.
En 2019 se destruyeron 5.208 armas, 976 más que el año anterior, según la información que brindó el RNA a un pedido de informes del diputado de Cabildo Abierto, Carlos Testa.
El jefe del RNA, Pablo Font, explicó a El Observador que hay varias vías para llegar a la destrucción de las armas. “Los ciudadanos pueden entregar armas para su destrucción, y una vez que ingresan al depósito judicial se destruyen una vez por año”.
En este sentido, dijo que “es frecuente, a diario o varias veces por semana”, que se presenten particulares en el RNA o en unidades militares del interior del país para entregar armas para su destrucción. Se estima que en Uruguay hay unas 600.000 armas registradas.
Por otra parte, las armas que ingresan a la Dirección Nacional de Medio Ambiente provenientes de cazadores pueden tener orden judicial para su destrucción o, de lo contrario, deberán quedar durante tres años en el depósito judicial. Ese es el plazo máximo que establece la ley para las armas que se incautan.
En cuanto a las armas que forman parte de procedimientos judiciales, cualquiera sea el caso, el mismo juez de la causa puede decidir su destrucción –como sucedió en el caso del niño en el Cerro– o, en su defecto, luego de tres años pueden ser destruidas.
De las armas incautadas en poder del RNA, en 2019 se devolvieron 580 a sus propietarios o al Ministerio del Interior, y este año, hasta junio, iban 38. En esa cifra no está diferenciada la cantidad de armas que pertenecen a cada uno. “El titular de esa arma la puede solicitar y, si la Justicia está autorizada, tiene permisos, tenencia y toda la documentación, puede ser devuelta”, explicó Font. Es lo que establece la ley sobre regularización de armas.
Lo mismo sucede cuando son armas de policías, ya que se devuelven a la fuerza.
