Lula da Silva ordenó a las Fuerzas Armadas expulsar a los “garimperios” de las tierras yanomamis

"La presencia del garimpo (buscador) ilegal es muy fuerte y será desmantelada; el decreto de permite que las Fuerzas Armadas tengan una presencia más amplia en la región", explicó en una entrevista con la cadena Bandnews el ministro de Defensa, José Múcio, quien precisó que cada una de las fueras tiene un papel específico.

En ese sentido, Múcio precisó que el Ejército realizará el trabajo de campo, identificando y arrestando a los mineros ilegales, mientras que la Marina prestará apoyo desde los barcos controlando el acceso por los ríos, al tiempo que la Fuerza Aérea, además de llevar alimentos a los indígenas yanomami, vigilará el espacio aéreo, que fue bloqueado para evitar que los "garimpeiros" se desplacen con avionetas.

"Cualquier vuelo sospechoso será obligado a desviarse de su ruta y a aterrizar en una pista para que sea identificado", afirmó el ministro. Además, puntualizó que el operativo implica la creación de una Zona de Identificación de Defensa Aérea (ZIDA) sobre el espacio del territorio, medida que se mantendrá vigente mientras rija la emergencia decretada por el gobierno para atender la crítica situación alimentaria y sanitaria que azota a los yanomamis.

El pueblo, que vivió aislado hasta la década de 1980, fue invadido por decenas de miles de “garimpeiros” en los años siguientes a partir del descubrimiento de yacimientos de oro, provocando la difusión de enfermedades como la tuberculosis, al tiempo que deforestaban miles de hectáreas de  bosques y contaminaban con mercurios los ríos de la región.

Según el gobierno y las onegés que trabajan en el territorio habitado por unos 30.000 yanomamis, la situación derivó en todo tipo de abusos, incluidos asesinatos, e impacto en los recursos alimentarios del pueblo originario, que progresivamente fue arrastrado a una crisis humanitaria con un saldo de al menos 570 niños muertos por desnutrición, envenenamiento con mercurio y enfermedades prevenibles durante los últimos cuatro años.

Según estimó el Ministerio de Defensa, en la tierra indígena hay más de 20.000 "garimpeiros" que en su búsqueda de oro contaminan los ríos e imposibilitan la pesca, principal fuente de alimento de los nativos; además de ejercer la violencia sobre las aldeas, cuyos habitantes se ven obligadas a desplazarse constantemente. En ese contexto, y a partir de la asunción de Lula da Silva, el gobierno rescató a decenas de indígenas en situación de desnutrición extrema y el Ministerio Público abrió una investigación para determinar las responsabilidades del anterior del gobierno de Bolsonaro en la actual crisis humanitaria.

En sus últimas intervenciones públicas, que incluyeron una visita a la región con parte de su gabinete, Lula da Silva ya había anticipado la decisión de adoptar medidas severas para proteger el territorio indígena y combatir la minería ilegal. “Decidimos tomar la decisión de detener esta situación. No habrá más prospecciones, ni sobrevuelos, ni suministro de combustible para la minería ilegal”, prometió el mandatario, según reseñó la agencia oficial de noticias.

Múcio explicó que las medidas punitivas de carácter administrativo estarán a cargo de la Policía Federal, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y otras entidades que dependen del gobierno central, y ya no de las autoridades locales, muchas veces denunciadas por actuar en complicidad con los buscadores de oro.

El funcionario, además, señaló que el acceso de personas al territorio solo podrá efectuarse con el permiso conjunto del  Ministerio de  Salud y del recientemente creado Ministerio de Pueblos Indígenas, a cargo de  la líder indígena Sonia Guajajara, “con miras a prevenir y reducir el riesgo de transmisión de enfermedades y otras lesiones”.

El decreto firmado por Lula de Silva y publicado en el Boletín Oficial establece que de ahora en más, las autoridades federales serán las encargadas de canalizar las solicitudes de bienes y servicios necesarios para el transporte de equipos y el suministro de agua potable, alimentos y ropa; como así también disponer la apertura o reapertura de puestos de apoyo de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) y de las unidades básicas de salud del Ministerio de Salud.

Durante un acto en el Palacio del Planalto, la sede del Ejecutivo brasileño, Lula da Silva firmó el decreto que creó el Consejo de Participación Social, ocasión en la que reivindicó la ayuda social, la participación de las Fuerzas Armadas y se pronunció sobre la necesidad de producir “un cambio cultural, con educación y leyes más duras” para terminar con la violencia de la que es objeto desde hace décadas el pueblo yanomami.