Lula da Silva se trasladó a Roraima para atender la crisis de la población indígena de la región

"Vine aquí para hacer un compromiso junto con nuestros ministros. Démosle a los pueblos indígenas la dignidad que se merecen. En salud, en educación, dar el derecho de ir y venir. Y vamos a tomar muy en serio la lucha contra la minería ilegal", tuiteó Lula de Silva desde la ciudad de Boa Vista, la capital de la región de unos 223.000 kilómetros cuadrados que limita con los estados de Pará y Amazonas, y los vecinos países de Venezuela y Guyana.

Se trata una de las zonas más pobres de Brasil y la situación sanitaria en el territorio se encamina hacia una "crisis humanitaria" debido al aumento de casos de desnutrición infantil y al avance de la minería ilegal. Según la Secretaría Especial de Salud Indígena, el 56,5% de los niños monitoreados por el gobierno federal en el territorio yanomami presentaban en 2021 desnutrición aguda y se estima que alrededor de 570 murieron desde entonces por contaminación con mercurio, desnutrición y hambre.

En ese contexto, y acompañado por las ministras de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, y de Salud, Nísia Trindade, el líder del Partido de los Trabajadores reiteró su compromiso de brindar atención médica y transporte en el territorio yanomami, el resguardo indígena más grande del país. Tras constatar la situación en el terreno, Lula da Silva afirmó que la condición de los pobladores es "inhumana" y anunció mejoraras en el transporte y la creación de un servicio de atención médica.

"La salud tiene que ir al pueblo, no esperar a que la gente viaje a la ciudad", manifestó el mandatario en declaraciones a la cadena de televisión CNN Brasil. Además, advirtió que trabajará para terminar con la minería ilegal, aunque reconoció que no es una tarea fácil. “Puedo decirles que ya no existirá la minería ilegal. Y sé lo difícil que es acabar con la minería ilegal, ya se intentó otras veces, pero vuelve”, admitió el mandatario.

Durante las recorridas por la zona, también criticó la gestión de su antecesor Jair Bolsonaro, a quien responsabilizó por el deterioro de la situación: "Si en lugar de hacer tanta caravanas de motos, tuviese vergüenza y viniera acá, quién sabe, esta gente no estaría tan abandonado como está", afirmó, al tiempo que precisó en declaraciones al portal de noticias G1 que los técnicos del Ministerio de Salud rescataron desde el lunes pasado al menos ocho niños y niñas en estado grave.

Lula de Silva también decretó la creación del Comité Nacional de Coordinación para discutir y adoptar medidas en articulación entre los poderes local y federal con el objetivo de brindar asistencia a esta población, una de las últimas originarias que aún viven en Suramérica y que se reparte casi en partes iguales en la región amazónica del norte de Brasil y en la fuente del río Orinoco, en el sur de Venezuela. Según afirmó el mandatario, el plan de acción deberá ser presentado dentro de los 45 días, y el comité funcionará por 90 días, los cuales podrán ser prorrogados.

La visita de Lula a Roraima era también un viejo deseo de los líderes indígenas que participaron en los grupos técnicos del gabinete de transición del Partido de los Trabajadores. En el territorio yanomami, de unos 10 millones de hectáreas, habitan en forma permanente unas 30.000 personas repartidas en 370 aldeas. La región se ve afectada también por la violencia y el constante desplazamiento forzado de familias provenientes de Venezuela y Guyana, desde donde son expulsados por la minería ilegal y el agronegocio.

La situación es de tal gravedad que en julio del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió al Estado de Brasil “la adopción de las medidas necesarias para proteger efectivamente la vida, la integridad personal, la salud y el acceso a la alimentación y al agua potable de los miembros de los pueblos indígenas Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku con una perspectiva culturalmente adecuada, con un enfoque de género y edad”.

En esa ocasión, el tribunal advirtió sobre el aumento de enfermedades por la contaminación de los ríos con mercurio, principal fuente de extracción de agua potable y de pesca para las comunidades. Además, enfatizó la inexistencia de un diagnóstico y monitoreo de los niveles de contaminación entre los habitantes. La CIDH también alertó sobre la propagación de enfermedades contagiosas, como el Covid-19, la “débil” atención médica y el lento avance de la vacunación debido a la "fuerte presión del Estado de Roraima para desviar las vacunas reservadas a los indígenas" en plena pandemia.

La zona también registró un fuerte aumento de casos de malaria, que alcanzó un pico de casi 17.000 infectados hacia fines del segundo semestre de 2021. El fallo de la CIDH advierte además de “la atención médica de garimpeiros en perjuicio de los indígenas”, “la falta de medicamentos básicos” y “el agravamiento de la desnutrición infantil” debido a la “inseguridad alimentaria” por “la disminución de la oferta de alimentos, la contaminación de los ríos y la imposibilidad de hacer uso de los recursos forestales debido a la ocupación de los garimpeiros y la deforestación”.

La importancia asignada por la Lula da Silva a su vista a unos de los territorios más conflictos del país se vio reflejada por una importante comitiva que incluyó, además de las ministras de Salud y Pueblos Indígenas, a los ministros de Desarrollo Social, Wellington Dias; de Justicia, Flávio Dino; y de Derechos Humanos, Silvio Almeida; pero también por el general Gonçalves Dias, jefe de la Oficina de Seguridad Institucional, y el comandante de la Fuerza Aérea, Marcelo Kanitz Damasceno.