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Maestros reclaman revisar vuelta a clases en escuelas rurales: “No estamos pidiendo un protocolo”

El retorno a las aulas y el regreso de la actividad en la construcción le abrió al gobierno otro frente sindical
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12 de abril de 2020 a las 05:03

Los anuncios de que este lunes retomará la actividad el sector de la construcción y que el 22 de abril volverán las clases en escuelas rurales le abrieron al gobierno del presidente Luis Lacalle Pou un nuevo frente sindical en uno de sus primeros intentos por enviar señales tendientes a pensar en el día después de la pandemia.

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), que nuclea a los gremios de maestros y profesores, reclamó este sábado que el gobierno revise su decisión de que a partir del miércoles 22 retornarán las clases presenciales en 973 escuelas rurales.

Tras el anuncio del miércoles del presidente sobre las escuelas rurales, la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) acompañada de los sindicatos de profesores de liceos y de centros UTU se reunieron este sábado para evaluar su plan de acción durante los próximos 10 días a partir de distintos escenarios y de cómo se posicione el gobierno.

“La Federación no está pidiendo un protocolo. La Federación está pidiendo que se revierta esta resolución. Nosotros argumentamos y definimos acciones en la dirección de revertir esta decisión. No estamos pidiendo ningún protocolo en este momento”, dijo a El Observador la secretaria general de la FUM, Elbia Pereira, al ser consultada sobre una eventual negociación con el Poder Ejecutivo.

En la reunión de este sábado Pereira señaló que “no hubo ninguna negociación” con el Poder Ejecutivo sobre las condiciones para volver a las aulas. Ante eso, reclaman una reunión urgente con el Codicen y le solicitaron al PIT-CNT que gestione un encuentro con representantes del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) para conocer los "fundamentos epidemiológicos" de la resolución anunciada por el presidente.

El representante del sindicato de profesores (Fenapes), José Olivera, dijo a El Observador que esperan concretar el martes la reunión con el presidente del Codicen, Robert Silva.

Olivera contó que este sábado los sindicalistas le enviaron por Whatsapp a Silva la resolución de la coordinadora que señalaba que “la decisión de retomar las clases en forma presencial se adopta sin haber convocado a los trabajadores a discutir previamente las condiciones de salud y ambiente laboral, lo cual implica discutir, sustantivamente, aquellas condiciones mínimas que pongan a resguardo la salud de estudiantes y trabajadores”.

El texto también fue enviado por la misma aplicaicón al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, al secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, y al líder de los estatales, José Lorenzo López.

Los sindicatos de la enseñanza plantearan su preocupación este jueves en la reunión de la Mesa Representativa del PIT-CNT pero esperan que antes Pereira o Abdala reciban del Sinae los “fundamentos epidemiológicos” que llevaron a resolver el retorno de las clases en escuelas rurales.

Este viernes, en una conferencia de prensa, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que el gobierno trabaja en la elaboración de un convenio entre el Sinae, el Codicen y el Ministerio de Educación y Cultura “para darle protección especial y elementos de higiene para suministrar a maestras y auxiliares que van a trabajar  en las escuelas rurales”. El jerarca señaló que serán 1.500 los funcionarios que tengan “elementos de protección personal y elementos vinculados a la higiene como alcohol en gel y mascarillas lavables”.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, es afiliado a la FUM y desde el jueves acompañó los reclamos de su sindicato para que el gobierno revise la medida. Así lo manifestó en su cuenta de Facebook, donde además compartió una campaña iniciada por el gremio en esa red social con testimonios de docentes de escuelas rurales que rechazan el anuncio del gobierno.

Los docentes argumentan que la resolución del gobierno incrementará la movilidad en las zonas rurales y que la mayoría de los docentes viven en ciudades y localidades, por lo que o bien ellos o los niños podrían ser vectores de la infección.

“Vamos a evaluar paso a paso las acciones tomadas para ver qué repercusiones vamos teniendo y ver si es necesario profundizar las medidas o buscar otro tipo de estrategia”, dijo Elbia Pereira.

 “Salvo que la evidencia epidemiológica nos convenza de que podría haber en algún sentido una situación que pudiera darse, es muy difícil que el planteo no sea otro a que sea revea la medida”, completó Olivera.

Acuerdo en la construcción

En tanto, tras dos días de reuniones, dirigentes del sindicato de la construcción (Sunca), representantes empresariales y autoridades de gobierno acordaron el retorno de la actividad desde el lunes.

La negociación de este sábado llevó unas ocho horas y fue la continuidad de la reunión que habían mantenido hasta las 2 de la madrugada del día anterior.

El Ministro de Trabajo Pablo Mieres señaló que acordaron determinadas disposiciones de higiene para este retorno de las actividades en un sector que emplea a unas 45 mil personas. “Esto se hace con mucha precaución por la salud de los trabajadores y de los ciudadanos que están en contacto con ellos”, dijo en una conferencia de prensa.

Establecieron condiciones sobre los comedores, los tapabocas, las medidas de higiene a mantener en los baños y las aglomeraciones de trabajadores. Además se buscará apartar a aquellos que tengan enfermedades preexistentes.

La empresa UPM hará testeo masivos a trabajadores que no son de Durazno y lleguen a la segunda planta montada en ese departamento.

El acuerdo en la construcción da un poco de aire al gobierno que ahora deberá iniciar una nueva negociación con los sindicatos de la enseñanza.

Si bien el miércoles Fernando Pereira y Abdala, mantuvieron una reunión con Lacalle Pou, entre jueves y viernes los dirigentes de la central sindical salieron a rechazar el anuncio realizado el jueves por el presidente de que “en unos días” remitirá el proyecto de Ley de Urgente Consideración al Parlamento. En tanto, al inicio de la emergencia sanitaria, el PIT-CNT había convocado un caceroleo contra el ajuste de tarifas resuelto por el gobierno.

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