Una manifestante sostiene una pancarta con Carles Puigdemont

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Manifestación masiva en Barcelona por unidad de España

Primera reacción popular a favor del gobierno español, que tomó conducción en Cataluña
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30 de octubre de 2017 a las 05:00

El dilema electoral Esta convocatoria anunciada por Rajoy el viernes desconcertó a los independentistas y les abrió un dilema: ¿participar y darles legitimidad o ausentarse y dejar el terreno libre a los partidos contrarios a la secesión que están ganando terreno?

Decenas de miles de personas expresaron este domingo en las calles de Barcelona su rechazo a la declaración de independencia aprobada el viernes pasado por el Parlamento de Cataluña y clamaron en favor de la unidad de España.

"Todos somos Cataluña" fue el lema de la movilización organizada por la Sociedad Civil Catalana (SCC) con el apoyo de los principales partidos no separatistas, a la que asistieron 1,1 millones de personas, según la SCC, mientras que la Guardia Urbana de Barcelona rebajó la cifra a 300 mil.

La masiva manifestación bloqueó la ciudad. Se observaron pancartas con la leyenda "El 38 por ciento no es Cataluña", escrita en varios idiomas, como una forma de hacer llegar el mensaje fuera de la región.
La marcha tuvo un carácter festivo y reivindicativo apenas dos días después que la cámara regional catalana aprobó una declaración de independencia sin valor legal y que no ha sido reconocida por ningún gobierno ni por ninguna organización internacional.

La manifestación fue encabezada por dirigentes de Ciudadanos (liberales), PSC (socialistas) y PPC (centroderecha), los tres partidos cuyos diputados abandonaron el hemiciclo catalán el viernes pasado antes de la votación que declaró la independencia de Cataluña, en abierto desacuerdo con la iniciativa.
Una horas después el gobierno español, previa autorización del Senado, decretó el cese de todo el gabinete catalán y la disolución del Parlamento autonómico, con la convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre, con el objetivo de restablecer la legalidad constitucional.

Prueba de fuerza
Los constitucionalistas catalanes hicieron una prueba de fuerzas en las calles de Barcelona, donde se vieron numerosas banderas españolas, pero también catalanas y europeas, y se cantó "viva España" y "viva Cataluña". Al término de la marcha hablaron el exministro del PP, Josep Piqué; el exministro socialista y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell; y el exlíder del Partido Comunista Español, Paco Frutos.

Los tres abogaron por favorecer la convivencia y la concordia, y rechazaron los intentos de dividir a los catalanes que atribuyeron a los independentistas.

Fuera del marco de la manifestación, un grupo de radicales se desplazó a la plaza de Sant Jaume de Barcelona, donde increparon a los Mossos d'Esquadra (cúpula de la Policía catalana) y protagonizaron varios momentos de tensión, según informó el diario español El Mundo.

Dos realidades paralelas
Por segundo día consecutivo, la región se despertó sin saber quién llevaba las riendas de su administración, en cuyos edificios seguían ondeando las banderas españolas. Es que en España se viven en realidades paralelas: unos dan validez a la declaración de la república, otros respiran aliviados tras la intervención del gobierno español, al que piden más mano dura.

"¡Puigdemont a prisión, Puigdemont a prisión!", gritaban en la marcha sobre el presidente regional Carles Puigdemont, destituido el viernes por Mariano Rajoy. "Es ilegal lo que han hecho", reprochaban a los independentistas Miguel Ángel García, jubilado de 70 años. "Si Madrid no hace pagar responsabilidades, judicialmente o como sea, me sentiré estafado". Pero en una terraza en el barrio histórico de Barcelona, la independentista Marta Gimeno opinaba lo contrario. "Para mí Puigdemont es nuestro presidente, claro", dijo esta ilustradora de 45 años. "La declaración de independencia nos sirve, es válida, no es simbólica", afirmó.

Por otra parte, el cesado presidente regional insistió el sábado en que no aceptaba su destitución y pidió a la ciudadanía que ejerciera una "oposición democrática y pacífica" a la intervención.
En tanto, su destituido vicepresidente Oriol Junqueras manifestó que en los próximos días habrá que tomar "decisiones difíciles", pero no dijo cuáles.

El gobierno español no respondió al discurso de Puigdemont pero le hizo saber que podría participar en las elecciones regionales, con las que espera regularizar la situación.

Oficialmente, las funciones del gobierno regional las asumió la vicepresidenta del ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría. El Parlamento está disuelto hasta las elecciones convocadas por Rajoy. Más de 150 altos cargos fueron cesados, la red de embajadas catalanas abiertas en los últimos años cerrada y los Mossos d'Esquadra, relevados por órdenes del Ministerio del Interior. Según un portavoz policial, el nuevo comando dio órdenes para retirar la escolta a los dirigentes destituidos, así como las fotografías de Puigdemont de las comisarías. Pero los líderes independentistas no reconocieron su cese.

Al problema de las profundas divisiones de los Mossos se sumó la destitución de quien fue hasta ahora su jefe, Josep Lluis Trapero, quien aceptó su cese y se despidió con un pedido de "lealtad y comprensión" hacia las decisiones de los nuevos mandos. En su lugar ingresó el coordinador territorial de la Policía catalana, Ferran López, una de las personas que le sucedían en la escala jerárquica.
Una fecha marcada en rojo en el calendario será este lunes cuando los dirigentes destituidos o los diputados del Parlamento disuelto podrían intentar volver a sus puestos de trabajo. También se espera que la fiscalía se querelle contra Puigdemont.

Según una encuesta publicada este domingo por el diario El Mundo, los partidos independentistas perderían en unos comicios la mayoría absoluta obtenida en septiembre de 2015, pasando de 72 escaños sobre 135 a entre 61 y 65.

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