El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos propuso derogar la ley 18.831, aprobada en 2011, a partir de la cual se restableció el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1° de marzo de 1985.
La norma declaró la imprescriptibilidad de estos delitos, que son de lesa humanidad, y por lo tanto no hay plazo para que quienes los cometieron sean juzgados por ello.
El líder de Cabildo Abierto contó a radio Montecarlo que este jueves habló del tema con el presidente Luis Lacalle Pou, quien recibió al senador en Torre Ejecutiva para discutir sobre la distribución del Presupuesto Nacional.
Manini Ríos cree que si se deroga la ley de 2011 se va a "reinstalar" la ley de Caducidad. En este sentido, dijo que "se están violando sistemáticamente los principios del derecho" y que "ciertos magistrados están actuando con prevaricación", "utilizando el derecho de forma antojadiza".
Manini Ríos aseguró que de las cerca de 20 mil leyes que rigen en Uruguay, la ley de Caducidad es la única que fue ratificada dos veces por el cuerpo electoral, con 20 años de diferencia. "Y un buen día, riéndose del fallo del cuerpo electoral, por una mayoría muy exigua, creo que fueron uno o dos votos, se derogó", dijo.
Para el excandidato presidencial, la derogación de la ley interpretativa contribuirá a "de una vez por todas dar vuelta la página" y "empezar a mirar para adelante", evitando que se den "falsos testimonios, muchas veces llevando a inocentes presos, como ha pasado en el pasado".
En la reunión con Lacalle Pou, también abordaron la propuesta del diputado colorado Gustavo Zubía de sustituir la figura del fiscal de Corte por un triunvirato que funcione como colegiado, según informó El País.
La semana pasada, Cabildo Abierto envió una carta a Presidencia pidiendo la remoción de Jorge Díaz, el actual fiscal de Corte, quien ordenó una investigación administrativa contra Natalia Charquero, una de las fiscales de Carmelo que ratificó el archivo de la causa contra el exintendente de Colonia Carlos Moreira por su vinculación a una serie de audios viralizados en los que ofrecía pasantías a cambio de sexo. Luego de su actuación, se supo que Charquero había militado en el Partido Nacional durante la campaña de 2014.
En conferencia de prensa, Lacalle Pou evitó responder si respalda al fiscal de Corte y dijo que responderá al pedido de Cabildo Abierto "cuando lo estime conveniente".
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