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Más allá del cierre de empresas: un ajuste lento y doloroso del sector privado
Colgate anunció el retiro a México de sus actividades, Fleischmann anunció inesperadamente el cierre de sus puertas y ya empezó a pagar despidos, Caputto se presentó a concurso de acreedores. Estas tres empresas, todas ellas con marcas bien posicionadas en el mercado local, se suman a una lista creciente de industrias que deciden replegarse.
Es una imagen potente en medio de un clima enrarecido donde empresarios y consumidores comparten una visión pesimista sobre el la economía y el clima de negocios. Los desafíos que atraviesa la industria uruguaya van más allá del cierre de empresas puntuales y el costo social que trae asociado viene en aumento.
Empresas nacen y mueren todos los días, y eso es parte del funcionamiento saludable de toda economía. El cierre de una empresa, de por sí, no es noticia. La muerte de un ciudadano anónimo no ocupa minutos en un informativo, por más afligidos que estén sus allegados. El interés público suele estar en quién y en por qué, y no siempre el eco que tenga esa noticia está asociado al impacto real en la economía en su conjunto.
Algo similar sucede con la apertura de empresas. Los mismos medios que dedican tiempo y espacio a difundir el cierre de empresas también reportan la inauguración locales de franquicias internacionales de ropa, el lanzamiento de un servicio monopatines eléctricos o la apertura de un nuevo espacio de cowork.
Y no se trata de sumar y restar. De cuántas aperturas dan testimonio los medios y de cuántas se difunde su cierre. Qué tan conocidas son las marcas que ingresan al país y qué tan presentes en las góndolas de los supermercados están las etiquetas que dejan de producirse en Uruguay.
El caso concreto, el nombre y el logo de la empresa, tiene un impacto en la opinión pública más grande que el de cualquier cifra difundida. El problema hoy no está en la casuística sino en los propios números, que muestran una situación grave para la industria, que va más allá de que Colgate decida mudar a México sus operaciones y despedir a 60 empleados o que Fleischmann destruya otros 30 con su cierre.
Desde 2011, la industria uruguaya no paró de perder empleo y ya acumula una sangría de 35.000 puestos de trabajo. Por cada seis empleos que había en la industria hace siete años, uno ya no existe. Para encontrar un nivel de ocupación tan bajo en el sector hay que remontarse a 2003, el año de salida de la peor crisis económica de la historia reciente.
La enorme mayoría de esos empleos se perdieron en empresas anónimas que cerraron, redujeron sus actividades o se reconvirtieron a la importación y distribución de productos similares a los que producían.
El problema no es la suba salarial, ni los impuestos, ni las tarifas, ni el atraso cambiario, ni la baja productividad, ni las pésimas condiciones de ingreso al mercado internacional, ni la intransigencia del aparato sindical o el cambio tecnológico que reduce la necesidad de empleados para una misma producción. El problema es cuando todos esos elementos se dan al mismo tiempo y con distinto impacto relativo en las diferentes empresas. Y sobre todo, cuando esos elementos persisten en el tiempo y van consumiendo de a poco pero de manera sostenida, los márgenes de la actividad.
El aumento del salario real no sería problema si Uruguay gozara de acceso preferencial a mercados clave, si el Mercosur asegurara una mercado ampliado que permita compensar los problemas de escala de producir para unos pocos o si un Estado eficiente requiriera una porción menor de los beneficios empresariales. Pero no.
Por más que se fuerce a las empresas a que el ajuste no recaiga en los salarios –lo que se muestra como un logro desde el gobierno y los sindicatos– y desde el Estado se siga aumentando el gasto público, el ajuste siempre se produce. El sector privado lo viene realizando en los últimos años a través del empleo.
Si es más rentable y seguro importar, se deja de producir. Y no es una decisión cuestionable. Los niveles de inversión privada están en su menor nivel en relación al PIB desde el año 2005. El capital extranjero, ávido por colocarse en títulos de deuda emitidos por el Estado uruguayo, no se anima a pisar el suelo y apostar por la economía real.
El país dejó de ser competitivo para muchas actividades que cinco años atrás lo era y progresivamente va sintiendo el impacto de la inacción. El costo social todavía es controlable, pero viene en aumento. La economía en su conjunto acumula casi 50.000 puestos de trabajo perdidos en cuatro años. El ajuste ha sido lento, pero los afectados cada vez son más. En el último año fueron 10.000. Si no se revierten las condiciones, serán muchos más.
