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Más de lo mismo
Las políticas de seguridad pública del país han sido un dolor de cabeza en los últimos veinte años. En casi todos los gobiernos, la gestión del Ministerio del Interior ha generado problemas de diverso tipo para todos los presidentes porque la inseguridad ha crecido en forma sostenida. Pero en el pasado, por lo menos, había una actitud más pragmática y se proponían diferentes medidas para intentar poner fin a un flagelo que inquieta a todos los uruguayos.
Hoy, con el Frente Amplio en el poder, que gobierna desde hace más de 13 años, las políticas de seguridad pública siguen estando presas de la ideología, aunque hay que reconocer que mucho menos de la que se vio en el primer período de gestión bajo la batuta del ministro José Díaz. El partido de izquierda sigue aferrado a concepciones vetustas y llenas de prejuicios, que han agravado el drama de la delincuencia y el ambiente de violencia en el que se despliega la actividad delictiva.
El partido gobernante –como aprobó en su último congreso– cree que un “enfoque de derechos” es la mejor política de seguridad pública. Y en ese sentido, propone que la derogación del registro de antecedentes penales para los menores que cometan delitos graves, así como la eliminación de la prisión preventiva para adolescentes en conflicto con la ley, y la “reestructuración” del sistema de penas, son instrumentos adecuados para combatir a la delincuencia.
Para “reducir la violencia” y “aumentar los niveles de convivencia”, el programa del Frente Amplio insiste con ideas incluidas en el programa de gobierno de 2014: intervenciones urbanas, reforma carcelaria y el fomento de la convivencia ciudadana. Las ideas novedosas para un eventual nuevo gobierno de izquierda son la regulación “estricta” de la tenencia y el uso de armas y la creación de una nueva unidad dependiente de Presidencia.
El partido de gobierno no termina de hacerse cargo del espectacular crecimiento del delito, del abarrotamiento de las cárceles –verdaderas universidades de delincuentes– y del hastío de la sociedad. El Congreso insiste con la vieja idea de que “el problema no es solo el delito, sino también la cultura de intolerancia, crispación y violencia cotidiana que ha ganado espacios en la sociedad uruguaya en las últimas décadas”.
Por supuesto, que un futuro gobierno debe pensar en la cultura ciudadana para mejorar el ambiente general de convivencia y que la reforma educativa y carcelaria son herramientas fundamentales para mejorar la seguridad pública.
Pero cuando no se puede cumplir la promesa presidencial del bajar las rapiñas 30%, es preciso pensar en en otras medidas. Se ha invertido más en materia de seguridad, se mejoró el equipamiento policial, se mejoraron los sueldos del personal policial, pero los resultados no se ven. Frente a esta realidad, o se cambia el rumbo o se va a acabar en una situación mucho peor como advirtió el Jefe de Policía Mario Layera. Si se siguen haciendo las mismas cosas, se obtendrán los mismos resultados.
Tiene toda la razón el solitario militante del FA que durante el Congreso dijo que a la izquierda le van “a pegar a muerte durante la campaña” en el tema de la seguridad pública. Más de lo mismo, como propone el oficialismo, es lo que rechaza la mayoría de la opinión pública.
