La política de ampliar exportaciones mediante acuerdos de libre comercio por fuera del Mercosur es acertada pero insuficiente para aclarar el oscurecido panorama económico de Uruguay
La política de ampliar exportaciones mediante acuerdos de libre comercio por fuera del Mercosur es acertada pero insuficiente para aclarar el oscurecido panorama económico de Uruguay. Estamos lejos de los críticos apremios de Brasil, Argentina o Venezuela, nuestros socios en el bloque regional. Incluso Standard&Poor’s ha subido la calificación de deuda soberana al segundo escalón del grado inversor, indicación de confianza internacional en nuestra estabilidad financiera. Pero los pronósticos de un decaído crecimiento, a un rango del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en los años inmediatos, imponen severas medidas internas de ordenamiento para afianzar esa estabilidad. Algunas estarán previstas en el presupuesto que el ministro de Economía, Danilo Astori, anunció que será austero.
El gobierno elude el impopular término de ajuste fiscal, vía que, de todos modos, está limitada por la rigidez de gran parte del gasto público, especialmente en salarios. Pero evitar mayor caída de actividad y aumento del desempleo exige contraer el gasto público, desindexar la política salarial y ajustar la política monetaria para hacer frente a las presiones derivadas de la suba sostenida del dólar. De otra forma parece imposible que el gobierno pueda cumplir las metas a que se ha comprometido. Astori anunció que bajará al 2,5% del PIB el acrecido déficit fiscal, actualmente en 3,7%. Proyecta hacerlo con un agudo aumento de los aportes de las empresas públicas a Rentas Generales, expediente incierto que presionará al alza la inflación si genera aumento de tarifas.
La impostergable inversión en infraestructura vial requiere cerca de US$ 3.000 millones, solo disponibles en el sector privado en momentos en que se retrae la inversión externa y sigue sin despegar la burocrática ley de Participación Público Privada (PPP). A estas dificultades se agrega la sostenida caída de precios de exportaciones básicas. En esta área el gobierno se ha embarcado en el curso idóneo de liberar el intercambio mediante acuerdos que soslayen las restricciones del Mercosur. Los presidentes Tabaré Vázquez y Dilma Rousseff dieron un paso importante en esta dirección al acordar concluir el postergado tratado de libre comercio con la Unión Europea con o sin participación de Argentina, cuyo gobierno proteccionista ha bloqueado negociaciones que se arrastran desde hace 16 años.
La decisión de los dos presidentes se enmarca en la política de nuestro gobierno de incorporar el país a los acuerdos de libre comercio que bloques y naciones de todo el mundo están concertando en forma creciente. Incluyen la Alianza del Pacífico, el Tratado Transpacífico y el acuerdo sobre servicios TISA, objetado sin fundamento por el PIT-CNT y sectores del Frente Amplio. Este objetivo refleja la necesidad de vender sin tener que pagar los aranceles de importación, que no rigen para los países con liberación del intercambio pero encarecen nuestras exportaciones al tener que cargar con esos gravámenes.
Mantener la estabilidad que aún impera requiere un severo orden fiscal y más libertad para comerciar, reconociendo el fracaso del Mercosur como elemento de integración económica por las asimetrías de sus miembros y falta de voluntad política. Ambos cursos imponen marcar un rumbo firme, lo que pondrá a prueba la capacidad del gobierno para hacer lo que, inevitablemente, hay que hacer.
