Al menos 6.380 docentes titulados se inscribieron a polémica prueba para conseguir diploma universitario
Tres años y dos meses después de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que reconoció el carácter universitario de la formación docente, unos 6.380 maestros y profesores se inscribieron a la prueba que les dará, por primera vez, el título universitario. Significa menos del 15% del total de docentes que cuentan con la formación en educación completa y que siguen ejerciendo la docencia directa, y un tercio si se tiene en cuenta que aquellos con posgrados puede revalidar el diploma por otra vía.
Ante este número –bajo si se tiene en cuenta que la titulación universitaria es un viejo reclamo docente, y alto si se considera la polémica que rodea a esta propuesta del gobierno–, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) extendió hasta fines de setiembre el plazo de la inscripción a las pruebas que se realizarán en diciembre. En teoría había tiempo hasta el sábado 16, pero la cartera optó por dilatar el cierre.
La decisión ocurre al mismo tiempo que los juristas Luis Fleitas y Andrés Robaina dieran a conocer un informe, a solicitud de colectivos de Formación Docente, en el que señalan que este reconocimiento universitario es “inconstitucional”.
Ocurre que “la Enseñanza Pública Superior, Secundaria, Primaria, Normal, Industrial y Artística, serán regidas por uno o más Consejos Directivos Autónomos”, reza la Constitución de la República. Esa autonomía está pensada bajo la lógica de la especialidad técnica de la formación y para evitar la concentración de poder político del Ejecutivo. Por lo cual, dicen los juristas, el reconocimiento del MEC atenta contra esa autonomía.
Fleitas y Robaina explican: a diferencia de la acreditación de las universidades privadas, las que sí están bajo el ala del MEC, “reconocer el carácter universitario de tales carreras dadas por instituciones públicas, aprobar sus planes de estudio, decidir si el título final de estas puede tener carácter universitario, son poderes de administración inmanentes a la enseñanza pública superior universitaria”.
El informe de los constitucionalistas fue rechazado por el ministro Pablo Da Silveira. "No les importa lo que votó la mayoría absoluta de los uruguayos en un referéndum, ni que miles de docentes se estén inscribiendo. Intentan trancar porque no quieren que el logro sea de otros. Y apelan a cualquier cosa", escribió en su cuenta de Twitter junto al informe publicado por La Diaria.
En tanto, el consejero del Codicen en representación de los docentes, Julián Mazzoni, dijo que está dispuesto a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el mecanismo y las polémicas que la prueba está generando.
Más de 2.000 docentes, por su parte, firmaron una carta contra la acreditación que promueve el gobierno y exigieron que la titulación universitaria sea por la creación de una universidad de la educación autónoma y cogobernada.
Más cuestionamientos
Al mismo tiempo, el exdirectivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), Óscar Ventura, tuiteó: “lo que caracteriza a una universidad es la investigación. Una institución donde sus docentes no realizan investigación puede ser considerada de nivel terciario, pero no es una universidad como usualmente se concibe el término. Puesto de esa forma entonces, la pregunta que habría que hacerse es si las instituciones de formación docente actuales pueden emitir títulos universitarios. Para mí es claro que no”.
Por si fuera poco, el pasado jueves, el exdirector ejecutivo del Ineed, Pedro Ravela, dijo que “el docente acreditado es una solución mala para un problema viejo”. En una columna de opinión en No Toquen Nada, el experto en evaluación criticó la tercerización de parte de la prueba al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), quien se encarga de la elaboración de los ítems que incluirá el examen.
El Ineed destinó casi US$ 350 mil para que ese instituto elabore unos 300 ítems que incluirá la prueba y en el que, a expresa orden del MEC, no se incluyen ejercicios sobre pedagogía. Así lo deja en claro el contrato al que accedió El Observador.
El presidente del Ineed, Javier Lasida, aclaró que la prueba la construye el Ineed, para la cual contrató a “unas ocho personas” y que al instituto colombiano se le pide “una asesoramiento en elaboración de ítems dada su expertís en pruebas de este tipo”.
La prueba de acreditación para la obtención del título universitario se realizará entre el 15 y 16 de diciembre, de manera online aunque se tiene que estar en los centros educativos en que se imparte el test. No tiene costo.
