Micronesia denunció ante la ONU la decisión de Japón de descargar residuos nucleares en el Pacífico

El mandatario del pequeño Estado, un archipiélago de 607 islas y 700 kilómetros cuadrados de superficie con una costa total de 6.112 kilómetros, afirmó que sus 116 mil habitantes tienen la “más grave preocupación” y planteó sus dudas sobre el llamado Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos (ALPS) que implementa Tokio para avanzar en el desmantelamiento de la central localizada en el noroeste de Japón.

Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el ALPS es un sistema de bombeo y filtración que utiliza una serie de reacciones químicas para eliminar 62 radionucleidos del agua contaminada. No obstante, advierten los expertos de la OIEA, el sistema no es capaz de eliminar el tritio.

"No podemos cerrar los ojos ante las amenazas inimaginables de la contaminación nuclear, la contaminación marina y la eventual destrucción del continente azul del Pacífico", dijo Panuelo. "Los impactos de esta decisión son de naturaleza tanto transfronteriza como intergeneracional. Como jefe de estado de Micronesia, no puedo permitir la destrucción de nuestros recursos oceánicos que proveen el sustento de nuestra gente".

Según los especialistas, la eliminación del tritio es clave. Se trata de una forma radioactiva natural del hidrógeno, que se produce en la atmósfera cuando los rayos cósmicos chocan con las moléculas de aires, pero también como resultado de la explotación de las centrales nucleares para la producción de energía eléctrica y que tiene un período de semidesintegración radioactiva de 12,32 años.

La postura de Micronesia responde al anuncio realizado en julio pasado por el gobierno de Japón, ocasión en la que Tokio informó que sus autoridades reguladoras en materia nuclear habían aprobado un plan para liberar en el Océano Pacífico el agua utilizada para enfriar reactores, actualmente almacenada en 1.000 tanques especiales con un total de 1,3 millones de metros cúbicos de agua residual tratada con el procedimiento ALPS.

Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón ha insistido en que sus expertos consideran seguro liberar el agua, aunque aún contenga rastros del isótopo radiactivo. “Haremos todo lo posible para obtener la comprensión de la comunidad internacional sobre la seguridad de nuestras actividades”, fue la evasiva respuesta de la subsecretaria de prensa de la cancillería, Yukiko Okano, tras el discurso de Panuelo.

Por lo pronto, el operador de la planta, la Tokyo Power Electric Company (Tepco), plantea que la liberación del agua contaminada, que asegura se diluirá en el océano, es esencial para hacer espacio y permitir que continúe el desmantelamiento de la central. Plan que ha encontrado también una fuerte resistencia por parte de los sindicatos pesqueros regionales, que temen por el impacto en sus medios de vida.

Panuelo también destacó la amenaza que representa el cambio climático al que los estados insulares del Pacífico son particularmente vulnerables, e hizo un llamado a Washington y Beijing para que consideren el tema dejando de lado las cuestiones geopolíticas.

"Durante un brevísimo período parecía que los estadounidenses, con quienes Micronesia comparte una asociación duradera, y los chinos, con quienes Micronesia comparte una gran amistad, estaban comenzando a trabajar juntos en este tema. Ahora, ya no se hablan entre ellos sobre este importante tema", advirtió el mandatario.

Trabajo retrasados

Los trabajos para retirar los escombros de la devastada central nuclear de Fukushima se retrasaron nuevamente, según Tepco, para garantizar la seguridad del proyecto. La compañía había planificado empezar a extraer este año los restos radioactivos de uno de los reactores, una tarea que ya había sido aplazada desde su fecha de inicio original, pautada para el año pasado.

La compañía, blanco de las críticas de las oenegés, los pescadores y la población japonesa en general, afirmó necesitar "un periodo de preparación adicional" de hasta 18 meses para inspeccionar el interior de los reactores e iniciar la remoción de los escombros, lo que retrasaría el comienzo de las obras hasta marzo de 2024. Un trabajo que el gobierno y los especialistas convocados estiman que podría prolongarse por cuatro décadas.

"El marco temporal ha sido ajustado para que los trabajos empiecen en la segunda mitad del año fiscal de 2023" -que termina en marzo de 2024-, según indicó la empresa al informar que sus ingenieros estaban “ajustando un brazo robótico” diseñado especialmente para la inspección de los reactores, trabajo que incluye la “calibración de la velocidad y precisión” del dispositivo.

Los accionistas contra TEPCO

En lo inmediato, el juicio civil en reclamo de indemnizaciones por el peor accidente nuclear desde Chernóbil sigue sin definirse. Los exdirectivos de Tepco apelaron un fallo pronunciado a mediados de julio por la justicia japonesa, que les ordenó pagar una indemnización de casi US$ 100 mil millones a los accionistas de la empresa en concepto de daños.

La sentencia, consecuencia de la acción iniciada en 2021 por los inversores, también fue recurrido por los propios demandantes, que exigen US$ 159 mil millones sobre la base de un cálculo que incluye los costos de desmantelamiento de la central, las indemnizaciones pagadas por la compañía a los habitantes afectados y la inversión necesaria para descontaminar la zona, según informó en su momento la agencia de noticias AFP.

El decisión judicial de primera instancia consideró que los ejecutivos de la firma no escucharon a los especialistas, ni tomaron medidas de prevención suficientes, lo que hubiera podido evitar el desastre nuclear que provocó el tsunami hace ya más de una década y que dejó un saldo de 18.500 muertos y desaparecidos.