Mides atendió más de 400 argentinos el último año; dará alojamiento a los inmigrantes más pobres

¿Argentino?

Existe la falsa idea de que los argentinos que llegan a Uruguay son todos empresarios de buen pasar que se instalan en Punta del Este. Existe el falso convencimiento de que sus únicos dolores de cabeza son el tipo cambiario o los vaivenes del dólar. Pero el Departamento de Migrantes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que se enfoca en las personas más vulnerables, atendió el año pasado a al menos 487 argentinos (el 20,3% del total de extranjeros atendidos).

Muchos de ellos pasaron por la calle. No es extraño si se tiene en cuenta que el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina cuantificó que cuatro de cada diez argentinos viven bajo la línea de pobreza.

La última foto que capturó el Mides, de la noche del 4 de julio del último año, mostraba que 153 extranjeros, en su mayoría venezolanos y cubanos, pero también argentinos entres otras nacionalidades, estaban en un programa de atención a los sin techo.

Y la cifra viene en aumento. Uruguay no escapa a la tendencia regional en la que, tras la apertura de las fronteras después de la emergencia sanitaria, los flujos de migrantes se dispararon y, dentro de ellos, la cantidad de quienes llegan con una mano delante y otras atrás. La Organización Internacional para las Migraciones estima que, antes de fin de año, Uruguay albergará a unos 4.000 venezolanos más, muchos de los cuales llevan más de cinco años transitando por la región en condiciones de pobreza.

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Por esto —por la presión que empiezan a padecer los servicios públicos, por la triplicación de los extranjeros en situación de calle, y porque el acceso a la vivienda es una de las mayores dificultades de los recién llegados— el gobierno dará antes que acabe el año alojamiento transitorio y específico para los migrantes más pobres.

La propuesta —todavía a estudio— supone el alojamiento en pensiones regulares en que toda la familia esté junta durante un máximo de seis meses. El subsidio total de alquiler por otros seis meses. Un subsidio parcial seis meses más. Y la garantía de alquiler por dos años. 

El dinero sale del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un fondo no reembolsable de US$ 5.000.000 (que se gestiona a través de Vivienda).

“El objetivo es ayudar a la población inmigrante más reciente, que haya llegado al país hace menos de tres meses, y que tras el estudio del caso se compruebe su situación de vulnerabilidad, en un primer paso para una solución habitacional definitiva”, explicó Auersperg a El Observador.

¿Por qué para el inmigrante y no para el uruguayo? La pregunta es respondida por el Mides con dos argumentos. Por un lado, “este fondo del BID está destinado a eso y solo eso: una respuesta estatal para la emergencia habitacional de los migrantes en Montevideo”, dijo la coordinadora del Departamento de Migrantes, Lorena Jones. Por otro, “el inmigrante reciente sufrió un desarraigo y, muchas veces, llega sin saber nada. En el sistema actual se separa a las familias desde la primera noche: hombres por un lado, mujeres con hijos por otro. Y eso que en Uruguay casi no tenemos llegadas de niños solos como ocurre en otros países.

Al no estar las redes de base, es importante apuntalar ese comienzo para que luego de conseguir un trabajo formal puedan dar sus propios pasos”, agregó Auersperg.

El proyecto del BID va más allá de la solución habitacional. En agosto —si la reforma edilicia llega a tiempo— se inaugurará un centro de respuesta a los migrantes. Allí, en una casa patrimonial de la Ciudad Vieja que cedió el Ministerio de Vivienda, habrá una especie de “ventanilla única” en que se deriven todas las consultas: cómo afiliarse en la salud, a la educación, alimentación, documentación y un largo etcétera.

“Sucede que a veces los organismos superponemos esfuerzos, no se le brinda al inmigrante la mejor respuesta y la atención no es integral”, explicó Jones, quien dejó en claro que en la nueva sede cooperarán distintos ministerios, organismos internacionales y la sociedad civil.

Incluso se busca que ese espacio sirva de intercambio cultural. “Dentro de las reformas está prevista la construcción de una sala para celebraciones de las distintas comunidades, reuniones y un lugar de desarrollo de ideas”, dijo Auersperg, quien aclaró que Uruguay cuenta muchas veces con buenas intenciones, tiene un sistema universal de salud y de educación, pero eso “termina perdiéndose” si no se orienta a los principales interesados.

El proyecto, por último, se propone la actualización del software de registro y acceso a las residencias que, desde este febrero, nuclea la Dirección Nacional de Migración. Este paso busca disminuir las demoras en el acceso a la documentación, tender a la digitalización y mejorar el sistema estadístico.

En esa búsqueda de mejorar los registros, y dentro del relevamiento de un asentamiento en Canelones, el Mides visitó el lunes el llamado “barrio de los cubanos” del que informó El País. Detectaron unas 40 familias extranjeras que están siendo acompañadas por el Estado en trámites de identidad y, si aplican, en prestaciones del Mides.

Ocurre que se trata de una población inmigrante con nivel educativo medio-alto, entre ellas enfermeras y maestras. Con todos los niños escolarizados. Con casa de material porque “tienen conocimientos de construcción y herrería”. Pero que no se regularizó el servicio de agua potable y que en muchos casos están sin la documentación o no conocen sus derechos.

El Observatorio de Movilidad, Infancia y Familia informa que más de 2.000 personas nacidas en el extranjero son titulares de las Tarjetas de Uruguay Social, unos 800 niños o adolescentes inmigrantes son atendidos por el INAU, y más de 1.200 adultos cuentan con subsidio por enfermedad.

Con el proyecto del BID, concluyó Auersperg, Uruguay busca dar un revés a estas inequidades "y ser un modelo para replicar en la región".