Mides comenzó auditorías y constató desviaciones de fondos por más de $ 9 millones

Esos alquileres no eran reclamados por los dueños de los locales porque el Ministerio de Vivienda era quien se terminaba haciendo cargo al haber salido de garantía. Es decir, que el Estado terminaba desembolsando el mismo fondo dos veces: uno del Mides a las ONG y como el dinero no llegaba a los alquileres, era Vivienda quien debía también hacerse cargo.

 Martinelli dijo que son entre 15 y 20 las organizaciones que no llegaban a efectivizar el pago a los dueños –que de todos modos recibían el dinero por la garantía- y que hay una que debía hasta 15 meses. Pero esa no fue la única irregularidad que se constató en los primeros días de auditorías.

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El jerarca detalló que también se constataron irregularidades en los inmuebles que el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) recibió en diferentes donaciones. Martinelli dijo que con la auditoría se pretende conocer en qué estado se encuentran, quiénes son sus ocupantes, entre otros aspectos que para la nueva administración no están claros.

Se constató además que hay unos $ 4 millones de pesos en multas porque el programa Uruguay Trabaja no cumplió entre diciembre y febrero con las obligaciones que tiene con el Banco de Previsión Social (BPS).

Camilo dos Santos

El Mides resolvió reactivar la Unidad de Auditorías con la que por decreto cuenta el ministerio desde 2013 pero a la que nunca se había dotado de presupuesto ni recursos humanos. Fue a partir del trabajo de esa unidad que se comenzaron a detectar las irregularidades anunciadas por la cartera. En tanto, se espera que sobre fin de mes comience a trabajar también la Auditoría Interna de la Nación y, dependiendo de la magnitud de los resultados de los estudios de ambos organismos se analizará si se contrata a una auditora externa.

Martinelli dijo que según los datos primarios que han recibido de la Unidad de Auditoría del Mides, hay indicios de que podría llegar a haber una apropiación indebida de dinero por parte de ONG, lo que puede derivar en una denuncia penal. El jerarca dijo que no han recibido una argumentación todavía de las organizaciones de qué pasó con ese dinero que no se destinó a los pagos de alquileres.

Las autoridades anteriores del Mides no demoraron en reaccionar. "No hay ningún desvío de fondos", escribió en su cuenta de Twitter la exsubsecretaria de la cartera, Ana Olivera. "Las deudas de las ONG's fueron informadas por nosotros a las actuales autoridades", aseguró en ese mismo tuit.

"A esa fecha se le había hecho denuncia penal a una organización. En febrero se realizó una segunda denuncia penal. En 2018 se creó un sistema de control de la gestión financiera, con apoyo del Ministerio de Economía, que comenzó con las ONG's", agregó Olivera. 

"Se 'habla' de posibles futuras denuncias una y otra vez. Por lo político, lo institucional y lo personal seguiremos aclarando. Si hay denuncia penal y un juez nos convoca a declarar, NO voy a acogerme a ningún fuero. ¡No permitamos que la mentira repetida nos gane!", remató la exsubsecretaria del Mides. 

“No estamos para co-gobernar”

El director general de Secretaría del Mides afirmó en conferencia de prensa que desde el 1 de marzo se cambió “dónde se pone el ojo” desde la cartera y que eso puede implicar  “sacar intermediarios”. “Antes el ojo estaba puesto en todo el proceso burocrático y ahora lo estamos poniendo en los más vulnerables. Si en ese proceso hace falta sacar a los intermediarios, lo vamos a hacer” afirmó y dijo que el Mides "no está paga co-gobernar sino para gobernar" porque esa potestad "dio la ciudadanía en noviembre de 2019".

Desde que asumió el nuevo gobierno, hubo dos reuniones con la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (Anong) que nuclea a decenas de organizaciones, varias de ellas con convenios con el Mides y que han manifestado preocupación por licitaciones que aseguran se han dado de baja y por no saber el futuro de los programas con los que tenían convenio con la cartera.

Cristina Prego, presidenta de Anong, indicó a El Observador que de esos dos encuentros concluyeron que “no hay claridad” en cómo se seguirán desarrollando los programas y cuál será la participación de las organizaciones que nuclea la Anong.

“Tenían convenios de cogestión con el Mides. Movimientos en el Mides ha habido cada vez que cambió el gobierno. Hoy estamos en un momento de ese movimiento, a dos meses de asumido el gobierno, y es la primera vez que cambia de color y tienen un posicionamiento político distinto y es absolutamente respetable”, sostuvo Prego.

Por su parte, Sandra Costabel, integrante de la directiva de Anong, señaló que “una demanda constante de la asociación ha sido incidir en la elaboración de los términos de referencia cuando hay un llamado a licitación”. En ese sentido, afirmó que con las administraciones anteriores “se ha logrado que en la mayoría de las evaluaciones se considere a un integrante de Anong como veedor en los tribunales, para dar las garantías de que hubo un procedimiento claro”.  

“Lo que para nosotros como organizaciones sociales es imprescindible la participación porque sin participación es una democracia que se debilita. Es participación en sentarnos a pensar la política pública, cuál es el mejor diseño”, agregó Prego.

Según les fue informado en las reuniones con la cartera, de las que no participó el ministro Pablo Bartol, en el marco de la emergencia sanitaria el Mides quiere potenciar el programa Uruguay Trabaja pero a través de las intendencias y quitándole peso a las organizaciones con las que tenía convenio.

Martinelli aseguró en conferencia de prensa que no hay programas que se estén desmantelando y dijo que el único que tuvo una fusión fue el programa Cercanías, que pasará a funcionar bajo la órbita de Uruguay Crece Contigo.