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Mides contrató a ONG fundada por exdirector de Políticas Sociales del organismo
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) nació 20 días después de que el presidente Tabaré Vázquez asumiera su primera Presidencia y era escaso el presupuesto con el que contaba. Pero la necesidad de activar un paquete de políticas sociales para intentar sacar a uruguayos de la indigencia hacía urgente su creación. Fue así que el gobierno comenzó a contratar a organizaciones no gubernamentales que trabajaban desde hacía mucho tiempo con personas en situaciones vulnerables, para que desempeñaran determinadas tareas.
En ese paquete de contrataciones, que por ese entonces se realizaron por llamado a licitación, ingresó la asociación civil Centro de Participación Popular, una ONG creada en 1986 para tareas de inserción social y cuyo primer director no le era nada ajeno al nuevo ministerio. Christian Mirza asumió como director de Políticas Sociales del Mides con la fundación de la cartera, era el presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y socio fundador del Centro de Participación Popular.
Cuando le tocó asumir el cargo en el Mides ya hacía nueve años que Mirza había dejado de presidir el directorio de ese centro, pero seguía vinculado como socio fundador. De hecho, Mirza dijo a El Observador que al día de hoy lo siguen llamando para participar de asambleas y reuniones de socios. Luego, durante el gobierno de José Mujica tuvo un preponderante papel ya que fue el nexo entre el gobierno y los exreclusos de Guantánamo.
Con respecto a la contratación de la ONG, Mirza aseguró que todas las contrataciones en el Mides durante el primer gobierno de Vázquez se realizaron a través de llamados a licitaciones y que el centro que supo dirigir era “una de tantas”. Sin embargo, con el paso de los años las licitaciones pasaron a ser más la excepción que la regla. En la administración Mujica, Participación Popular fue contratado de forma directa varias veces y los convenios con el Mides observados una y otra vez por el Tribunal de Cuentas.
En 2012, por ejemplo, el organismo encargado de los contratos estatales observó al menos dos veces el convenio que se había firmado con el Centro de Participación Popular porque “la mayoría de los integrantes del equipo técnico contratado desempeñaba tareas en el Mides”, lo que implica un conflicto de intereses según un artículo del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf). También observó al Mides por pagar por adelantado todo el presupuesto previsto para el convenio firmado, es decir una suma de casi $ 18 millones, de los cuales más de $ 16 millones eran "para recursos humanos", indicaba la resolución.
Luego de que en 2012 El País informara sobre el presunto conflicto de intereses, el Mides emitió un comunicado en el que afirmaba que todas las contrataciones estaban dentro de la ley pero cambió la forma en la que contrataba y volvió a la carga con las licitaciones. Al Centro de Participación Popular no le jugó para nada en contra esa decisión porque ganó varios de esos llamados para gestionar programas.
En 2015, el Tribunal de Cuentas observó otro convenio con ese centro luego de que fuera seleccionado en una licitación para “mantener un equipo multidisciplinario de hasta 280 personas para realizar tareas de apoyo al Mides”. En realidad fue la única ONG que se presentó al llamado. Ese año, en el centro le hicieron una entrevista a Mirza como fundador.
Según la resolución del TCR, la Comisión Asesora de Adjudicaciones del ministerio analizó la documentación que presentó el centro y faltaba información sobre la evaluación de los equipos técnicos, que era uno de los requisitos. De todos modos, estuvo de acuerdo en adjudicarle la licitación con la condición de que presentara las escolaridades y títulos de los técnicos.
Por otro lado, la observación realizada en 2012 sobre el posible conflicto de intereses traía como pedido al Mides que acreditara que quienes estaban en falta habían renunciado. Al día de hoy el TCR no tiene esa información en sus manos. El Observador intentó comunicarse con autoridades del Mides pero no obtuvo respuesta. En tanto, en el centro indicaron que no estaban al tanto sobre si actualmente había o no integrantes que también eran funcionarios del Mides.
Las observaciones de los convenios del Mides con el centro continuaron y la última fue de setiembre de 2018, porque siguió entregando dinero por adelantado, cuando la reglamentación indica que los pagos totales deben realizarse cuando el servicio “se ejecute por completo”. En esa última observación, se sumó una irregularidad más. Cuando cualquier organismo va a reiterar un gasto que fue observado, debe avisar al Tribunal de Cuentas para que lo analice. Sin embargo, en agosto del año pasado destinó más de $ 11 millones para ese centro y no lo notificó.
En 2018, el centro tuvo unos 20 convenios con el Mides algunos en el marco del programa Uruguay Trabaja, acompañamiento social para personas en situaciones vulnerables, equipo técnico para servicios de atención a mujeres en situación de violencia de género, entre otros.
