De US$ 1,5 millones gastados en el quinquenio, el 75% fue el año pasado y la gran mayoría para alojar a mujeres con menores a cargo
La gráfica del gasto anual del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en hoteles se parece a las que acaparan las noticias por el coronavirus. Solo que la curva ascendente es más acelerada incluso que la de los contagios.
Entre 2015 y 2019, el Mides gastó $ 63,8 millones (aproximadamente US$ 1,5 de dólares) en habitaciones para personas “en situación de vulnerabilidad y violencia”, según datos de la cartera a los que accedió El Observador.
El primer año que el Mides utilizó hoteles –para alojar mujeres con hijos en situación de calle– fue en 2016. Ese año gastó $ 7.000 en un solo hotel. Al año siguiente, el gasto fue de $ 2,5 millones y en dos hoteles. En 2018, el gasto ascendió $ 8 millones en cuatro hoteles. En 2019, la cifra alcanzó los $ 37,6 millones en seis hoteles distintos.
Si bien en la información no se desagrega cómo evolucionó la cantidad de personas alojadas, otros datos del Programa Atención a Mujeres con Niños, Niñas y Adolescente (Proyecto Hilar), a los que accedió El Observador, indican que en enero de 2019 había un promedio de 165 personas alojadas y en diciembre había 350.
El Proyecto Hilar fue creado a fines de 2015 para atender a madres con menores que estén en la calle y "a la espera de cupo en centro 24 horas", según explica la página del Mides.
A esos gastos se suman, a partir de 2017, el uso de hoteles para mujeres víctimas de violencia de género, a través de Inmujeres. Ese año se gastaron $ 1,9 millones en dos hoteles; al año siguiente la cifra aumentó a $ 3,3 millones en los mismos lugares, mientras que en 2019 el gasto fue de $ 10,5 millones en tres hoteles.
Si se incorporan ambos gastos –los del Proyecto Hilar y los de Inmujeres– la cifra pasó de $ 11,3 millones en 2018 a $ 48,1 millones en 2019.
Los números surgen de un agregado a la respuesta del ministerio a un pedido de informes realizado por el diputado comunista Gerardo Núñez el 25 de marzo. El legislador cursó la solicitud luego de que se conociera que la cartera había contratado de forma directa al Hotel Urban, propiedad de la familia política de la nacionalista Verónica Alonso, en medio de la emergencia sanitaria.
La contratación fue dispuesta mediante una resolución firmada por el ministro Pablo Bartol el 8 de abril y se amparó en el literal C numeral 9 del artículo 33 del TOCAF, la normativa que regula las compras estatales. Ese artículo habilita como excepción las compras directas “cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación o remate público o su realización resienta seriamente el servicio”.
La resolución ministerial indica que “para la referida compra se han dado las condiciones previstas” por ese artículo, “tanto en la configuración de los extremos que habilitan la causal de contratación directa, como los precios y condiciones que corresponden al mercado”. El texto también señala que se solicitó al Ministerio de Economía “que otorgue la certificación de precios”.
El monto totalizó los US$ 15 mil mensuales por un período de tres meses. En su respuesta, el Mides señala que el Hotel Urban (Chaná SA) está “activo” en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
El Mides alojó en el Hotel Urban a 70 personas que vivían en la calle y además eran población de riesgo. Se incluyeron adultos mayores a 65 años, personas discapacitadas y aquellos con enfermedades crónicas.
En una nota anexada al expediente, el director general de Secretaría, Nicolás Martinelli, señala que la erogación supone “un costo por día por persona de US$ 7 ($ 320)”. Martinelli agregó que ese mismo hotel “ya había sido contratado por la administración anterior” en junio de 2016, a pedido de la Dirección Nacional de Gestión Territorial. “En aquella oportunidad el costo de la habitación single ascendió a US$ 40 la noche y el costo de la habitación doble a US$ 45 la noche”, agrega el jerarca actual. Según la documentación del Mides, allí se alojaron 21 personas, por un lapso de entre una y cuatro noches.
Consultada anoche para esta nota, la exsubsecretaria del Mides Ana Olivera se excusó señalando que estaba con la mente puesta en el homenaje a los ocho obreros comunistas asesinados en la Seccional 20 el 17 de abril de 1972.