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Mides solo cuenta con 10 funcionarios para fiscalizar a los 1.204 residenciales
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) solamente cuenta con 10 funcionarios encargados de fiscalizar y regular a los 1.204 residenciales de ancianos registradas en todo el país, según un informe de la cartera con fecha de marzo de 2020 al que accedió El Observador. De esos 10, solo seis son técnicos: cuatro fiscalizan en todo el país mientras que hay dos que solamente realizan su trabajo en Montevideo y Canelones. Los otros cuatro que completan la decena son el director de la división, la jefa del departamento, y dos administrativos.
Durante el 2018, este equipo de fiscalizadores realizó 235 visitas a residenciales mientras que en el 2019 fueron 348 las inspecciones a estos establecimientos. De estas últimas, 75 fueron por "denuncias", 152 por "habilitación" y 121 por "seguimientos". Según el documento, estas recorridas no significan "un mero check/list de los cumplimientos o no del decreto reglamentario" sino que son preparadas previamente "evaluando las potencialidades y fortalezas de los establecimientos ya conocidos".
En los "procesos de habilitación" los funcionarios realizan una fiscalización a los establecimientos y "valoran la pertinencia" de otorgar lo que le llaman el "certificado social". Ante denuncias, el equipo fiscaliza estos residenciales y elabora un informe sobre la visita en el que se describe la situación del establecimientos y propone lineamientos a seguir a partir de dicha fiscalización. En sus visitas los fiscalizadores también realizan "seguimientos" de la situación en la que se encuentran distintos hogares que en su momento fueron denunciados o están en procesos de habilitación.
Además de estas recorridas, los funcionarios se encargan de mantener actualizada las bases de datos, asesoran por procesos de habilitación y atienden las consultas que llegan a la división tanto de los titulares de las residenciales como de la población en general. Este equipo también es el encargado de diseñar y elaborar materiales sobre la promoción de los derechos de las personas mayores.
El documento concluye con un reclamo bien claro: el equipo resulta "insuficiente" para abarcar el control de la totalidad de residenciales en todo el país.
Esta situación que ya había trascendido cuando se conocieron casos de derechos vulnerados de ancianos por casos ocurridos en 2018 y también el año pasado, vuelve a tomar relevancia por la pandemia del coronavirus y su efecto en estos centros de salud en Uruguay. Hasta este martes eran tres los hogares con 45 personas contagiadas por el virus. Dolce Vita, con 37 residentes con casos confirmados de coronavirus y en dónde también se registró la muerte por esta infección de un hombre de 91 años, fue intervenido por el Ministerio de Salud Pública (MSP) este lunes. En tanto, hay seis casos en otro hogar, y dos en el tercero.
El reporte diario del Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) anunció la incorporación de un médico infectólogo de ASSE a la intervención este martes, acompañado de un equipo de enfermería. Fuentes del MSP dijeron que este es el único centro que será intervenido hasta el momento debido a la cantidad de casos registrados y a la falta de cumplimiento de normas.
Sin embargo, la precariedad de estos centros en el Uruguay van más allá de ese hogar de ancianos particular. "Hay centros en que las condiciones son espeluznantes", sentenció este domingo Pablo Bartol, el ministro de Desarrollo Social, al referirse a los residenciales en Uruguay.
De los 1.208 geriátricos registrados en el país, solo 41 cuentan con la habilitación del Ministerio de Salud Pública, y hay residenciales de los que ni siquiera hay datos disponibles porque funcionan en la informalidad. Según sostuvo el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, hay alrededor de 110 de estos centros que están "por debajo del respeto de los derechos humanos".
