Nacional > ENVIADO A BRASIL
Ministerio del Interior expulsó a un brasileño del país: ¿cómo funciona el mecanismo?
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, resolvió la expulsión de un ciudadano brasileño que había cumplido una condena por rapiña y tráfico de armas en el país.
El hombre tiene 26 años y era residente legal uruguayo desde 2014. Años atrás fue condenado en un juzgado de Cerro Largo a cuatro años y medio de prisión como "autor penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravado, en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de armas", según detalló el Ministerio del Interior en un comunicado.
Tras cumplir su pena, el pasado miércoles Heber firmó su expulsión del territorio nacional. El ministro se amparó en el artículo 47 de la Ley de Migraciones N° 18.250, que marca que "el Ministerio del Interior podrá cancelar, en todos los casos, la residencia que hubiese otorgado, y disponer su consecuente expulsión" por distintos supuestos.
Uno de ellos marca que se puede expulsar a "la persona extranjera que en el territorio nacional cometiere delito de carácter doloso y fuera condenado con pena de penitenciaria o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos, excepto los refugiados".
Otros incisos marca que se puede llegar a esta decisión si un extranjero obtuvo su residencia de forma fraudulenta, si se ausentó del país por tres años o más, o si cometió actos de terrorismo fuera del país, entre otros.
Además, Heber marcó que el ciudadano brasileño no podrá reingresar al país, amparado en el artículo 45 de la Ley de Migraciones.
Esta normativa enumera los causales para rechazar el ingreso de una persona al territorio nacional. Su inciso C prohíbe el acceso a personas que se encuentran penadas con "medidas de expulsión o de prohibición de reingreso al país".
¿Cómo se expulsa a un ciudadano de Uruguay?
Fuentes del Ministerio del Interior indicaron a El Observador que el primero en dictaminar la expulsión es un juez. El magistrado debe dar aviso a la Dirección Nacional de Migraciones, que notifica al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) sobre la decisión judicial contra el recluso.
Cuando el privado de libertad cumple su condena, Migraciones es la encargada de trasladar al expulsado a su país de origen, en este caso Brasil.
Desde Interior indicaron que en los casos de países fronterizos el traslado es "relativamente operativo", pero se torna "complejo" cuando se debe enviar al recluso a países no limítrofes, debido a la coordinación del transporte aéreo.
