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Morabito, asesinatos y problemas con Bonomi: los detonantes para la salida de los últimos directores de cárceles
Desde que comenzó a funcionar en 2011 en lugar de la Dirección de Cárceles, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) vio pasar a más de cinco directores, donde todos salvo uno que continuó su carrera en la Jefatura de Policía de Paysandú debieron renunciar o fueron cesados en medio de polémicas que se generaron en la interna del sistema carcelario.
El motín en el Comcar
Alcides Caballero fue el primero en asumir el cargo de director del INR y lo ocupó hasta abril de 2012, cuando el Comcar se convirtió en el escenario de varios motines violentos que terminaron con un guardia y un recluso muerto. Además, los módulos 4 y 5 de ese penal quedaron totalmente destruidos con incendios de por medio y cientos de presos debieron pasar la noche en el patio del módulo 8 del centro de reclusión.
El detonante de los motines fue la agresión de un preso del Penal de Libertad a un policía, lo que motivó una crisis carcelaria y la suspensión de las visitas en ese centro y también en el Comcar, la cárcel de Santiago Vázquez. Además, una medida gremial extendió la suspensión de las visitas al Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenino. En el medio del conflicto, reinó la incertidumbre sobre cuándo se retomarían las visitas -ya que los presos recibieron información contradictoria-, así como el caos entre los familiares que exigían saber cuándo y dónde serían realojados los reclusos.
El ministro Eduardo Bonomi anunció entonces que varias autoridades serían removidas pero que ello nada tenía que ver con la crisis carcelaria, sino con medidas previstas desde antes. Lo cierto es que tanto Caballero como Eduardo Pereyra Cuadra -entonces director nacional de Cárceles- fueron cesados en sus cargos. El Ministerio del Interior designó a Luis Mendoza para ocupar la dirección del INR, quien en marzo de 2016 renunció a su cargo para asumir la Jefatura de Policía de Paysandú.
Las diferencias con Bonomi
A Mendoza lo sucedió en el cargo Crisoldo Caraballo, quien duró un año en el mando y presentó en marzo de 2017 su renuncia al ministro Bonomi. La renuncia fue por diferencias en la gestión y en la asignación de recursos del INR. En su carta de renuncia, Caraballo afirmó que su decisión se debía principalmente a que los cambios que pretendía la administración de Bonomi para las cárceles demandarían tiempo y que el ministerio pretendía una mayor celeridad.
"Tiempo que a mi entender hoy no contamos, y que desde mi punto de vista implica una exigencia mayor, sin ser su responsabilidad, para quienes trabajan a mi lado, más aún teniendo en cuenta la exposición mediática a la que diariamente nos enfrentamos", indicó. En su lugar el Ministerio del Interior designó a Gonzalo Larrosa.
Muerte de un recluso en el Penal de Libertad
En noviembre de 2018 el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, presentó en el Parlamento un informe sobre la muerte de un recluso en el Penal de Libertad. Mientras que el Ministerio del Interior había informado que Carlos Alberto Núñez Santos había muerto a raíz de un corte carcelario y producto de un enfrentamiento con otros reclusos, el documento de Petit concluyó que el recluso no murió por eso sino por un disparo innecesario e irregular que partió desde el arma de un guardia del penal y desde muy corta distancia.
Larrosa quedó molesto con la forma en la que el comisionado parlamentario presentó el informe y dijo entonces a El Observador que en el escrito de Petit se daba a entender que hubo una "maniobra para tapar a los funcionarios", cuando estaba "la Justicia trabajando e interrogando a todo el mundo", así como una investigación administrativa en curso.
Sin embargo, el Ministerio del Interior reconoció que hubo un error en la forma en la que se presentó la información en un primer momento y despublicó el comunicado de su página web. Además, cesó a Larrosa de su cargo y designó a Alberto Gadea como nuevo director del INR, aunque de forma interina, ya que según dijo el Ministerio del Interior el cese respondía a la transición del organismo hacia un ente descentralizado.
Rocco Morabito
La última crisis en la cúpula de la dirección de las cárceles llegó este domingo 23 de junio, de forma silenciosa y en una cárcel que no es representativa de la realidad de las demás del país. La gravedad fue que dejó al gobierno expuesto a nivel internacional y tuvo reclamos diplomáticos.
El mafioso italiano Rocco Morabito fugó de la Cárcel Central -en pleno centro de Montevideo- junto a otros dos reclusos en la noche del domingo. Burlaron todas las medidas de seguridad, rompieron una ventana, salieron a la azotea y de allí pasaron a un apartamento, desde el que salieron al exterior. Además, esa misma noche también fugó el argentino Leonardo Abel Sinopoli, que estaba preso por un delito de falsificación de documento y hurto a pedido de la Justicia de Brasil. Sinopoli fugó por una puerta lateral de Cárcel Central, pero fue recapturado en Salto este miércoles.
Con el paso de las horas más elementos fueron agravando el escape, como la información publicada por VTV Noticias de que las autoridades del INR habían sido alertadas desde hace más de un año sobre el posible escape de Morabito, así como el hecho de que el día en el que fugaron las cámaras de vigilancia del lugar no estaban funcionando. En medio del escándalo, Gadea renunció y en su lugar fue designada Ana Juanche, que hasta entonces se desempeñaba como subdirectora técnica.
La nueva jerarca es magíster en derechos humanos y experta en investigación de proyectos para la reforma de los sistemas penitenciarios.
