Aunque apenas comenzó, mayo viene siendo un mes movido para el Ministerio de Vivienda. El martes, un rato antes que las autoridades salieran rumbo a Florida a participar de las primeras dos relocalizaciones del Plan Avanzar, el coronel retirado Gabriel Albornoz le entregó a la ministra Irene Moreira su renuncia como director general de Secretaría.
Era una formalidad. Algunos días antes, mientras la ministra estaba en Polonia en una misión oficial, Albornoz le comunicó su decisión a Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto (esposo de Moreira) y con quien tiene un vínculo desde hace años.
Aunque en la carta de renuncia habló de razones personales, fuentes del ministerio dijeron que tuvo “discrepancias” con la gestión de la ministra que llevaron a que en el último tiempo dejara de sentirse cómodo en las tareas.
Pero si la salida de Albornoz había alterado el normal funcionamiento en días que se esperaban de celebración, la divulgación por parte de radio Universal de que la ministra entregó una vivienda de forma directa sin sorteo a una militante de Cabildo Abierto lo enrareció aún más, pese a que la decisión fue respaldada por Manini Ríos por ser “ajustada a los procedimientos”.
La información causó inquietud en el gobierno y provocó que inmediatamente el presidente Luis Lacalle Pou la convocara a la Torre Ejecutiva para conocer de primera mano la situación.
Foto: Leonardo Carreño.
La ministra de Vivienda se reunió con el presidente de la República Luis Lacalle Pou y con el secretario de Presidencia
"Me entienden perfectamente", dijo la ministra sobre la reunión con el presidente y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. "Hay un cupo que es de reserva mío y muchas veces no he usado", argumentó en relación a la presunta potestad que tiene como ministra para no sortear todos los apartamentos y dejar uno o más libres para luego asignar.
Si bien reconoció que recibió el pedido por parte de la militante cabildante, la ministra alegó que luego fueron los técnicos de la cartera quienes evaluaron si correspondía o no otorgar el apartamento.
Pero este episodio también generó la reacción de la oposición. El Frente Amplio resolvió llamarla a la comisión de Vivienda del Senado para que “brinde explicaciones sobre el tema”.
Al igual que lo hizo Manini Ríos, desde Vivienda señalaron que la adjudicación se realizó bajo la normativa vigente porque –según manifestaron– los ministros tienen esa potestad siempre y cuando las personas cumplan con los requisitos para ser adjudicatarios.
A mediados del año pasado, el ministerio realizó un sorteo para adjudicar viviendas de uno, dos y tres dormitorios en un complejo en Nueva York y Yí en Montevideo. Tras la adjudicación, la ministra hizo gestiones para que un "cupo reservado" sea destinado a la militante cabildante Mónica Mabel Píriz Ciria, vinculada al Instituto de la Mujer Melchora Cuenca (de Cabildo Abierto) y al semanario La Mañana.
"No reviste nada especial ya que se ajusta a los procedimientos normales", dijo Manini Ríos a El Observador. Según el senador, mediante este mecanismo se le han entregado viviendas a militantes de todos los partidos políticos.
Consultado sobre a quiénes se le entregan esos cupos reservados, Manini aseguró que "una repartición del ministerio estudió (la situación) durante seis meses".
A su vez, desde Vivienda agregaron que el mecanismo fue utilizado por todos los partidos políticos que estuvieron en el gobierno y señalaron que emitirían un comunicado de prensa informando la cantidad de casos y la normativa que ampara las decisiones.
Exjerarcas del ministerio, que ocuparon cargos durante las administraciones del Frente Amplio, reconocieron a El Observador que los ministros tenían potestad de reservar cupos pero aseguraron que siempre se hizo bajo “protocolos” sin “discrecionalidad”.
Uno de los consultados mencionó que los cupos se reservaban para APH (Atención Primaria Habitacional), convenios con Inmujeres para mujeres en rutas de salida de situaciones de violencia o con INAU para jóvenes en egreso. “Todas eran establecidas en resoluciones, con procedimientos aprobados que instrumentaban los técnicos y en el marco de convenios interinstitucionales”, agregó la fuente.
La adjudicación, dentro del programa de “alquiler con opción a compra” –creado por este gobierno en la Ley de Presupuesto– permite que las personas que no cuentan con ahorro previo puedan comprar su vivienda a través del pago de un alquiler que luego se tomará como el ahorro exigido.
La cantidad máxima de ingresos exigida está determinada por la composición familiar. Si es una persona sola, son 40 UR ($63.000) mientras que si son dos son 60 UR ($95.000), tres 72 UR, cuatro 84 UR y cinco 96 UR.
Según Vivienda, en este caso la mujer cumplía con todos los requisitos que se exigían. El programa establece que la persona, de acuerdo a su composición familiar, deberá tener una cantidad máxima de ingresos, ser menor de 55 años, tener al menos un menor a cargo, estar libre del Clearing y no ser propietario de ningún inmueble o adjudicatario de alguna solución habitacional proporcionada por el Estado.
