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Muchachas de Abril: familiares suspenden acto reparatorio ante la ausencia de Lacalle Pou
Los familiares de las conocidas como Muchachas de Abril –tres mujeres asesinadas por las Fuerzas Armadas en plena dictadura cívico-militar– resolvieron pedir que se ponga en suspenso el acto público de reparación por este crimen que iba a celebrar el Estado uruguayo, ante la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según informó el semanario Búsqueda, la decisión de los familiares responde a la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de no asistir al acto y en su lugar designar como representante a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.
Los familiares expresaron en una carta dirigida a la CIDH su molestia por esa decisión, confirmó a El Observador Martín Fernández, abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), organización que representa a los familiares.
Según entienden los familiares, es Lacalle Pou quien debería concurrir al acto público en su rol de comandante de las Fuerzas Armadas.
"La presencia del presidente en el acto resulta un aspecto central para convertir la instancia en un verdadero acto de reparación a las víctimas así como para enviar un mensaje a la sociedad, y en especial, a las Fuerzas Armadas, que son quienes tienen en su mayoría la información necesaria para dar con el paradero de los restos de las personas desaparecidas", dice una carta enviada a la CIDH.
A su vez, afirman que, a pesar de las insistencias, en dos reuniones se les comunicó que quién presidiría el acto sería Argimón. "Respeto la investidura de Argimón pero ella representa al Parlamento", dijo Fernández a El Observador.
Los familiares decidieron no acudir a la reunión fijada dado que consideraron que el acto no se está organizando de forma conjunta. "Pedimos que esté el presidente y que además sea en un lugar público", agregó Fernández.
La sentencia del caso de las Muchachas de Abril fue expedida en 2021 por la CIDH y tiene un carácter vinculante para Uruguay debido a que se encuentra adherido a esa organización desde 1985.
En esa sentencia la corte falló en contra del Estado uruguayo por hechos cometidos durante la dictadura: lo condenó por ser "responsable" de la "falta de diligencia investigativa" en el caso del asesinato de estas tres mujeres y en la desaparición forzada de dos hombres.
La corte entendió que Uruguay tiene "responsabilidad internacional" en las violaciones a derechos humanos de los familiares de Diana Maidanik, Silva Reyes y Laura Raggio, las Muchachas de Abril que fueron asesinadas en ese mes de 1974 en un operativo de las fuerzas conjuntas.
El organismo internacional condenó al Estado uruguayo a "continuar las investigaciones" para "sancionar a los responsables" de las ejecuciones y desapariciones, según cada caso, y ordenó que se realice un acto público de reconocimiento sobre estas situaciones.
En febrero de 2021, se pidió el procesamiento de Juan Rebollo, José Gavazzo y Eduardo Klastornick por los asesinatos. En junio de 2022, Rebollo terminó procesado con prisión por tres delitos de homicidio muy especialmente agravados en calidad de coautor mientras que Gavazzo y Klastornick murieron mientras el proceso judicial se llevaba adelante.
