Fossati pidió a la Justicia castigar a los organizadores del cumpleaños por considerar que el niño "no fue debidamente cuidado". Pero más allá de las responsabilidades individuales, el caso dejó al descubierto que hay una imposibilidad legal para controlar lo que sucede dentro de los salones infantiles.
La Intendencia de Montevideo (IMM) interviene para dar habilitaciones a los espacios que se alquilan con estos fines, pero una vez que la fiesta comenzó no puede controlar lo que sucede. A través de su Central de Inspección General se controlan las habilitaciones que dan para poder abrir un local, explicó a El Observador el prosecretario de la comuna, Christian Di Candia. Esos controles por ejemplo, incluyen la cantidad de personas por metro cuadrado permitidas de acuerdo al tamaño y la actividad del local, la habilitación bromatólogica para vender alimentos, eventuales impactos en el tránsito o el control de la vigencia de la habilitación de bomberos.
Si el local tiene instalaciones como ascensores o sistema de
calefacción interviene el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas (SIME), que depende del Departamento de Desarrollo Ambiental de la IMM. El director de ese departamento, Fernando Puntigliano, dijo a
Telenoche que cuentan con un protocolo de contratación de juegos inflables que sólo abarca a los eventos en espacios públicos como plazas y centros comerciales.
Puntigliano opinó que la reglamentación debería cambiar para poder supervisar dentro de eventos privados, ya que el local en donde murió el niño contaba con todas habilitaciones correspondientes.
El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) también tiene restricciones para controlar fiestas infantiles y juegos inflables. La directora de Espectáculos Públicos del INAU, Alejandra Pacheco dijo a
El Observador que al ser eventos de carácter privado, no abiertos al público en general, las fiestas infantiles trascienden su ámbito de
competencia.
El INAU no tiene registro de los salones de fiestas infantiles que existen ni de las actividades que llevan a cabo dentro. Tampoco sobre el personal ni su
capacitación para cuidar niños. Al igual que Puntigliano, Pacheco sostuvo que el caso de Luciano debe servir como puntapié para cambiar la regulación. Las modificaciones, dijo, tienen que pensarse junto a los propietarios de los salones infantiles para generar protocolos y recomendaciones a los padres para que cuiden de sus hijos. Sostuvo, además, que se debe iniciar un ámbito de diálogo con el Ministerio de Trabajo para mejorar la capacitación del personal que cuida a los menores.
