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Muerte de reclusa reveló una cárcel "totalmente desbordada" y un modelo que "masculiniza" a las mujeres
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, presentó este lunes ante la Fiscalía una denuncia en la que pide que se indaguen las causas de la muerte de una mujer de 30 años, recluida en la Unidad 5 del Instituto Nacional de Rehablitación (INR), que provocó una asonada en ese centro de reclusión por parte de las reclusas allí alojadas.
Todo se originó pasado viernes, cuando una compañera descubrió muerta a la mujer. Conocido el hecho por el resto de las internas, desataron una protesta que incluyó la quema de colchones y que Petit definió como una "expresión de angustia". La interna fallecida estaba alojada en el sector de prisión preventiva para reincidentes, en el tercer piso del establecimiento. Según pudo saber El Observador, estaba recluida por haber participado en los hechos que derivaron en el asesinato del juez de fútbol Andrés Pollero, ocurrido en 2020 en Sayago.
El informe preliminar de Petit señala que había solicitado atención médica en la noche del miércoles. Luego, volvió a su "celda", una de las dos habitaciones que compartía con otras 10 reclusas, cenó y se acostó a dormir. Según todos los testimonios recabados, esa situación se repitió el jueves.
Los planteos recolectados por Petit el día de la asonada son coincidentes en que se pidió atención sanitaria más rápida y completa, asistencia psicológica y de adicciones, mayor atención y seguimiento en salud mental, tratamiento odontológico y mejor coordinación en servicios externos. Al respecto, denunciaron demoras en la realización de exámenes o intervenciones necesarias en los hospitales.
La situación expuso la realidad que se vive en la Unidad 5. Si bien se trata de una cárcel con capacidad para 390 cupos, según el informe que presentó Petit hoy hay allí 634 mujeres, lo que implica un índice de hacinamiento de 162%.
"La unidad está totalmente desbordada. Eso impide una correcta asistencia y una convivencia sana", advirtió el comisionado. A eso, dijo, se le suma un edificio en "pésimas condiciones materiales" que requeriría un reciclaje total, así como la falta de funcionarios y la escasez de personal técnico.
El comisionado, que presentará en los próximos días un informe específico sobre esta unidad, insistió en sus críticas a la legislación aprobada en los últimos años que, priorizando lo punitivo, determina que muchas mujeres sean encarceladas por delitos "menores", de pocos meses de condena, pero que terminan congestionando las cárceles y dificultando la eficacia del sistema.
Allí Petit advirtió el incremento de la "prisionización" de las mujeres. En 2021, la población carcelaria general creció 10,2% con respecto al año anterior. Pero si solo contando hombres fue de 9%, el aumento de las mujeres presas fue de 28%. Hoy hay 1.025 mujeres presas, el 8% de la población total.
"El delito femenino es muy diferente al de los varones", señaló el comisionado. "En la amplia mayoría de los casos se refiere a situaciones de extrema pobreza, lucha por la supervivencia, crianza de hijos y situaciones de explotación, manipulación, dominio o trata por parte de terceros", graficó.
El problema, advirtió, es que desde hace años el sistema aplica allí un modelo penitenciario que "masculiniza" a las mujeres, evitando que puedan romper esas redes de dependencia y cortar con el circuito de violencia en el que están.
Robar para comer
La situación de crisis en la Unidad 5 es admitida por las autoridades, que dicen enfrentar un "tema gigante" en cuanto a salud mental. "Hay problemas mentales muy grandes", había señalado a fines de julio en el Parlamento a fines de julio el director del INR, Luis Mendoza, quien expresó que hay algunas mujeres que "no es como para que estén en una cárcel".
"Uno va, habla con ellas y es fácil darse cuenta. Muchas veces van internadas a la sala 16 del Viladerbó, están un tiempito y vuelven", afirmó. También sostuvo que hay allí muchos problemas de consumo.
Sin mencionarlo, el análisis de Mendoza hizo referencia a los efectos del artículo 74 de la ley de Urgente Consideración (LUC). Vigente desde 2020 y ratificado en el referéndum del pasado 27 de marzo, allí se incorporó un inciso a la ley de Estupefacientes, fijando una pena de cuatro a quince años de prisión cuando, entre otros casos, se intente ingresar ese tipo de sustancias a cárceles, hospitales o centors educativos.
El último informe de la Fiscalía General de la Nación señaló que 41% de las mujeres hoy encarceladas están imputadas o cumpliendo pena por algún delito vinculado a estupefacientes. Son casi cuatro veces más en promedio que los hombres presos por esta causa. A su vez, el 46% de las mujeres imputadas lo fue en un acto que involucró a más de una persona, lo que indicaría que su participación pudo estar asociada a la acción de un hombre.
Muchas mujeres, ratificó Mendoza, terminan presas por intentar ingresar droga a las cárceles. "Entran droga en las partes íntimas porque los internos les piden y las amenazan", aseguró el director. Según el jerarca, se trata de un circuito que hay que interrumpir. "Nosotros lo constatamos: van presas, tienen niños y llevan niños", afirmó.
El director del INR marcó otro tipo de problemas más estructurales, y citó como ejemplo el diálogo que mantuvo con una interna a la que restaban 20 días de condena para salir liberada. "Señora, me imagino que no va a caer de nuevo", le comentó Mendoza. "Va a depender –respondió la mujer–. Tengo tres hijos y si no tengo trabajo, voy a robar para darles de comer".
El nuevo proyecto de prisión domiciliaria preceptiva que negocia el Partido Nacional en el Senado propone, entre otros aspectos, que ese mecanismo sea recomendado en los casos de madres lactantes o con niños a cargo de hasta cinco años de edad. También contempla a los menores de hasta diez años con problemas de salud o que no puedan ser cuidados por otra persona fuera de la prisión.
