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MVOT prevé no renovar 40% de los contratos de proyectos en asentamientos

La decisión de Vivienda no renovar casi la mitad de los contratos vinculados a asenamitnos obedece a un planteo de campaña basado en que "hay un exceso de técnicos"; aseguran que no va a impactar en las obras

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13 de noviembre de 2020 a las 10:51

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) pretende que no se renueve un 40% de los contratos vigentes del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) en el entendido de que "no se precisan" para el desarrollo de los proyectos de regularización de asentamientos en agenda, según dijo a El Observador una fuente de jerarquía de la cartera. De los 157 contratos en la órbita del Programa -que es coejecutado con las intendencias de Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto y Artigas- quedarían 94 en funciones.

La decisión responde al discurso de campaña que señalaba que había un exceso de técnicos trabajando en el rubro. Desde la cartera entienden que el ajuste en el personal no implicará reprogramaciones ni impactará en las obras. "No compartimos para nada", expresó no obstante Cecilia Lacaño, una de las trabajadoras, al ser consultada. "Hay veces que sentimos que no somos suficientes en relación a las cantidad de vecinos. Hay barrios con miles de personas que tienen un solo trabajador", dijo a El Observador.

La decisión de no renovar el 40% de los contratos fue comunicada al Colectivo de Trabajadores del PMB el miércoles en una reunión que mantuvieron con la ministra Irene Moreira, el subsecretario Tabaré Hackembruch y el coordinador del PMB, Álvaro Martínez. "Esta pérdida de puestos de trabajo supera las indicadas en el decreto 90/020", señalaron en un comunicado en referencia a la disposición del Poder Ejecutivo en marzo que fijó el tope de ejecución presupuestal de los ministerios en un 85% -que implica que el 15% de los créditos asignados para gastos de funcionamiento e inversiones no sea ejecutado-. 

"Es fundamental destacar que la reducción de inversión y de puestos de trabajo afecta directamente a las miles de personas que viven en los asentamientos que se están regularizando, donde se postergará o suspenderá el acceso a saneamiento, agua potable, espacios públicos y vivienda digna", manifestaron los trabajadores.

Entre los 157 contratos totales del PMB, hay 40 que operan en unidad central del programa, 35 en coejecución con la Intendencia de Montevideo (IMM) -la trabajadora Leticia Ibarburi comentó a El Observador que hubo otros cinco que renunciaron ante la incertidumbre de si se les renovaría o no el contrato- 23 con la Intendencia de Canelones y el resto se reparten entre Maldonado, Artigas y Salto.

Hay 63 vínculos laborales que no se renovarán, "muchos de los cuales acumulan experiencia en el Programa desde hace más de diez años", destaca el Colectivo. El MVOT está coordinando con las intendencias de cara a la firma de los contratos, que vencen el 31 de diciembre. 

En el caso de la comuna canaria las autoridades pusieron sobre la mesa alternativas como la reducción de carga horaria para no concluir los vínculos laborales, pero desde la cartera "fueron claros en el planteo de que hay una definición política", según comentó a El Observador Silvana Nieves, directora de la Agencia de Vivienda de la Intendencia de Canelones.

La jerarca explicó que de los 23 contratos del PMB en Canelones hay 10 que no se renovarán, y aclaró que "la decisión no es por voluntad" del gobierno departamental. "No hay margen a la negociación", afirmó. La comuna tiene en este momento cuatro proyectos de regularización de asentamientos en curso.

El coordinador del PMB, Álvaro Martínez había dicho a El Observador que el decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou "impacta en el nivel de los recursos” y llevó a que algunas obras puntuales que estaban previstas para este año en asentamientos como Isla Gaspar o La Paloma se reprogramaran para el 2021.

El subsecretario Tabaré Hackembruch había declarado en octubre que el gobierno recibió "un país con determinados problemas económicos, un déficit fiscal importante, una deuda externa que condiciona las condiciones económicas. "En base a los recursos que vayamos teniendo se va a continuar con los realojos", señaló el jerarca en diálogo con la prensa. 

Hackembruzh recordó en aquella instancia que, si bien dos tercios del financiamiento proviene de préstamos con tasas de interés bajas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el restante del gobierno, los préstamos del organismo internacional "no son un regalo" y son "reembolsables". Tras las declaraciones el MVOT publicó un comunicado en el que dice que que "el programa se mantiene con las metas previstas y proyectadas para el año 2021". 

Emergencia habitacional

La Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en julio establece que se podrá declarar la "emergencia habitacional" en asentamientos para hacer una "intervención sociohabitacional". Ello se hará delimitando su ubicación territorial y poniéndolo al tanto de la Asamblea General y los gobiernos departamentales implicados. La intervención podrá extenderse hasta dos años con una posible prórroga de un año más.
Fuentes del MVOT dijeron que la mirada va a estar puesta en especial en Montevideo, Canelones y Maldonado, donde se hallan las "situaciones más complejas".

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