Este domingo 23 de julio fue asesinado el alcalde de Manta, una ciudad de la costa ecuatoriana, uno de los principales puertos del país, a 400 kilómetros de la capital, Quito. Agustín Intriago, de 38 años, fue acribillado cuando hacía un recorrido por unas obras de alcantarillado en el barrio 15 de septiembre.
Recibió seis disparos, la mayoría en el pecho. El ataque, además, dejó a cuatro personas heridas y una joven fallecida, Ariana Chancay, una deportista que se había acercado al alcalde a pedirle ayuda para comprar los uniformes del equipo de fútbol femenino del barrio Las Dragonas.
El alcalde Intriago gozaba de alta popularidad. Este era su segundo período en el cargo. Habría ganado las elecciones municipales en febrero con el 61% de los votos. Unas horas después del crimen, la Policía había logrado capturar a una persona que tendría nexos con el asesinato y que está siendo investigada, según consignan medios de Quito.
El ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata, informó en un tuit que en el incidente se registró otra víctima mortal colateral y 4 heridos, 2 de ellos implicados en el hecho, quienes se encuentran bajo custodia policial en una casa de salud.
“Nuestra total solidaridad con la familia y amigos del alcalde de Manta, Agustín Intriago, ante el sensible fallecimiento por un ataque armado. La Policía Nacional se encuentra desplegada para localizar y capturar a los responsables de este repudiable acto”, precisó Zapata.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, reaccionó en su cuenta de Twitter ante el crimen perpetrado en contra del alcalde de Manta. “Lamentable noticia para el país. Dispuse al comandante general activar el contingente necesario para que los responsables sean ubicados y respondan ante la justicia por este hecho. Nos solidarizamos con la familia del alcalde y de la otra víctima que en ese momento acompañaba a Intriago”, expresó Lasso.
Ecuador vive un clima extremadamente tenso por la inseguridad que acecha por el aumento de robos, secuestros, extorsiones y muertes violentas, en medio de la campaña electoral para elegir presidente, vice y renovar el Congreso.
El lugar donde fue asesinado el alcalde es un puerto estratégico para la comercialización ilegal de drogas. Manta es una ciudad de un poco más de 250.000 habitantes, ubicada en la provincia de Manabí. Se trata de un puerto abierto a las aguas del Océano Pacífico y de gran profundidad.
El clorhidrato de cocaína llega generalmente desde Colombia hacia el exterior. Hasta 2009, Manta tuvo una base militar de los Estados Unidos, que fue vaciada por los enérgicos pedidos del entonces presidente Rafael Correa.
La nueva Constitución ecuatoriana incluyó la prohibición de bases militares extranjeras en el territorio nacional. Con los vínculos de grupos narcos mexicanos, colombianos y ecuatorianos, el puerto de Manta se convirtió en es un enclave importante para el traslado de drogas hacia el norte.
A finales de los ‘90, toda la línea costera de Manabí era utilizada para el tráfico de personas, migrantes que viajaban ocultas en los motores de las embarcaciones pesqueras o en lanchas hacia Colombia o Centroamérica en su intento de llegar a los Estados Unidos.
Luego, esa estructura creada para el tráfico de personas se cambió para exportar cocaína. En 2012, las autoridades detectaron una de las primeras evidencias de los nexos de Ecuador con el cartel mexicano de Sinaloa.
El ex gobernador de Manabí, César Fernández, fue encontrado en aquel año con 115 kilos de cocaína que iban a ser enviados a México bajo el sello de ese grupo criminal.
Las autoridades tienen información de, por lo menos, otros dos carteles que operarían en Ecuador. Uno, mexicano, Jalisco Nueva Generación, y otro con vínculos con la mafia albanesa. A partir de la pandemia, la droga que no pudo enviarse derivó en una pugna por el control del territorio entre bandas locales que sirven a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Las autoridades ecuatorianas estiman que en Manta hay unas 700 toneladas de cocaína que esos grupos narcos tienen guardados para ir sacando desde ese puerto.
El crimen del alcalde de Manta ocurrió en un fin de semana particularmente violento en Ecuador. Unas horas antes del asesinato de Intriago, el Gobierno había levantado una alerta en todas las cárceles del país por posibles amotinamientos. El sábado, el día anterior a la muerte de Intriago, se escucharon detonaciones de bombas y balas en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil.
El Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad, SNAI, no brindó información y se limitó a decir que “mantenían el control del centro penitenciario”. Sin embargo, la prensa local advertía de tiroteos que duraron todo el sábado y que los disparos provenían del interior de la cárcel.
También hubo noticias de personas muertas. Ante el requerimiento de información, el SNAI reconoció el domingo que seis presos fallecieron y 11 están heridos. Además, indicó que agentes de seguridad penitenciaria del SNAI “están retenidos por los grupos de organizaciones delictivas” en cuatro cárceles del país, sin mayores detalles.
Sólo informaron que se encuentran “en buen estado” y que los presos de otros 10 centros carcelarios se encuentran en huelga de hambre.
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