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Nicolás Cendoya pidió al Frente Amplio que desistiera de nombrarlo en Antel

Es investigado por Fiscalía por abuso de funciones debido a irregularidades en la Ursec
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30 de octubre de 2020 a las 12:59

El exvicepresidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), Nicolás Cendoya, presentó una carta ante la Mesa Política del Frente Amplio en la que pidió que desistiera de nombrarlo como director de Antel, según confirmó El Observador con fuentes de la coalición de izquierda.

Cendoya fue designado por el Movimiento de Participación Popular (MPP) para el cargo, pero el Poder Ejecutivo nunca envió su venia al Senado debido a que es indagado por la Fiscalía en tres causas relacionadas con su desempeño en la Ursec.

La carta del abogado, dirigida al presidente del FA, Javier Miranda, fue leída en la sesión de este viernes de la Mesa Política.

"Solicito se designe a otra compañera u otro compañero como candidato a la dirección de Antel", expresó en una misiva en la que agradeció por el apoyo que le brindaron en los últimos meses en los que "injustamente" ha sido "sometido a una situación de escarnio público e indefinición" sobre su situación funcional.

"Entiendo que la importancia de la responsabilidad señalada requiere de la presencia de la fuerza política en la conducción de modo de efectivizar el control de lo actuado por el gobierno e intentar reducir el desmantelamiento y demás daños a que está siendo sometida la empresa pública de todas y todos nuestros compatriotas", agregó y destacó que estuvo siempre a disposición de la Fiscalía en todas las instancias en las que se lo solicitaron.

"Espero, con total confianza, la resolución del señor fiscal o, eventualmente, de la Justicia sobre mi absoluta inocencia con relación a las acusaciones de las que he sido objeto", sentenció.

Según supo El Observador, el fiscal Diego Pérez, que indaga a Cendoya, le pedirá en los próximos días a la Justicia que lo impute por abuso innominado de funciones.

La primera causa por la que es indagado es el rol que tuvo en la destrucción de documentación del organismo por parte de otro exfuncionario, que era su asesor, y que fue lo que motivó a la actual presidenta de Ursec, Mercedes Aramendía, a presentar una denuncia penal el 3 de junio.

El primero de ese mes, ese hombre fue registrado por las cámaras del lugar entrando a la sede del organismo sin autorización y destruyendo documentación oficial de la Secretaría General en una máquina trituradora.

Después de ese episodio Cendoya se reunió dos veces con el abogado. Una de ellas fue ese mismo día, durante ocho minutos, sobre las 13 horas, en su oficina de la Ursec, y la otra tuvo lugar dos días después en el auto del exjerarca. Ante fiscalía, hubo contradicciones: mientras Cendoya dijo que se encontraron cerca del club Atenas, por Palermo, el exfuncionario de Ursec dijo que se encontraron en la sede de Atenas.

La segunda causa por la que Cendoya es indagado es la filtración de la denuncia de Ursec radicada en Fiscalía. Dos funcionarios fueron imputados por haber filtrado información reservada que llegó al teléfono celular del exdirector de Ursec. Según surge de mensajes de WhatsApp analizados por el fiscal Pérez, él solicitó esa documentación y una funcionaria que estaba en pase en comisión a la que se la habían mandado los funcionarios infieles de fiscalía, se la reenvió.

Y por último, Cendoya también es indagado por la habilitación de una radio de Soriano a pedido expreso del anterior Directorio, y en la que el exjerarca –que, hasta estos días, es el hombre propuesto por el MPP para asumir como director de Antel en representación del Frente Amplio– también tuvo participación directa.

Se trata de un caso en el que el Directorio de la Ursec, entonces presidido por Gabriel Lombide e integrado por Nicolás Cendoya, le pidió al cuerpo inspectivo que devolviera un equipo transmisor que había incautado durante su tarea de campo.

El delito
El artículo 162 del Código Penal define que el abuso de funciones en los casos no previstos por la ley castiga al "funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares". La pena prevista por la norma es de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, la inhabilitación especial de dos a cuatro años y una multa multa de 10 a 3.000 Unidades Reajustables ($ 12.876 a $ 3.863.580, a valores actuales).

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