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Alejandro Astesiano el día de su audiencia de formalización

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“Nos hacemos millonarios”: el mensaje del escribano Fernández a Astesiano por la gestión de los pasaportes rusos

Fernández le hizo esa promesa al excustodio vinculado al caso de los pasaportes

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22 de octubre de 2022 a las 05:04

No hay nada más caro para un preso que su libertad. Lo tienen claro todos los abogados penalistas y por eso lo repiten casi como un mantra. Por eso, las audiencias en las que se debaten las medidas cautelares de los imputados, como la prisión preventiva, se vuelven una guerra entre la Fiscalía y los abogados defensores. En la mañana de este viernes la fiscal Gabriela Fossati dio argumentos, leyó mensajes y advirtió por las dificultades que significaría para su investigación sobre la gestión de pasaportes con documentos adulterados, la libertad del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, el ciudadano ruso Alexey Slivaev y el escribano Álvaro Fernández.

Marcos Prieto –defensor de Astesiano–, Alberto Rojas –abogado de Slivaev– y Edison González –abogado de Fernández–, se deshicieron en explicaciones de por qué eso no era así, pero no convencieron a Fossati ni al juez Alejandro Asteggiante. Todo ello pese a los varios cruces en los que Rojas advirtió que lo que estaban tratando eran delitos menores y señaló a la fiscalía por perseguir a su defendido, que lo único que hacía era ayudar a rusos “que querían vivir mejor”. Del otro lado, Fossati valoró irónicamente su “elocuencia” y lo acusó de no haber leído la carpeta en la que constan las evidencias contra él.

Así, se constituyó un debate en el que, en determinado momento, la fiscalía citó un mensaje como argumento de la gravedad del asunto: “Nos hacemos millonarios”.

Según supo El Observador, ese mensaje salió del teléfono del escribano Fernández y estaba dirigido a Astesiano, que era nuevo en el negocio. La fiscalía por ahora pudo probar la injerencia del excustodio presidencial en las maniobras desde mediados del 2021. Para ellas –las tres integrantes del equipo fiscal–, fueron el ruso Slivaev y el escribano Fernández quienes comenzaron con el negocio. “Slivaev y Fernández sabían qué puertas tocar. Cuando una puerta no le servía más, tocaban otra”, dijo Fossati refiriéndose al vínculo con Astesiano.

La fiscalía continúa investigando la posible comisión de delitos de lavado de activos, por el dinero que los imputados podrían haber volcado a propiedades, fruto de sus actividades ilícitas.

Aunque el excustodio presidencial es el que tenía menos injerencia en la gestión de los pasaportes apócrifos, sobre él surgen dos puntos de especial relevancia. El primero, es porque es quien tenía el vinculo con otros funcionarios públicos. Por eso, Fossati está investigando a integrantes “de todas las reparticiones” y ya tiene identificados a varios.

Entre ellos, dos altos funcionarios policiales a quienes les dio la calidad de indagados —de lo que dio cuenta El Observador—, uno con un cargo jerárquico y otro con un cargo “muy jerárquico”, según dijo ella misma en audiencia. De todas formas, aún quedan otros varios por identificar, por ejemplo, alguien a quien Astesiano nombra en mensajes como “el uno de la Dirección Nacional de Identificación Civil”.

Los funcionarios comprometidos no trabajan solo en Montevideo. Los expedientes que enviaron desde DNIC tienen pobremente justificados los certificados de avecinamiento y en ese caso la fiscalía entiende que hubo una omisión (falta administrativa) o un delito —aún falta determinarlo—, pero en cualquiera de los dos casos, está bajo la lupa personal de diferentes puntos del país. También lo están funcionarios uruguayos en el exterior. El abogado de Slivaev, Alberto Rojas, señaló en audiencia la intervención del consulado uruguayo en Moscú en el caso.

 
El segundo punto novedoso respecto de Astesiano, es que su presunta actividad delictiva no se reduce a hacer gestiones para obtener pasaportes con documentos apócrifos. Fossati citó dos mensajes en donde se ilustra cómo el excustodio manejaba el tráfico de influencias.

A un funcionario policial (que no es ninguno de los indagados), Astesiano le mandó un mensaje de Whatsapp donde pidió: “Motos para el club de fútbol del Complejo Cohami, de Avenida Millán y Lecocq” porque tenemos “un tablado a la hora 18 y del otro lado tenemos el barrio Echador (y los vecinos) que siempre vienen a romper las bolas”. “¿Podés conseguir algunos policías o algunas motos o algo? solo para estar no más... para hacer acto de presencia... para que no vengan a joder. No te quiero joder, no te quiero comprometer”. La fiscal recordó que el excustodio también trabajaba como seguridad privada, por lo que estaría pidiendo que las fuerzas públicas se pusieran al servicio de su actividad particular.

Al mismo funcionario, en otro momento le informa que la hija de un compañero de Recursos Humanos de Presidencia quería ingresar a la Escuela de Policía pero no tenía una materia salvada. Había que entrar en junio pero ella la materia la iba a dar recién en julio, en ese momento le pidió que le “aguantaran” el lugar. La respuesta del funcionario fue que se había hecho la gestión, lo que todavía no se comprobó.

La visita de la fiscal al despacho de Astesiano en Torre Ejecutiva

Fossati afirmó que había leído en la prensa que en Presidencia estaban dispuestos a que ella revisara la oficina del excustodio y, cuando lo necesitó, le pidió al fiscal de Corte, Juan Gómez, que intercediera y preguntara si esa posibilidad seguía existiendo.

Cuando le confirmaron que esa posibilidad segía existiendo, fue a Torre Ejecutiva. Sobre esa visita destacó que todo el escenario estaba armado para demostrar que Astesiano era una persona importante y reveló que tenía en su escritorio dos fotos. Una abrazado al presidente, Luis Lacalle Pou, y otra al presidente anterior, Tabaré Vázquez.

Los pormenores de una investigación compleja y una colaboración "selectiva"

Fossati informó que la investigación enfrenta varias dificultades. Por un lado, la lenta y costosa recuperación de la información que tanto Astesiano como Patricia Medina, la pareja del escribano Fernández, borraron de su celular. Por otro, la falta de traductores rusos —de la que dio cuenta El Observador— que puedan traducir los mensajes Slivaev al español.  Además, tuvieron que pedir información a otros países vía autoridad central, lo que demora varios meses. A eso se le suma que pidió la pericia psicológica y psiquiátrica de todos los imputados, lo que está previsto que demore más de tres meses. 

De todas formas, expuso que al momento pudo constatar que había otros dos grupos en el interior del país que hacían maniobras similares a las de esta organización y que los datos que les viene proporcionando el escribano Fernández son ciertos solamente en algunos casos. Por ejemplo, pudieron comprobar que los motivos de la gestión de los pasaportes fuera escapar de la guerra, realizar inversiones, conseguir la visa a Estados Unidos con más facilidad o recorrer libremente Europa. Pero en otros casos se comprobó que mintió: dijo que él no manejaba dinero, que eso lo hacía Slivaev, pero la fiscalía encontró tres recibos de Western Union de ciudadanos rusos a él.

Aún no saben si las partidas apócrifas se adulteraban en Uruguay o en Rusia.

 

La reivindicación de la fiscalía a los funcionarios públicos y el agradecimiento por no "poner trabas"

Si bien hay varios funcionarios públicos que están en la mira, Fossati reivindicó a los funcionarios públicos que se animaron a denunciar la maniobra y a los que trabajan en el caso.  

“Se está investigando funcionarios públicos porque otros funcionarios públicos detectaron esa situación y otros funcionarios públicos, con el dolor que implica cuando se conoce a las personas, están investigando. Y porque hasta ahora no hemos tenido obstáculos. Todos sabemos que se puede, si se quiere, poner trabas y generar obstáculos y no los ha tenido”, expresó.

Luego de darse por concluida la audiencia, Slivaev , en un español prácticamente incomprensible, quiso transmitirle a Fossati que los negocios que él tenía eran lícitos y que si quería investigar, que investigara a todos por igual. Incluidos los funcionarios públicos.

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