Nueva interpretación de la justicia permite entregar medicamentos de alto costo a más pacientes

Buscan obtener una acción de amparo que obligue al Ministerio de Salud Pública o al FNR a hacerse cargo del costo de ese tratamiento que podría salvarle la vida. Lo hacen como último recurso, cuando sus ingresos apenas les darían para mantenerse aún estando sanos, o después de haber agotado los recursos que tenían en la medicación.

Solo a lo largo de 2018, se presentaron 333 juicios de este tipo, de las cuales 80% concluyeron en un fallo favorable para los pacientes en primera instancia. Mientras que en segunda instancia, en 2018 el MSP fue condenado en 77 de los casos, y absuelto en 39 fallos. En estos últimos casos se les retira el medicamento al paciente si se le estaba dando.

Con una interpretación de la Constitución que está haciendo la justicia, este número podría aumentar en 2019. El artículo 44 de la carta magna señala que “el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia (en salud) tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”. La interpretación aplicada hasta ahora, que permitió que decenas de personas con bajos recursos accedieran a tratamientos que el FNR les había negado, excluía a aquellos que todavía tenían bienes y un ingreso más elevado, pero que igualmente estaban impedidos de hacer frente a un medicamento de alto costo, explicó el abogado encargado del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar), Juan Ceretta. 

Sin embargo, una decisión del juez de lo Contencioso Administrativo de 3° turno, Pablo Eguren, amplió el alcance de estas acciones judiciales. Bajo el argumento de que la norma también menciona a aquellos que sean “carentes de recursos suficientes”, el magistrado entendió que debía tenerse en cuenta a aquellos que podían pagar aunque sea una parte del medicamento. 

Una paciente oncológica de 48 años a la que se le había recetado un tratamiento con Osimertinib 80 mg, cuyo costo mensual ascendía a los $ 243 mil, logró una sentencia que condenó al Ministerio de Salud Pública a hacerse cargo de un 75% del valor de ese medicamento. El juez de esta acción de amparo fue Eguren, quien señaló en su fallo que aunque los ingresos del núcleo familiar de la mujer “revisten importancia”, su salario de $ 125 mil por mes como médica no bastaban para hacer frente al costo del medicamento que se le había recetado. 

Similar es el caso de un jubilado que padecía de fibrosis pulmonar, al que le fue recetado un medicamento cuyo costo ascendía a $ 76.164 mensuales. A pesar de que él y su esposa percibían entre ambos ingresos por $ 144 mil, el hombre alegó que le sería imposible hacer frente a la totalidad del gasto. 

Leé también

MSP acusa a laboratorios de operar para vender fármacos de alto costo

El juez de lo Contencioso de 1° turno, Gabriel Ohanian, condenó al Ministerio de Salud Pública a proporcionarle el 67% del medicamento, alegando que el hombre se encontraba “parcialmente” imposibilitado para cubrir su tratamiento.

Además de Ohanian y Eguren, los otros dos magistrados de lo Contencioso Administrativo también aceptaron esta solución para permitir que personas que tienen algún ingreso puedan acceder a medicamentos de alto costo. Ceretta dijo a El Observador que ante la suma de casos se trata de una “tendencia” y no de una decisión aislada de algún magistrado. 

El responsable del Estudio Jurídico de la Universidad de la República señaló que antes los casos como los de la médica y el jubilado, no hubieran sido tenidos en cuenta en una acción de amparo hasta tanto no hayan vendido todos sus bienes y gastado sus ahorros. Por eso, afirma que es de esperar que haya un aumento en el número de acciones de amparo que se presentan ante la Justicia, ya que más personas podrán ejercer su derecho de reclamar la financiación de al menos una parte del tratamiento.

“Hace algunos meses atendí a un paciente y no le hice el amparo porque tenía algunos recursos. Hoy no puedo decirle que no, tendría que proponerle una opción de co-pago” explicó Ceretta.

Según datos del Ministerio de Salud Pública, al 22 de febrero de 2019 se habían presentado 68 solicitudes de amparo por tratamientos no comprendidos en el FNR. En 2018, la judicialización de estos casos implicó un costo equivalente al 28% del presupuesto de toda la cartera, según informó Radio Uruguay.

Problemas de aplicación

Además de las implicancias que este cambio puede traer en materia del gasto, Ceretta advirtió que hay problemas de instrumentación en el horizonte. 

Hasta el momento, todas las sentencias en las que se establece que un paciente puede pagar parte del tratamiento han sido contra el ministerio, lo que no supone un problema porque la cartera compra el medicamento una vez que es obligada por la Justicia. Esto permite que fácilmente pueda reclamarle al paciente el pago de la parte que se comprometió a abonar judicialmente para luego ir al laboratorio a adquirir el medicamento.

Sin embargo, no está claro cómo se aplicaría si la sentencia fuera contra el Fondo Nacional de Recursos, que ya tiene un stock del producto requerido y no tiene ningún mecanismo previsto para que los pacientes paguen parte de su valor. 

Tampoco está claro qué ocurrirá cuando la sentencia falle contra el FNR y contra el Ministerio de Salud Pública, ya que la cartera y el organismo manejan valores distintos de un mismo medicamento. Ceretta dijo que en tal caso se deberá analizar qué valor se tiene en cuenta para fijar la parte que el paciente deberá pagar. Ceretta puso como ejemplo el medicamento Sorafenib, utilizado para tratar cáncer de hígado y riñón, que el FNR lo paga $ 93 mil por un acuerdo con la farmacéutica, mientras que el MSP lo paga $ 175 mil.