Asentamiento "Nuevo comienzo"

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Nuevo Comienzo: Justicia desalojó a tres familias imputadas, pero el asentamiento seguirá en pie

Las tres familias tienen un plazo de cuatro meses para irse del asentamiento y durante ocho meses tienen prohibido ingresar al terreno
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15 de marzo de 2023 a las 05:02

"¿Decís que ahora somos libres?", le preguntó, sonriendo, José a Katty apenas salieron de la sala de audiencias del juzgado penal de 30° turno. Ellos dos y Patricia habían llegado a un acuerdo con la Justicia minutos antes que los obliga a irse del asentamiento Nuevo Comienzo en un plazo máximo de cuatro meses.

Esta fue la última vez que los tres vecinos salieron por la puerta de la sala de audiencias que los recibió varias veces por haber ocupado de forma ilegal un terreno, que se convirtió en un asentamiento, y por robar energía eléctrica a UTE, en un caso en el que intervino hasta la ONU para evitar que el Estado continuara con los desalojos.

Patricia, Katty y su abogada en la sala de audiencias. Atrás, José

En el acuerdo, en el que participó la defensa de los tres vecinos y el fiscal Diego Pérez, también se les prohibió ingresar al terreno, ubicado entre Camino San Fuentes, Camino de la Zoppa y Camino Ferrés, por ocho meses. El lugar al que no podrán ingresar, ni para ir de visita, son unas 70 hectáreas que están ubicadas en el barrio Santa Catalina y que fue ocupado de forma ilegal por varias familias, de forma masiva, el 13 de enero de 2020.

José, Katty y Patricia son los últimos tres vecinos que quedaban ocupando el terreno y que estaban formalizados por la Justicia por usurpación y robo de energía eléctrica. Las otras 11 familias que habían quedado en la causa optaron por no seguir el proceso y se fueron del asentamiento.

Sin embargo, en Nuevo Comienzo hay nuevas familias que se instalaron en estos tres años, pero no fueron desalojadas. Cuando la policía llegó en busca de los ocupantes, en 2020, José, Katty, Patricia y otras 11 familias estaban en sus casas y, con solo ese hecho, quedaron envueltos en una trama judicial que este martes llegó a su fin.

Patricia, Katty y José en la sala de audiencias

"Esta ocupación tiene determinadas particularidades, la fecha en la que se llevó a cabo, la forma en la que se llevó a cabo porque se da una ocupación masiva de terrenos", señaló en la audiencia el fiscal Pérez, para explicar por qué los tres formalizados accedieron al beneficio de la suspensión condicional del proceso que la Ley de Urgente Consideración (LUC) eliminó. 

El acuerdo entre los indagados y la Fiscalía para suspender el proceso, siempre que los tres vecinos cumplen con el abandono del terreno y la prohibición de ingresar en él, fue posible porque la ocupación comenzó el 13 de enero de 2020 y la LUC se promulgó en julio de ese año.

¿Y ahora?

Antes de entrar a la sala de audiencias para que el juez Marcelo Souto se pronunciara sobre el acuerdo con la Fiscalía, los tres formalizados barajaron sus posibilidades y reclamaron que el Ministerio de Vivienda no les ha dado una respuesta, a pesar de que en este largo proceso de tres años tuvieron algunas reuniones con jerarcas de esa cartera.

José encontró una solución. Tiene cuatro meses para levantar una casa en una cooperativa de Fucvam. Para eso, necesita los materiales y está a contra reloj para conseguirlos con la Intendencia de Montevideo (IM) que, según contó a El Observador, se comprometió a entregárselos. Por eso este mismo martes después de la audiencia encomendó a una vecina y a la defensora pública que se comunicaran con la IM para poner a andar la construcción.

El Observador intentó comunicarse con el Ministerio de Vivienda, pero no obtuvo respuesta.

"Teníamos que salir: o ir a la calle o ir presos, esas eran las consignas que había y además quedar con el antecedente. Pero, a través de Fucvam pude resolver como cooperativista", señaló José. Además, depende de que UTE y OSE también hagan las conexiones regulares a tiempo para no superar los cuatro meses en el asentamiento.

Patricia esperaba en la sala de espera del Juzgado para entrar en la audiencia. Mientras conversaban sobre sus futuros paraderos, ella decía convencida y con firmeza una cosa: "Yo no voy a tirar a los animales a la calle. Yo no me voy a deshacer de los perros que yo misma traje para cuidarlos".

En su casa tiene nueve perros que rescató de la calle. Si bien ella también tiene la posibilidad de instalarse en la cooperativa de Fucvam, en esa nueva vivienda no podría tener más de tres perros.

Su fuente de ingresos es el almacén ubicado en Nuevo Comienzo y la organización le comunicó que no podrá montar el comercio en la cooperativa. Por lo tanto, va a evaluar en estos cuatro meses cuál será su paradero. "La cooperativa es la única solución que tengo, pero es contradictorio porque tendría que buscar una solución para mis animales", explicó.

En una situación similar quedó Katty. Ella consiguió que una amiga le diera un lugar temporal para ella, sus dos hijos y su esposo, pero, mientras tanto, la familia tendrá que buscar una alternativa adonde. "En mi caso, lo que gano con el acuerdo es tiempo. Voy a ir viendo", dijo, y agregó que en este tiempo "ganado" espera que el Ministerio de Vivienda "encargado de brindar una solución pueda llegar a a gestionar algo".

Como sea, para estas últimas tres familias, el acuerdo al que llegaron con la Justicia los obliga a buscar un nuevo comienzo.

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