Otro policía corrupto deberá cumplir 150 días de prisión preventiva por un delito de asociación para delinquir, uso indebido de información privilegiada y peculado (apropiación de fondos públicos) en grado de tentativa, a pedido de la fiscal Ana Roses, que actuó en el caso del grupo de funcionarios de la Zona IV de Montevideo a fines de mayo que realizaron una detención ilegal de un indagado para extorsionarlo.
Este policía -que se desempeñaba en la Unidad de Análisis de Hechos Complejos- intercambiaba información con otro funcionario sobre lugares donde había dinero y droga para coordinar allanamientos "a efectos de apropiarse del dinero que se incautara para luego repartirlo entre los partícipes". "Asimismo, para justificar la solicitud de los allanamientos a la Fiscalía, aprovechaban otros operativos de esclarecimientos de hechos", afirma el dictamen.
La fiscal Roses llegó a este policía al analizar el celular de uno de los seis funcionarios corruptos de la Zona IV que fueron imputados a fines de mayo por extorsionar y amenazar a un hombre para robarle $ 275 mil. En concreto, los integrantes del grupo fueron imputados por extorsión, peculado, privación de libertad y domicilio, así como asociación para delinquir. Están cumpliendo 150 días de prisión preventiva hasta que se celebre el juicio oral y público.
El último policía imputado conoció a uno de los funcionarios corruptos de la Zona IV ya que ambos trabajaron juntos en Hechos Complejos, así como en la Zona IV.
En el pedido de imputación (formalización en la jerga judicial) de este séptimo policía corrupto la fiscal Roses afirmó que el funcionario inducía a error al fiscal haciéndole creer que en ese lugar había "algún requerido por hechos delictivos", cuando en realidad no era así y lo que había era droga y dinero.
La cúpula de la zona oeste de Montevideo fue removida por el Ministerio del Interior, que presentó a las nuevas autoridades el 10 de junio.
El caso también tuvo impacto en investigaciones anteriores. El 31 de mayo, un día después de las actuaciones judiciales, dos personas que habían sido imputadas por un delito de rapiña en grado de tentativa y receptación, por intentar cometer una rapiña en un auto robado, debieron ser liberadas porque la única prueba que se había recabado en su contra era el testimonio de los policías de la zona IV involucrados en la trama de corrupción que quedó descubierta.
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