Ofensiva de Ortega contra religiosas de la orden creada por Teresa de Calcuta

La organización religiosa fue anulada por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto a un centenar de organizaciones no gubernamentales, en su mayoría  bajo el argumento de que incumplieron la ley al no informar sus estados financieros ni explicar el origen de las donaciones que reciben. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ya suman 700 las ONGs prohibidas por el gobierno Ortega.

"Ortega, el mismo que recibió a la Madre Teresa de Calcuta en los años 80, es quien expulsó del país a su congregación religiosa", denunció el Cenidh. Según el organismo, las religiosas de las Asociación Misioneras de la Caridad, alrededor de 15, fueron deportadas como si fuesen "delincuentes". Para el Ministerio de Gobernación, que controla a las ONGs, las Misioneras de la Caridad no estaban acreditadas para realizar operaciones de asistencia social.

El cardenal de Nicaragua y obispo de la arquidiócesis de Managua, Leopoldo Brenes, se lamentó "profundamente" por el cierre de la fundación. Por su parte, monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, expresó su malestar por la expulsión: "Me entristece mucho que la dictadura haya obligado a las hermanas a abandonar el país. Nada justifica privar a los pobres de los cuidados de la caridad", escribió el prelado.

No es la primera ofensiva del gobierno contra la Iglesia Católica. El nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, fue expulsado del país en marzo pasado. Una medida calificada como "incomprensible" por El Vaticano, que en un comunicado destacó la "profunda dedicación del nuncio al bien de la Iglesia y del pueblo nicaragüense, especialmente de los más vulnerables", en un intento de fomentar siempre "las buenas relaciones entre la Sede Apostólica y las autoridades de Nicaragua".

Por su parte, el Cenidh consideró que las autoridades violaron "la honra y reputación" de las monjas "al afirmar que no estaban acreditadas" y que "trabajaban como ilegales en Nicaragua". El organismo, además, destacó que la expulsión de la religiosas deja en la "indefensión a incontables nicaragüenses que recibían refugio y alimentos” de las religiosas. Según el diario local La Prensa, las hermanas, que eran de diversas nacionalidades, salieron de Nicaragua a Costa Rica por la frontera terrestre. Aunque el gobierno no se ha pronunciado sobre la expulsión de la orden, el hecho es un ejemplo más de las fuertes tensiones que hay entre Ortega y la Iglesia Católica desde 2018, cuando varios templos decidieron abrir sus puertas para dar refugio a manifestantes que huían de la violenta represión a las protestas sociales de aquel año.

Ortega atribuyó las protestas a un fallido golpe de Estado promovido por la oposición, con el apoyo de Estados Unidos, y acusó a los obispos de ser parte de ese complot, lo que derivó en la expulsión del nuncio Sommertag, el acoso de sacerdotes  y, entre mayo y junio, en el cierre de dos canales católicos de televisión.

La expulsión de las religiosas y la nueva ola de cancelaciones de ONGs tienen como antecedente esta misma semana la toma por la fuerza de cinco alcaldías que estaban en manos de la oposición. La maniobra fue concretada por concejales del partido de Ortega, quienes nombraron a nuevos alcaldes oficialistas a solo cuatro meses de los comicios municipales.

Se trata de municipios que eran liderados por miembros del opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), partido al que el gobierno le retiró la personería jurídica en 2021. Los municipios tomados son El Cuá, San Sebastián de Yalí y Santa María de Pantasma, en la jurisdicción de Jinotega; además de Murra, en el departamento de Nueva Segovia; y El Almendro, en Río San Juan. "Las oficinas de la alcaldía están tomadas. Se repartieron los cargos entre ellos", dijo en su momento a AFP Noel Moreno, uno de los ediles depuestos.

La toma de las alcaldías ocurrió entre el sábado y lunes pasados mediante el despliegue de fuerzas antimotines al mando de dirigentes políticos del FSLN, quienes izaron la bandera de esa agrupación en los locales ocupados, según los denunciantes. De cara a los comicios municipales que se realizarán el 6 de noviembre, el observatorio electoral Urnas Abiertas denunció una "ausencia de condiciones democráticas".

Desde el exilio, el dirigente opositor Kitty Monterrey de CxL, la agrupación que había ganado en 2017 las elecciones en los cinco municipios ahora ocupados por el gobierno, reclamó "respeto por la integridad física" de los ex ediles y advirtió sobre el destino de otros 13 municipios gobernados por la oposición, sobre un total del 135 en los que se impuso el oficialismo.

En agosto de 2021, CxL, que lideraba una alianza opositora para competir con Ortega en elecciones generales, fue inhabilitado por el tribunal electoral y los precandidatos de esa agrupación encarcelados. Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido en noviembre para un cuarto período consecutivo con la mayoría de sus rivales encarcelados o exiliados, en medio de cuestionamientos y sanciones internacionales.

Monterrey consideró que el gobierno "está confirmando que no tiene ningún interés en rehabilitar la vía electoral". En 2018, las masivas protestas contra una reforma al sistema de seguridad social derivó en manifestaciones pidiendo la renuncia de Ortega, que respondió con una violenta represión que  dejó 355 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El mandatario, de 76 años, considera que las manifestaciones fueron un intento de golpe de Estado de sus rivales políticos con ayuda de Estados Unidos, un hecho que, según el gobierno, pretendió replicarse en el marco de las elecciones de 2021.