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Traslado de Fossati: oficialismo dice que Juan Gómez perdió respaldo y hablarán con Lacalle Pou
La decisión del fiscal de Corte, Juan Gómez, de trasladar a Gabriela Fossati a otra Fiscalía, apartándola de esta forma de la causa de los pasaportes en la que fue procesado con prisión Alejandro Astesiano, el exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, no pasó desapercibida en el sistema político.
El anuncio reflotó comentarios en el oficialismo acerca del poco respaldo político que tiene el fiscal de Corte e incluyó acusaciones de que actuó a partir de una solicitud del abogado de Gustavo Leal, algo que Gómez negó.
Desde la oposición, en tanto, evitaron las menciones acerca de la decisión y se concentraron en señalar que lo importante era que la investigación avanzara con la nueva fiscal, Sabrina Flores.
Gómez, a su vez, reconoció en los últimos días a sus allegados que era consciente de que la decisión le podía costar el cargo.
Munición gruesa
Con diferentes tonos, representantes de la coalición de gobierno apuntaron contra Gómez por disponer el traslado y volvieron a poner arriba de la mesa la necesidad de discutir su relevo, algo que está trancado debido a la falta de acuerdo político para alcanzar las mayorías necesarias (tres quintos –18 votos– de los componentes del Senado).
El tema fue comentado informalmente en la reunión de la bancada del Partido Nacional de este lunes, donde se acordó profundizar los diálogos en los próximos días y “coordinar” con el Poder Ejecutivo para analizar si hay alguna alternativa posible, según dijeron a El Observador fuentes blancas.
Si bien fue respaldado inicialmente, Gómez está subrogando en la Fiscalía de Corte, y está obligado a pasar a retiro en 2025 cuando cumpla 70 años.
La idea comentada este lunes entre algunos blancos era avanzar en las conversaciones para intentar designar a su sustituto antes que se termine el gobierno.
El senador de Por la Patria, Jorge Gandini, calificó de “insólita” la decisión, consideró una “incidencia” de Gómez en un tema en el que debió haber “tomado distancia” y señaló que tenía “cada vez menos” respaldo. “Se acerca el tiempo en que tiene que dar un paso al costado”, manifestó.
A su vez, la legisladora Graciela Bianchi dijo que se trataba de la “crónica de una muerte anunciada” y consideró que Gómez “cedió a presiones de Jorge Díaz” porque Flores –la nueva fiscal– es de “ese grupo”, en referencia a los bandos que hay en Fiscalía.
“Fue una decisión a dedo, hay una pérdida de objetividad y la situación es muy grave desde el punto de vista institucional”, agregó. La senadora aseguró que elevarán el tema a Luis Lacalle Pou, dado que el presidente es “mano” para proponer un nuevo jerarca.
En la misma línea se pronunció el diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubía, quien señaló que solo el presidente podía poner “orden”. “Hay una coalición que está cansada de este tipo de noticias. Acá están en juego valores y no inversiones”, dijo.
Zubía es uno de los dirigentes que viene impulsando que la Fiscalía General de la Nación pase a ser dirigida por un triunvirato, una idea que ha recibido poco eco en la coalición.
El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, señaló a su vez que la salida de Fossati era "inoportuna" y consideró que "hechos como este no hacen bien a la imagen de Gómez".
Según supo El Observador, Gómez dijo a sus allegados que si bien era consciente de que la decisión le podía costar el cargo, estaba convencido que era lo que tenía que hacer.
Las "presiones externas" de Camaño
Más allá de intercambiar sobre el liderazgo de la Fiscalía, los dirigentes del oficialismo apuntaron sus dardos a señalar que el traslado fue uno de los pedidos de Diego Camaño, el abogado de Gustavo Leal.
El abogado solicitó la semana pasada a Gómez que separara a Fossati del cargo y le abriera un sumario, un recurso que el fiscal de Corte todavía no contestó, aunque –según dijo– no incidió en su decisión.
"Lo de Camaño no tiene ningún tipo de relación", contestó ante una consulta de El Observador.
Previamente, en la conferencia de prensa, había señalado que las resoluciones eran en nombre de la "mayor transparencia que podamos imprimir a la actividad de la institución" y adujo "situaciones notorias ocurridas en los últimos tiempos". "¿Por qué esa resolución? Es de público conocimiento los múltiples planteos de la doctora Fossati manifestando hostigamiento, inseguridad y presiones diversas", añadió.
Pero sus palabras fueron interpretadas de otra forma en la coalición.
Poco después de la conferencia, Zubía manifestó en sus redes sociales que la decisión era incorrecta. “Cuando Fossati pidió el traslado por tener el caso Astesiano y el turno, no se lo dieron. Ahora, mucho menos recargada y por presiones externas la quitan del caso”, escribió.
El tuit apuntó, de forma implícita, hacia el planteo realizado por Camaño. “¡Ojo! Además que te denuncia y que se enoja, logra que le cambien de fiscal. ¡Solo en Uruguay!”, agregó el exfiscal.
La línea argumental fue continuada por el senador nacionalista Sebastián Da Silva. El legislador dijo que el Frente Amplio había inaugurado una “nueva jurisprudencia”. “La cultura de la cancelación en la Fiscalía. Vale todo con tal de encubrir a dirigentes de izquierda. Discursos de sororidad y de defender la independencia de la Justicia quedaron en el olvido para algunos. Muy triste”, señaló.
Manini Ríos, en tanto, agregó que hubiera un "indagado con alta exposición mediática que pida sustituirla y se la sustituya creo que abre espacios para cualquier tipo de especulación".
Izquierda en silencio
Desde la oposición, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, dijo que eran "muy respetuosos" de la institucionalidad y que no correspondía opinar acerca de "resoluciones administrativas del sistema de Justicia".
"Actuó el jerarca máximo del organismo donde existían situaciones complejas que estamos viendo los uruguayos", dijo a El Observador aunque señaló que esperaban que "se avance en la investigación porque tiene muchas puntas abiertas y la sociedad uruguaya tiene muchas interrogantes".
