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Darviña Viera, fiscal de Delitos Sexuales a cargo de la Operación Océano

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Operación Océano: fiscal pide ampliar medidas cautelares a los imputados

Muchas víctimas aún no han prestado declaración y las medidas son una defensa a su integridad física y emocional, dice la fiscal Viera en el escrito

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03 de agosto de 2021 a las 17:16

El viernes 13 de agosto se vencen las medidas cautelares para los 32 imputados de la Operación Océano, por lo que la fiscal Darviña Viera solicitó su extensión. Pidió ampliar el plazo 180 días más, período que termina en febrero y excede al término de la investigación puesto que la jueza Beatriz Larrieu le había otorgado una prórroga hasta el 13 de noviembre. Antes de esa fecha la fiscal tendrá que acusar a los imputados.

La jueza envió el pedido de Viera a los abogados para que respondan. El primero de los letrados tiene plazo hasta este viernes para pronunciarse y luego Larrieu  determinará si hace lugar a la solicitud fiscal y por qué plazo. A fines de abril, cuando se concedió la última prórroga, Viera había solicitado prohibición de comunicación y acercamiento a las víctimas –así como la prohibición de salir del país sin previo aviso–, entre otras disposiciones por 180 días para la mayoría de los indagados. En ese entonces Larrieu decidió otorgar las medidas pero por la mitad del tiempo. 

Ahora, Viera fundamentó en la solicitud –a la que accedió a El Observador– que las medidas cautelares implementadas "son las que menos vulneran sus derechos, pero significan una protección para las víctimas", aun más considerando que la mayoría de las víctimas no han declarado ante el tribunal.

Además, subrayó que otro de los motivos para pedir la prohibición de acercamiento y comunicación (por cualquier medio o por interpuesta persona) y el fijar domicilio es que contribuye a la seguridad y protección de la "situación emocional y mental" de las víctimas. "Ello en cuanto el tener contacto, ya sea por un simple avistamiento, puede generar impacto en la salud emocional de las mismas, generando en ellas sentimientos de temor, ansiedad y desprotección", expresó. 

También influye "las condiciones de vulnerabilidad derivadas de la edad de las víctimas en oposición a la edad y la experiencia de los imputados, la asimetría de poder que surge de la investigación y el secreto de lo vivido con respecto a sus familias, en la mayoría de los casos, así como la desprotección forman parte de la vulnerabilidad propia que atraviesan las víctimas y sobredimensiona la desprotección". Según Viera, esto se ve demostrado en las pericias psicológicas que muestran "una alta vulnerabilidad" de varias víctimas. 

"Todas las víctimas del presente caso se encuentran en situación de vulnerabilidad. En algún caso unas más que otras, por lo que cualquier entorpecimiento o estorbo de parte de alguno de los imputados por cualquier medio que pueda verificarse, por mínimo que sea, se corre el riesgo de que esa víctima se desestabilice emocionalmente y se retraiga a participar del proceso", argumentó.

Desisten del pedido de prisión domiciliaria de ciudadano paraguayo

El empresario de nacionalidad paraguaya imputado está bajo un régimen de prisión domiciliaria próximo a vencerse. En esta oportunidad, en vez de pedir la renovación de esta medida cautelar, la fiscal planteó que "se considera que la medida cautelar impuesta no puede durar por tiempo indeterminado". Por lo tanto planteó que fije domicilio, se le prohíba salir sin autorización del ámbito territorial y "concurrir a determinados sitios, de visitar o alternar en determinados lugares o de comunicarse con determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho de defensa". 

En este caso, Viera pidió que se le prohíba el acercamiento o comunicación con dos víctimas, ya sea directamente o por interpósita persona y que se le prohíba salir del país sin autorización. De todas formas, la fiscal manifiesta que el peligro de fuga "es viable" debido a que "el imputado posee negocios en el extranjero y como ha quedado acreditado en autos el mismo pasaba gran parte del tiempo en Paraguay".

Una de las presuntas víctimas del imputado aún no declaró en la audiencia anticipada y, si bien continúa en contacto con la fiscalía, está "reticente" a declarar. Al momento, el Ministerio Público no pudo determinar si hay un "entorpecimiento" del paraguayo en la declaración de la víctima o si es ella la que no se encuentra "en condiciones" de prestar declaración aún. 

Además, se solicita que se prorrogue la medida de prohibición de salir del país sin autorización judicial de otros dos imputados. 

Advertencia a los defensores

Por otra parte, la jueza Larrieu advirtió a los abogados defensores que participaron de las audiencias anticipadas "y específicamente a Víctor Della Valle, cuyo nombre se recoge en la nota de prensa, que en lo sucesivo deberán mantener la reserva debida y abstenerse de realizar declaraciones públicas que puedan resultar intimidatorias respecto de cualquiera de las víctimas”, informó La Diaria y confirmó El Observador. 

La jueza hizo esa advertencia luego de que el abogado hiciera declaraciones a El País en las que informaba que una de las víctimas "manejaba chicas" en una suerte de actividad proxeneta. El abogado dijo que “la fiscal debió haber investigado ese delito de proxenetismo cometido por la joven”. 

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