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Operativo en Punta Rubia: citan a 24 personas tras inspección por ocupación de terrenos

La policía de Rocha inició una serie de operativos en balnearios para hacer un relevamiento de las personas que viven en zonas de montes

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12 de noviembre de 2020 a las 05:03

La Policía de Rocha realizó entre lunes y martes un operativo en los balnearios de Punta Rubia y Santa Isabel tras recibir denuncias de vecinos por ocupaciones de terrenos y robos. Fue la primera intervención que las autoridades realizaran en la costa atlántica en busca de identificar a los residentes en esa zona de playas y montes.

De las 173 personas identificadas durante el operativo policial en Punta Rubia y Santa Isabel, solo tres declararon ante la Fiscalía la tarde de este miércoles, en Rocha. Otras 21 fueron emplazadas pero sin fecha y serán citadas en los próximos días.

Es la primera vez que la jefatura del departamento hace un procedimiento de este tipo: un centenar de efectivos de todas las unidades, Guardia Republicana, Dirección de Migración y Prefectura. Incluso un helicóptero del Ministerio del Interior y drones. Al momento no se pudo constatar que las personas intervenidas estuvieran usurpando, confirmó a El Observador el vocero de la Jefatura, Alexis Duarte.

Mientras la investigación continúa con los datos recabados, sí se intimó a 13 extranjeros a que regularicen su situación en Uruguay. Según la información del Ministerio del Interior, cuatro brasileños, cuatro alemanes y cinco argentinos fueron emplazados porque ingresaron de forma irregular a Uruguay.

La policía llegó al lugar lunes y martes de esta semana, en el marco del Operativo Ballena, al que desde la jefatura de Rocha tildan como “exitoso”. “Hay gente que queda contenta, hay gente que no le da importancia y hay gente que no le gusta”, dijo a El Observador el jefe de policía departamental, Jorge García.

Los investigadores tenían denuncias de que uruguayos y extranjeros usurpaban terrenos. Durante el operativo varias viviendas fueron inspeccionadas, relataron los integrantes de la policía.

Tres personas que tenían plantas de marihuana fueron quienes declararon este miércoles. Según la policía, se les pidió permiso para ingresar a la vivienda y no se negaron. Por su parte, ante Fiscalía debieron fijar domicilio.

Uno de ellos es un alemán que está indocumentado. Migración solicitó informes para establecer si está registrado en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). En paralelo, le dio diez días para regularizar su situación en el país. Al igual que los otros 12 extranjeros emplazados, el hombre quedó en conocimiento de cuáles eran los trámites. Pasado el plazo de diez días, Migración verificará si iniciaron las gestiones y de no cumplirse notificará a Fiscalía.

Durante el operativo hubo siete procedimientos por estupefacientes. Fueron 88 las plantas de marihuana incautadas, así como varios recipientes con cogollos, y dinero en efectivo. Por estos hechos, los uniformados intervinieron a diez personas: nueve fueron emplazadas sin fecha y otra que ya fue citada a Fiscalía este miércoles.

También fue detenido un ciudadano que se encontraba requerido en Canelones, en una investigación por apropiación indebida. Fijó domicilio y quedó en libertad.

A sola firma

La inspección policial a la vivienda es otro de los recursos que la policía puede utilizar cuando no tiene orden expresa de un juez para ingresar a un domicilio. “Yo, dueño de una casa, tengo más poder que el juez. Es mi casa”, explicó Duarte, vocero policial, quien informó que solo vasta con la firma del morador o el que ocupa el lugar.

“Todas las personas que tenían plantas que se veían del exterior, se les preguntó si autorizaban y ninguna se negó. Si la persona no firmaba, no podíamos entrar. En las fincas que ingresamos, todas firmaron de forma voluntaria”, contó. Si bien ninguno de los extranjeros tiene antecedentes, todos ingresaron de forma ilegal a Uruguay, informaron las fuentes.

El objetivo del operativo fue en primera instancia hacer un relevamiento de qué personas vivían ahí. La policía hizo un “censo” de quienes estaban en un perímetro delineado por la jefatura días atrás. Se trata de una zona agreste, de monte, donde la gente vive en una situación “muy especial” porque “se instala en carpa y luego hace su casa de madera”, dijo Duarte.

En caso de elementos que dieran lugar a una inspección y las personas no lo autoricen, la policía iba a comunicarlo a Fiscalía para que pida orden de allanamiento a la Justicia. 

“Lo que hacemos es ver situaciones que aparentemente puedan estar irregulares y en base a eso se hace un procedimiento que se coordina, se planifica con Fiscalía, y después se actúa”, explicó García.

Consultado sobre criticas de vecinos a los procedimientos, el jefe de policía defendió la actuación en el lugar. “Si hay algo que estuvo mal en la actuación policial, tienen el derecho como ciudadanos de denunciar. Lo que veo raro es que todas las denuncias son por redes sociales. Vienen a Fiscalía y lo pueden hacer. Yo soy un auxiliar de la Justicia y de la Fiscalía. Me manejo con ellos y después los superiores ministeriales son los que van a evaluar si el procedimiento estuvo ajustado a derecho y si estuvo bien realizado. No me puedo basar por comentarios en redes sociales porque sino politizaría mi trabajo. Yo soy un profesional de la seguridad”, dijo a El Observador.

Fuentes de Fiscalía aseguraron que la institución no recibió ninguna denuncia formal por vulneración de derechos en este caso. Algunos efectivos utilizaron cámaras GoPro y también hay filmaciones desde el aire.

De acuerdo a lo informado por Duarte, los efectivos identificaban a las personas con tableta en mano, le consultaban si vivían en la zona y si eran propietarios. Un funcionario cargaba los datos al sistema informático. Ahora están en proceso de verificar los datos.

En esa zona existen denuncias de quejas por delitos al 0800 5000, número dependiente de la Dirección de Asuntos Internos que funciona como un centro de denuncias y pedidos de información. 

Desde la Jefatura explicaron que hay personas que residen en la zona y no justifican la propiedad donde viven. La costa atlántica de Rocha tiene balnearios donde la mayoría de los propietarios son extranjeros o de otros departamentos, por lo que las ocupaciones son un tema corriente, según la policía. 

El Ministerio del Interior tiene denuncias por estas situaciones en balnearios adyacentes como La Paloma, Valizas o Aguas Dulces, confirmó Duarte. La policía anunció que el procedimiento de esta semana fue el primero pero no el único.

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