24 de julio de 2015 5:00 hs

Los partidos de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de Venezuela encararán unidos las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre próximo, anunció ayer Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la alianza. Al mismo tiempo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió al gobierno venezolano que respete la libertad de acción de los opositores políticos e investigue los presuntos casos de "amenazas y ataques" contra ellos y contra periodistas, activistas y abogados. La MUD ha sido uno de los que han denunciado este tipo de actos.

Los partidos y organizaciones opositoras aglutinados en la MUD, unos 30, decidieron el miércoles por la noche, entre otras cosas, ir a los comicios legislativos "con una tarjeta única" de candidatos, reveló Torrealba en unas declaraciones a Unión Radio.

El acuerdo puso fin a diferencias internas admitidas por dirigentes opositores, entre ellos el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, quien advirtió esta semana que "sin tarjeta única" se pondría en riesgo "la adhesión mayoritaria" que, a su juicio, tiene el proyecto político opositor.

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"El 84% de los venezolanos dice que el país está mal", escribió Capriles en la red social Twitter, al sostener que, por primera vez desde que en 1999 llegó al poder el ya fallecido presidente Hugo Chávez, la MUD parte con ventaja en la carrera electoral.

"La política en el mundo y en Venezuela a veces es de maniqueos y llevan a divisiones entre buenos y malos, duros y blandos, radicales y moderados", pero los partidos de la MUD decidieron "no solamente llegar a la tarjeta única" sino impulsar "una estructura de funcionamiento" coordinado más allá de los comicios, señaló Torrealba.

También "vamos a tener una estrategia común y un comando de campaña electoral unitario", destacó.

"Hace cicno años se fundó la MUD, básicamente para sobrevivir, para oponernos y resistir", pero "hoy la situación es totalmente diferente", y la oposición es una "alternativa de poder, una alternativa de gobierno", subrayó.

El titular de la MUD reveló que los dirigentes de los partidos y organizaciones de la alianza informarán individualmente en el transcurso del día lo acordado.

"Yo adelanto que cada quien aportó desde su perspectiva una pincelada (...) que hizo posible este acuerdo (que) implica la cohesión no para oponerse a alguien sino para promover un proyecto de cambio", sostuvo.

Además de decidir que "todos apoyarán" a los candidatos a ocupar cada uno de los 167 escaños de la Asamblea Nacional (AN, unicameral), 99 de los cuales están en manos chavistas, los partidos de la MUD aprobaron "una agenda de cambio" que incluye cómo será "el funcionamiento de la facción parlamentaria (opositora) futura hasta el año 2021", añadió.

"No basta con ganar la AN", y por eso se acordó "lo que vamos a hacer con la mayoría (parlamentaria), lo que va a hacer el soberano encarnado en la nueva mayoría de la AN", y se resolvió que "todo lo que se haga esté enmarcado en la Constitución", agregó.

Reclamo de respeto

En sus observaciones sobre un informe presentado por Venezuela en junio "con siete años de retraso", el Comité de Derechos Humanos de la ONU reclamó garantías al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que no tome medidas "que pudieran constituir intimidación, persecución, descalificación o una injerencia indebida" en la labor de estos colectivos.

Cuando faltan poco más de cuatro meses para las elecciones legislativas varias decenas de personas se encuentran encarceladas en el país por motivos políticos.

Entre los casos más conocidos a nivel internacional se encuentran el del líder radical Leopoldo López y el del exalcalde Daniel Ceballos, acusados de incitar a la violencia en las protestas antigubernamentales de 2014. El comité está "preocupado" por su situación, y recuerda a Caracas que sus detenciones fueron declaradas "arbitrarias" por la ONU.

El comité no solo reclama "protección efectiva" para periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas sociales y abogados, sino que pide investigaciones "prontas" e "imparciales" sobre las acusaciones de casos de "intimidación, amenazas y ataques".

Los 18 expertos de este comité denunciaron los presuntos "casos de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, tortura o malos tratos, detenciones arbitrarias" durante las manifestaciones de 2014.

De febrero a mayo de ese año, varias ciudades venezolanas fueron escenario de protestas contra la inseguridad, la inflación galopante y la escasez de alimentos y productos básicos, que dejaron 43 muertos, y centenares de heridos y de detenidos.

El comité lamenta que "hasta la fecha solo se ha condenado a siete funcionarios" por estas presuntas violaciones de los derechos humanos.

En este sentido, el comité expresa su preocupación por la situación del Poder Judicial en Venezuela en lo referente a "la autonomía, independencia e imparcialidad".

Considera que hay pocos jueces titulares –"34%"–, lo que permite llevar a cabo nombramientos y remociones "de manera discrecional".

Concretamente, se preocupa por el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, detenida en 2009 por supuesta corrupción en el ejercicio de su profesión. Los expertos piden a las autoridades venezolanas "un juicio justo" y que se investiguen "las alegaciones de malos tratos y agresión sexual que habría sufrido durante su detención".

El informe incluye un apartado sobre la libertad de expresión en el que hace hincapié en la conveniencia de "despenalizar la difamación" y otras medidas que criminalizan "a quienes ofendieren o irrespetaren al presidente y a otros funcionarios de alto rango".

La crispación política y social en Venezuela se encuentra en un punto álgido antes de las elecciones de diciembre, vistas por muchos como la prueba más difícil a la que se enfrentará Maduro en sus dos años de gobierno.

EO Clips

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