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OPP multiplicó por diez transferencias a municipios
Unas 2.979 “acciones en territorio”, 1.076 proyectos con los 19 departamentos y 112 municipios incluidos, que implicó una inversión de $ 16.000 millones de pesos (más de US$ 400 millones) solo en 2020.
A primer golpe de vista, estos son los números que presenta la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que generó un impulso importante en los últimos cinco años, sobre todo en infraestrucutra con fondos para obras y transferencias a las intendencias departamentales. En el acumulado lo transferido quinquenalmente supera los US$ 1.500 millones.
En el caso de las intendencias, constitucionalmente el 3,3% del presupuesto deben ser transferidos por asignaciones departamentales a las 19 comunas, lo que equivale a un monto aproximado a $ 16.000 millones al año (US$ 400 millones).
El resto es financiado a través de préstamos que toma el gobierno nacional de organismos internacionales como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según informaron a El Observador desde la OPP, dichas transferencias se dividen entre el 90% que va para el interior del país y el 10% para Montevideo.
El subdirector de la OPP, Santiago Soto, dijo en esta línea que “en particular desde 2005 se plasmaron normas muy claras para establecer el vínculo entre ambos niveles de gobierno”.
"La descentralización fue una prioridad y se asignó un 184% más de recursos mientras que la recaudación creció un 84% en términos reales en el mismo período. En este quinquenio además, se fortalecieron los municipios que alcanzaron a ser 112 en todo el país, alcanzando a obtener el 10% aproximadamente de lo transferido a todos los gobiernos subnacionales (intendencias y municipios)”, defendió el jerarca.
En la misma línea, se expresó quien será el sucesor de Soto en el organismo, José Luis Falero, que además durante los últimos diez años le tocó estar del otro lado del mostrador, como negociador en los últimos dos presupuestos en representación del Congreso de Intendentes.
Falero recalcó a El Observador que en este quinquenio se sumó a la descentralización la importancia que se le dió a los municipios en la asignación de recursos, pasando de $ 100 millones “que apenas daba para pagar los sueldos de los alcaldes”, a los $ 1.000 millones, multiplicandose por diez.
“Lo que se acordó es brindar mayor autonomía a los municipios. Este último año terminamos volcando $ 700 millones desde las intendencias y $ 300 millones fueron desde Rentas Generales. Lo que se logró fue institucionalizar mejor y se le dió un mayor respaldo al tercer nivel de gobierno, que antes el acceso a recursos podía dependía más del buen relacionamiento entre alcalde e intendente”, explicó Falero.
Unos $ 18.000 millones fueron las transferencias durante el 2018, principalmente destinadas a alumbrado y la unificación de la patente.
Sin embargo, en otros aspectos de la gestión de la OPP, el futuro subdirector del organismo opinó que “hubo cosas que se podrían haber hecho mejor, redistribuyendo de mejor forma”.
“Ahora tenemos una realidad, y aunque obviamente hay que seguir apostando a la descentralización, también hay que revisar que los recursos que se vienen volcando tengan durabilidad en el tiempo y sean eficientes. Hay casos en que, con muchos recursos, se queda casi todo el presupuesto en equipo técnico y es muy poco lo que queda en obra”, criticó el político nacionalista.
Un punto destacado tanto por actuales jerarcas de la OPP, como por intendentes pertenecientes a los partidos tradicionales, han sido los cumplimientos en tiempo y forma de los compromisos asumidos, lo que ha derivado además en un buen relacionamiento entre las autoridades.
Las principales obras
Según consta en la página web de la OPP, el departamento con más proyectos financiados desde 2015 fue Canelones, con 90 inciativas por un valor aproximado de US$ 62 millones. Lo siguen en cantidad de emprendimientos Cerro Largo con 83 (US$ 28 millones), Salto con 79 (US$ 29 millones) y Tacuarembó con la misma cantidad de proyectos por un importe de alrededor de US$ 34 millones.
En el penúltimo lugar y solo por encima del departamento de Flores (26 proyectos), se encuentra el departamento de Montevideo, con 34 inciativas financiadas por la OPP por un monto que asciende a algo más de US$ 6 millones.
El programa de Desarrollo y Gestión Subnacional, por ejemplo, cuenta con un financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$ 90 millones y en la actualidad se están ejecutando 15 proyectos en distintos puntos del país.
Este jueves, además, la Comisión Sectorial de Descentralización aprobó nuevas inversiones en varios departamentos del interior, por $ 140 millones (US$ 3,7 millones) en proyectos de infraestructura y caminería rural.
Solo en enero, entre otros, el organismo que funciona en Presidencia de la República transfirió $ 40 millones (US$ 1 millón) a la Intendencia de Salto para la construcción de la Central Horícola de Salto y se restauró el espacio de visitas de la Plaza de Toros de Colonia, que demandó una inversión –cofinanciada por el BID– de US$ 5,7 millones.
En diciembre, la OPP junto al ministerio de Economía y Finanzas y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) anunciaron una inversión por US$ 72 millones que implicará la construcción de 23 nuevas escuelas, 10 polideportivos y 9 polos tecnológicos que se distribuirán en 16 departamentos del país.
Según consta en la Rendición de Cuentas de 2018, las transferencias que reciben los gobiernos departamentales de parte del gobierno nacional implicaron para 15 Intendencias más del 40% de la totalidad de los recursos de los que dispusieron.
En el caso más extremo, se encontraba la intendencia de Treinta y Tres, para la cual los recursos nacionales representaron el 60% de sus ingresos, mientras que en la otra punta se ubicó Montevideo, con un 10% del peso total de sus recursos debido a su mucho mayor base contributiva.
La distribución de los recursos entre los distintos gobiernos departamentales responden principalmente a la aplicación de los criterios de población, superficie, capacidad recaudatoria y necesidades básicas insatisfechas, según fue propuesto por el Congreso de Intendentes.
