Desde el Plan República –dispositivo militar de apoyo a los comicios–, el general Willmer Barrientos declaró a la agencia EFE que la jornada transcurrió prácticamente sin incidentes, a pesar de que hubo unos 15 delitos electorales tales como ingerir una papeleta o romperla en el centro de votación. Se reportaron tres muertes en hechos aislados “que no tienen nada que ver con el proceso electoral”, agregó.
Sin embargo, en Twitter las denuncias se sucedían hacia las distintas cuentas habilitadas a estos efectos. Varios de los mensajes incluían fotos de los delitos y lo que más se repetía eran acusaciones de proselitismo político en las cercanías de los centros de votación.
Un representante de la organización Usted Abusó, vinculada a la oposición y sin fines de lucro, declaró por teléfono a El Observador que el principal problema registrado era que varias máquinas no funcionaban, “al menos cinco de cada diez”, y que el proceso se estaba haciendo muy lento.
Al cierre de la votación, la organización Voto Joven -también opositora- había recibido 2.032 denuncias en 25 estados. La más recurrente fue la denominada “operación Morrocoy”, consistente en demorar de modo injustificado el proceso. También se detectaron varias irregularidades en las mesas y propaganda.
A pesar de estas denuncias, Jorge Mazarovich, integrante de la Mesa Política del Frente Amplio y uno de los observadores del proceso, declaró por teléfono a El Observador que su delegación había recorrido “decenas” de colegios electorales y que no había detectado este tipo de fallas.
