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Organizaciones civiles exigen que se reconozca el derecho de todas las migrantes a abortar

La oleada migratoria que se produjo en los últimos cuatro años reavivó un debate que parecía haber quedado saldado en 2012

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15 de marzo de 2019 a las 05:04

La proclama de la Intersocial Feminista, de la que forman parte más de 20 colectivos del país, fue aplaudida por cientos de mujeres que este 8 de marzo marcharon por la Avenida 18 de Julio para reivindicar sus derechos en el Día Internacional de la Mujer. Modificar las relaciones de poder, erradicar la marginación de las minorías y "decir basta" a los femicidios fueron algunos de los enunciados. Sin embargo, hubo un reclamo que, para los que prestaron menos atención, probablemente haya pasado desapercibido: el derecho de las migrantes a abortar. 

"Paramos y marchamos para reivindicar la libertad sobre nuestros cuerpos, para elegir cómo y cuándo ser madres, o elegir no serlo. Para exigir servicios de aborto en todo el país, accesibles y respetuosos para todas, cualquiera sea nuestra nacionalidad. (...) Paramos y marchamos para gritar a viva a voz que el compromiso con una agenda de derechos implica un compromiso fuerte con la profundización de la democracia, y aquí estamos las mujeres para encarnar su defensa", manifestaron desde la Intersocial Feminista.

 La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo reguló en 2012 la práctica del aborto, quitándole responsabilidad penal a aquellas mujeres que se lo realicen en las primeras doce semanas de gestación. No obstante, el artículo 13 de la norma pone como condición tener un año de residencia en el país. De este modo, quedan excluidas aquellas extranjeras que llegaron hace menos de 365 días al país, exceptuando los casos de violación y trata. 

La oleada migratoria que se produjo en los últimos cuatro años reavivó un debate que parecía haber quedado saldado en 2012. En los últimos cuatro años el estado uruguayo concedió 51.440 residencias a extranjeros, lo cual representa el 1.5% de la población si se toma como referencia el censo hecho por el Instituto Nacional de Estadística en 2011.Tan solo en 2018, esa cantidad fue superior a los tres años anteriores. 

Desde distintas organizaciones civiles manifestaron a El Observador que las contactaron embarazadas migrantes con menos de un año de residencia en el país, pidiendo asesoramiento porque no deseaban continuar con la gestación. "Es un tema de derechos humanos en general, están siendo discriminadas. Creemos que las mujeres tienen que tener acceso a ese derecho, sin importar su nacionalidad", aseguró la abogada Valeria España, fundadora del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos. 

La Constitución es la principal arma de quienes abogan por eliminar el artículo 13 de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y de este modo garantizar el derecho al aborto a todas las mujeres que pisen suelo uruguayo, sin importar cuánto tiempo pasen en el país. La carta magna establece, en el primer artículo, que "la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio". Y el artículo 8 expresa que "todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes". "Por tanto, se está violando el principio de igualdad: estas mujeres no son iguales ante la ley, solo por su nacionalidad", concluyó España. 

"Es una necesidad imperiosa, como para solucionarla ahora. Uruguay tiene que ser responsable y respetuoso con los derechos humanos, como lo hemos sido siempre", expresó Leonel Briozzo, subsecretario de Salud cuando fue regulada la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El ginecólogo además dijo que son tantas las pacientes extranjeras que ingresaron al Hospital Pereira Rossell en los últimos años, que tuvieron que empezar a "incorporar sus prácticas culturales" al atenderlas y que, por tanto, se dio un cambio en "la cultura de la institución". 

El artículo 13 de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aquel que prohíbe practicar abortos a mujeres con menos de un año de residencia, obliga a los médicos a poner en práctica el Protocolo de Reducción de Riesgos y Daños del Aborto Inseguro. Es decir que si la mujer consulta antes del potencial aborto, recibe una consulta de asesoramiento para reducir el impacto sanitario y, luego de la intervención, el personal de salud procede a brindarle atención integral.

Cuando la despenalización del aborto estaba siendo discutida en el Parlamento, varios legisladores plantearon la necesidad de restringir el acceso a esta práctica, por temor a una suerte de "turismo abortivo". De no hacerlo, según los dirigentes, embarazadas extranjeras vendrían a Uruguay para interrumpir la gestación, porque en sus países de procedencia esta práctica seguiría siendo ilegal. El artículo 13 pretendió, por tanto, adelantarse a este escenario. 

Los colectivos consideran, sin embargo, que este planteo es "ilógico", ya que una mujer pobre no tendría dinero para pagar los gastos de venir a Uruguay a hacerse un aborto. Por otra parte, aseguran, una embarazada con posibilidades económicas podría acceder al Misoprostol —la droga que usa el Ministerio de Salud Pública— en su país, sin tener que trasladarse. No obstante, las agrupaciones consultadas para esta nota no pudieron explicar una forma de conciliar ambas posturas: conceder el derecho a todas las mujeres, asegurado que de todas formas Uruguay no se convierta en un destino de "turismo abortivo". 

La pregunta, para algunos, es si esta discusión siquiera tiene sentido. "Existe un principio de razonabilidad, de sentido común, de qué se está priorizando. Yo me pregunto: si alguien que no reside hace un año en el país tuviera un paro cardíaco, ¿se lo negarían? Bueno, con este tema es igual", razonó la fundadora del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos.

Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, explicó a El Observador que este tema está "muy presente" en la agenda de los colectivos feministas y que por eso la Intersocial lo incluyó en la proclama del Día de la Mujer. De momento no ha habido un planteo formal a legisladores o dirigentes políticos. 

 

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