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USU se pronunció sobre el tema caminería rural.

Agro > TRIBUNA / FEDERICO HOLZMANN

Otra vez, la única salida es más impuestos

Federico Holzmann, de Un Solo Uruguay, y el tema caminería rural: "Las ineficiencias las seguiremos pagando quienes invertimos, quienes arriesgamos día a día"

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07 de agosto de 2022 a las 05:00

Por Federico Holzmann, especial para El Observador

El 15 de junio fuimos informados –por uno de los delegados de la Asociación de Transportistas Profesionales de Paysandú (ATPP)– sobre una reunión que ocurrió por un llamado de la subdirectora de Administración de la Intendencia de Paysandú.

El tema considerado fue el “uso intensivo de la caminería rural” y en ese marco la ATPP fue informada sobre que la intendencia lleva adelante un proyecto de cobro por la utilización de esa caminería.

El objetivo es llegar a los tributantes de IRAE del sector agropecuario, para que por defecto se involucre principalmente al transporte de madera, que es quien utiliza el 60% de esa caminería y hoy por hoy no aporta un solo peso para su mantenimiento.

El proyecto busca que el transporte traslade ese cobro al precio del flete, lo que rondará en un costo aproximado de $ 100 pesos por km recorrido.

Esto intenta ser un nuevo impuesto a la producción departamental, un impuesto indirecto, que busca implementarse por un mecanismo legal, pero que recorrerá por la banquina el transcurso a su implementación –sin pasar por la Junta Departamental–, tomando carácter de reservado para desconocer la verdadera intención del mismo.

Se trata de un nuevo impuesto a la producción, que en el caso de algunas actividades costará más que el flete mismo, afectando a producciones en padrones desde donde cada año se paga la contribución inmobiliaria rural, que debería ser destinada en su totalidad para ese fin –mejora de los caminos– y que en el departamento, como surge de declaraciones de alcaldes de la zona norte de Paysandú y de vecinos que transitamos en ellos, fueron abandonados, muchos por 23 años y en otra gran proporción por 13 años.

En esos años tuvimos que bancar roturas de todo tipo en la flota de transporte, además de pagar también los tributos municipales (patente de rodados), más permiso de circulación y control vehicular, entre otros.

¿A dónde fueron los dineros de los contribuyentes en todos estos años? ¿Quién se hace responsable de los altos costos en roturas que a causa del estado de la caminería rural aún hoy sufrimos?

Para muestra basta un botón, alcanza con intentar recorrer los 52 km que unen Chapicuy con la zona de Carumbé, o Guichón con Piedra Sola o con Tambores.

Una vez más se está intentando generar una división entre dos sectores importantísimos para nuestro país y el desarrollo del mismo, el transporte y la producción, sectores que generan las mayores riquezas.

De ponerse en marcha este nuevo impuesto lo único que generará es continuar acentuando la marginalidad de nuestros campos, primariamente en la agricultura, un sector que ha menguado por los altos costos de fletes al puerto de Nueva Palmira.

Es el comienzo del fin de esta noble actividad, algo que traerá aparejado más desocupación, menor recaudación y cada vez más centralismo.

Esto dista mucho del conocimiento de nuestros representantes departamentales, que no conocen de qué forma se negocian las tarifas de fletes y la comercialización de lo que estos transportan.

Tanto la ganadería como los granos y la madera son adquiridos en mayor proporción por multinacionales que cada una en su rubro fija tarifas cada vez más ajustadas, tanto que hoy el transporte atraviesa una profunda crisis en parte por este aspecto.

Absolutamente todas son tributantes de IRAE, por lo cual no habrá diferenciación a la hora de ver qué productor tributa Imeba o IRAE, por lo que se genera aquí un segundo problema.

Si analizamos el comportamiento de los costos de  fletes, podremos ver la preferencia a realizar el acarreo de arroz en otro departamento y que la soja tendrá un mayor costo en nuestro departamento, resentiríamos la producción de cebada cervecera que el productor elije por tener la industria local, o el sorgo y maíz con destino a la industria de alcohol  existente. Lo mismo ocurriría con la ganadería y así podríamos seguir enumerando casos.

De prosperar esto, las ineficiencias las seguiremos pagando quienes invertimos, quienes arriesgamos día a día.

Está claro que no existe respeto y cuidado con el contribuyente, por el contrario se busca cómo poder seguir hurgando en la poca o escasa rentabilidad del sector y no se busca cuidar el gasto público, en lo cual las intendencias son un jugador importantísimo.

(*) Vocero de Un Solo Uruguay

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