Pagarles a barras bravas: el arma de doble filo que vuelve a apuntar contra Nacional

“¿Es un delito tener $ 180 mil guardados? El señor gana $40.000  por partido”, dijo en la audiencia realizada el viernes el abogado Pablo Casas, quien defiende al único de los dos indagados que acabó siendo imputado por el delito de homicidio y enviado a la cárcel con prisión preventiva. El otro, que es defendido por el abogado Enrique Viana y se encuentra emplazado por la Justicia, reclamó en contra del pedido de la fiscalía de prohibirle viajar al exterior por 60 días, alegando que debe salir del país habitualmente para seguir a Nacional, club para el que trabajaba y por el que cobra un sueldo: “Soy un nexo entre la hinchada y el club, cuando la hinchada precisa algo se lo transmito al club y cuando el club precisa algo de la hinchada se lo transmito”, señaló.

Viana en declaraciones a El Observador dio más detalles de cómo era la relación de su defendido con la institución. "Lo que ellos dicen es que estaban pendientes de los transportes, de los arribos a los estadios, el traslado de los bombos, y que controlaban el comportamiento de sus compañeros", dijo.

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La fiscal de Homicidios que investiga el crimen, Mirta Morales, sostuvo a El Observador que al momento descarta citar a dirigentes del club porque entiende que Nacional no tiene nada que ver con el caso, ya que el móvil es un conflicto por narcotráfico ajeno a las actividades de la institución. "Por ahora la supuesta vinculación laboral con Nacional no estaría vinculada al homicidio", afirmó.

Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior señalaron que de existir pagos a barras bravas podría tratarse de una irregularidad, ya que se les estaría pagando para que realicen tareas de seguridad por fuera de las empresas formales y que son controladas por la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe) del Ministerio del Interior.

Cuando a fines del 2016 presidencia emitió una serie de medidas para combatir la violencia en el fútbol, los clubes se vieron obligados a contratar empresas de seguridad privada para controlar las tribunas. Nacional fue el único club del fútbol uruguayo que en lugar de contratar una empresa tercerizada, decidió constituir una y registrarla en la Digefe tras entrenar a sus funcionarios.

Los hinchas indagados no podrían trabajar como gaurdias en esa compañía porque la normativa prohíbe que se desempeñen en ese rol personas que hayan sido condenadas por delitos dolosos o ultraintencionales (cuando el resultado excede de la intención, siempre que tal resultado haya podido ser previsto).  Asimismo, el jefe de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Rafael Peña, dijo a El Observador que cada vez que se realiza un partido se revisa que los trabajadores de seguridad privada efectivamente cuenten con la habilitación. 

Peña dijo que no le costa que Nacional le pague a referentes de la barra para calmar los ánimos de los hinchas y evitar enfrentamientos.

José Decurnex, presidente de Nacional, dijo en Sport 890 que no haría declaraciones sobre el tema. "No voy a hacer ninguna reflexión al respecto, como lo dijo (el subsecretario del Interior) Jorge Vázquez, es un tema de delincuencia común donde Nacional no tiene nada que ver y no amerita que Nacional haga ningún comentario al respecto".

Por otra parte, el vicepresidente del club, Alejandro Balbi, dijo ante la pregunta de si había hinchas que cobraban un sueldo que no tenía declaraciones para dar. Así mismo dijo que al club no le consta que las personas indagadas por el homicidio de los otros dos integrantes de la barra hayan declarado ser empleados del club.

Leonardo Carreño

Los pagos a hinchas fueron reconocidos en 2015 por el entonces presidente de Nacional, Eduardo Ache, quien había declarado a la Justicia por otra causa que su club pagaba entre $ 30.000 y $ 40.000 a al menos dos referentes de la hinchada, informó El País en su momento. "Los dos funcionarios que tenemos, Ramón y el Sapo, son a pedido del Ministerio del Interior, son dos referentes de la hinchada y se han incluido como funcionarios para ser incluidos en ese rol", dijo Ache en esa oportunidad.

Asimismo, en mayo de 2017, el entonces asesor legal de la seguridad de Nacional, Víctor Della Valle, declaró en el programa Tirando Paredes de la 1010 AM que el club contrató a 40 personas, cuyos nombres fueron proporcionados por la barra brava,  para que “traten de evitar que se canten cosas agraviantes, y que se tiren cosas a las canchas”.

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Aquellas declaraciones se dieron luego de que se conociera que un hincha de Nacional que tenía antecedentes penales y que estaba registrado entre los 40 “colaboradores” del club en materia de seguridad, había robado banderas de Peñarol y las había guardado en la sede del club tricolor. El individuo fue procesado sin prisión por un delito de receptación, y según dijeron entonces autoridades del club desvinculado de la actividad que desempeñaba como referente pago de la barra.  

El antecedente del “Nandito”

Fuentes del Ministerio del Interior reconocieron que en el fútbol uruguayo era habitual que los clubes pagaran o entregaran entradas a referentes de la barra a cambio de que éstos calmaran los ánimos de sus pares y previnieran incidentes. En Peñarol, el último antecedente que tomó estado público fue el del "Nandito", uno de los referentes de la barra  de ese club que fue baleado en noviembre de 2016, y que cobraba $ 5.000 por partido por controlar el talud, evitar que se arrojen piedras a los porteros de una de las puertas del estadio y que no se robe a los vendedores de refrescos, según reveló la investigación de Inteligencia. 

A finales de 2016 Peñarol cambió su política, y según declaró el jefe de seguridad, Horacio Zaugg, “de ningún modo” se le paga a hinchas, aunque prefirió no hacer declaraciones sobre lo que se hacía hasta esa fecha.

La nueva directiva del club contrató a una empresa de seguridad privada y además cuenta con personal propio dedicado a custodiar puntos claves durante los encuentros. Este grupo también está registrado ante Digefe y por tanto no tiene antecedentes penales.

Según explicó Zaugg, la comisión que impuso estos cambios y que estuvo dirigida por el ex ministro de la Suprema Corte,  Jorge Ruibal Pino, puso como condición de que no se le entregara a barras bravas.