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Pago electrónico genera disputa entre propietarios de taxis

Un grupo de permisarios de taxi denuncia presiones para firmar contratos para la instalación de terminales POS

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30 de abril de 2018 a las 05:00

Luego de años de postergación, la patronal del taxi llegó a un acuerdo con la empresa Geocom y comenzó a instalar terminales POS para aceptar pago con tarjetas en los 2.700 vehículos que pertenecen a la organización. La noticia fue considerada un "hito" para empezar a sacar el dinero de los móviles. Sin embargo, detrás del anuncio, hay un mar de fondo de disputas en la interna de la patronal del taxi por la implementación del sistema.

Un grupo de taxistas reunidos en la Asociación Civil Taxis Unidos del Uruguay (ACTUUR) rechazan que la patronal sea el intermediario en el negocio de pago con las tarjetas de crédito y recomiendan no firmar los contratos promovidoS por el Centro de Propietarios con Taxímetro del Uruguay (CPATU) para colocar las terminales POS.

En 2016 el Ministerio de Economía anunció la puesta en marcha del cobro electrónico en taxis. Desde entonces, un grupo de taxistas vio que la patronal estaba actuando con "inoperancia", pese al interés de varios propietarios en colocar rápidamente las terminales para poder empezar a competir con Uber. El año pasado estos propietarios (algunos socios de CPATU actualmente) empezaron a reunirse para tomar acciones. En enero de este año, finalmente, comenzaron los trámites de regularización ante el Ministerio de Educación y Cultura para constituirse como Asociación Civil, y poder instalar por su cuenta las terminales POS.


Las demoras en instalar las terminales se debían a que la dirigencia de CPATU estaba armando un "negocio redituable solo para algunos taximetristas", dijo a El Observador el abogado Alejandro Fernández, asesor legal de ACTUUR. El dirigente y asesor de la directiva de CPATU, Oscar Dourado, negó esa versión, pero declinó hacer más comentarios cuando fue consultado por El Observador.

Contratos y presiones

Para colocar una terminal POS, CPATU exigía a los propietarios (además de los contratos con las tarjetas de crédito) un "contrato de fidelidad" con la patronal de cuatro años. Este acuerdo fue presentado en una asamblea el 4 de enero. La tercer cláusula de ese contrato establecía que los propietarios tenían que pagar "una cuota fijada por CPATU (de monto no especificado) a los efectos de poder cumplir con los servicios que presta y propender a la mejora del mismo de acuerdo a los avances tecnológicos que se sucedan en el tiempo", de acuerdo al contrato al que accedió El Observador. Según Fernández, esta cláusula implicaba "firmar un cheque en blanco con CPATU, por el cual la patronal iba a cobrar una cuota por intermediar entre los propietarios y las tarjetas de crédito. Según Fernández, CPATU iba a concentrar el dinero pago a través de tarjetas de crédito, luego repartirlo a cada propietario y cobrar un monto por ello.

Según ACTUUR la "fidelidad" de cuatro años exigida en el contrato buscaba "atar" a los propietarios para que CPATU les pudiera vender una aplicación para unificar pagos con tarjeta que se estaba negociando con la empresa española Taxitronic. Esta aplicación, según Fernández, busca mejorar la aplicación Voy en Taxi que actualmente utiliza CPATU. "En 10 años nos vendieron cinco equipos diferentes electrónicos (como GPS, tablets, teléfonos de Voy en Taxi) que a los dos años quedan desactualizados. Todo vale miles de dólares y después establecen un service de los equipos que está en las mismas manos de CPATU", dijo Fernández. "Entonces nosotros queremos dejar de estar enganchados", aseguró.

ACTUUR sostiene que los propietarios de taxis fueron "presionados" para firmar este contrato mediante la colocación de carteles en la sede de CPATU que alertaban que la Intendencia de Montevideo iba a salir a fiscalizar que cada taxi tuviera sistema de cobro con tarjetas en la próxima inspección técnica.

Preocupados por esta supuesta advertencia, los taxistas disidentes consultaron en la comuna, que emitió un comunicado dirigido a los permisarios de taxímetros en la que aclara, con mayúscula, que "no hay nada que esté definido (respecto al pago electrónico) que se vaya exigir en la próxima inspección técnica", según el texto al que accedió el El Observador.

Este contrato fue rechazado en Asamblea del 22 de febrero lo que obligó a CPATU a rediseñar el texto. Un nuevo contrato fue presentado en la Asamblea del 17 de abril pasado. En ese texto la cuestionada cláusula 3 fue sustituida por otra en la que se establecía un pago a Antel de 100 pesos por mes, por la infraestructura para trasmitir datos desde los POS hacia las compañías tarjetas de crédito. La duración del contrato de "fidelidad", sin embargo, siguió siendo de cuatro años.


Esta última versión del contrato es la que finalmente está a disposición de los propietarios para la firma y la colocación del POS. No es obligatorio firmar ese contrato pero si no se hace la patronal no coloca el POS.

Espejos de colores

ACTUUR recomienda a los propietarios no firmar ese contrato dada la "fidelidad" de cuatro años que exige la patronal. Pero además cuestionan el modelo de contracto con las compañías de tarjeta de crédito que la patronal presenta a los propietarios para firmar. Esos contratos establecen que el dinero de la transacción electrónica no queda depositado en la cuenta de los propietarios sino en la cuenta de CPATU para luego ser repartido.

Los taxistas disidentes temen que la patronal retenga ese dinero por más de un mes y complique el pago a jornaleros y la compra de gasoil. Su temor se basa en experiencia previas "malas". "Hay viajes que se pagan con cupones que el taxista deber cambiar por efectivo en CPATU. Pero la patronal demora 40 días en reembolsar. No queremos repetir esa experiencia", sostuvo el asesor legal de la Asociación Civil. "Nosotros queremos que la plata vaya a la cuenta del dueño del taxi. No hay razón para que haya un intermediario", agregó.

Debido al malestar por los contratos presentados por la patronal, ACTUUR se reunió en enero con el coordinador de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba, y el entonces director de Tránsito Máximo Oleaurre para obtener autorización para instalar terminales POS en los móviles por su cuenta. Desde marzo, tiene instalados 150 POS en 300 móviles que forman parte de la Asociación Civil. Las terminales fueron instaladas con la empresa Gecom, la misma que hizo un acuerdo con CPATU. La razón es que esta empresa es la única que vende terminales compatibles con la tarjeta STM por lo que no van a tener que ser cambiadas cuando ese sistema esté funcionando.

"El taxi se ha venido al fondo y no da para que nos vendan espejitos de colores. Esta asociación se crea para decir basta y competir ", sostuvo Fernández.

Pago con STM

Este sistema en donde la CPATU actúa como intermediario de los pagos electrónicos busca ser evitado por los miembros de la Asociación Civil Taxistas Unidos cuando la Intendencia implemente el pago con la tarjeta STM de los viajes.

Según explicaron los taxistas, para habilitar el pago con STM la intendencia quiere hacer un sistema similar al que ya existe con el ómnibus. Actualmente la comuna "concentra" los pagos y luego deposita la plata en las cuentas de cada compañía. El sistema será replicado para los taxis pero la comuna le pidió a los propietarios que se reúnan en asociaciones más chicas para simplificar el sistema de pagos y no tener que distribuir entre los más de mil permisarios. La comuna a través del departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente desarrolla el software para el sistema de pagos.




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