Pandora Papers: ¿cuándo un negocio offshore es ilegal y entra en la mira de la secretaría antilavado?

A priori una sociedad offshore no es ilegal, explicaron expertos a El Observador. Cuando sí comienza a teñirse de ilegalidad es cuando el dinero que por ella circula tiene origen delictivo. 

Si se encontraran irregularidades en los métodos de la empresa, la Senaclaft tiene facultades para aplicar sanciones administrativas que van desde el apercibimiento, observación, multa y suspensión. Puede haber repercusiones penales, pero para eso tiene que haber un delito precedente y comprobarse que Alcogal lo encubrió alevosamente. 

"El problema es el origen del dinero. Si es producto de su actividad comercial lícita, no hay problema. La creación de estas sociedades es lícita, la búsqueda de pagar en otras jurisdicciones impuestos más bajos -dentro de determinados parámetros- es lícito. Donde todo se vuelve probablemente delictivo es si el origen del dinero lo es. Eso es el lavado de dinero. El ir cubriendo con capas, como si fuera una cebolla, el origen ilícito del dinero para poder integrarlo a la actividad comercial", aclaró Jorge Chediak, titular de la secretaría.

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"Si hay un cargo político de por medio puede haber una connotación de ética o moral, pero en principio no es un delito. Es totalmente legal. Cuando se pone dinero a efecto de evitar los controles ahí puede haber algún delito, que en caso de detectarse lo debe investigar la fiscalía penal competente", complementó Gustavo Misa, supervisor del área de Fiscalización, en diálogo con El Observador. 

Alcogal tiene oficinas en el World Trade Center de Montevideo desde julio del 2012. En el año 2014, publicaron que su oficina tenía "dos objetivos claros". "Por un lado, atraer nuevos clientes del cono sur y, por el otro, satisfacer de forma más eficiente y cercana las necesidades de los clientes existentes de la firma en dicha región", expresaron. Además de aportar "soluciones creativas y responsables". Entre otras cosas, se dedican a vender sociedades offshore. 

Leonardo Costa, abogado corporativista del estudio Brum & Costa, señaló a El Observador que desde los Panamá Papers hasta ahora ha habido múltiples cambios en las regulaciones para evitar ilícitos. Tener sociedades offshore no es un delito, siempre que esté debidamente declarada y con los trámites correspondientes. El rol de Alcogal en el control es constatar que el comprador de la sociedad "se encuentra fiscalmente en forma regular". 

Para eso, deben tener un manual de procedimiento y un oficial de cumplimiento, hacer la debida diligencia, identificar al beneficiario final y el origen de los fondos, y verificar la regularidad fiscal.

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Toda esta información permite rastrear a la persona física detrás de esa sociedad. Por otra parte, es responsabilidad del cliente declarar esa cuenta offshore en su país de origen. Según Costa, a partir de los cambios que hubo para impedir un segundo episodio como el de los Panamá Papers, la información llega al fisco uruguayo aunque el dueño de la sociedad offshore quisiera pasar por debajo del radar.

"En 2016 no había intercambio de información tributaria, no había intercambio bajo pedido, no se declaraba el beneficiario final, había mucho menos cooperación. Los países podían no cooperar. Eso hoy ya no ocurre. A menos que se hagan contrariando alguna regla, las estructuras offshore son estructuras transparentes", afirmó el abogado y sentenció: "Vivimos en un mundo diferente".

Hasta este domingo, la ICIJ había analizado 109 reportes de operaciones sospechosas realizadas por Alcogal, pero 87 fueron realizadas luego de que autoridades o periodistas hubieran expuesto públicamente que el cliente estaba involucrado en alguna falta.