19 de noviembre de 2014 21:37 hs

El Poder Judicial y el Ejecutivo se mantienen enfrentados por una deuda salarial que se arrastra desde 2011. Según la estimación del gobierno la deuda es de US$ 60 millones anuales, que llegarían a US$ 240 millones en los cuatro años. Sin embargo, un documento elaborado por el Poder Judicial al que accedió El Observador, establece que la deuda es de US$ 30 millones anuales.

El conflicto se origina en dos leyes defectuosas declaradas inconstitucionales y el monto exacto a pagar dependerá del resultado de juicios que se están tramitando pero hay diferencias en las cifras estimadas hasta ahora.

Si bien el informe elaborado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solo comprende al Poder Judicial, se trata del grupo más numeroso de funcionarios ya que entre magistrados, defensores y funcionarios llegan a un total de 4.700.

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Los otros organismos comprendidos en el reclamo son el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral,pero el aumento solo abarca a los 21 ministros de los tres organismos. También está incluido el Ministerio Público y Fiscal, donde entre fiscales y funcionarios son algo más de 600 cargos. A su vez, los registrales –quienes llevan más de un mes de huelga por plantear que están equiparados a los judiciales– no llegan a mil cargos.

Luego de la reunión del 11 de noviembre entre los ministros de la SCJ y representantes del Poder Ejecutivo en busca de una solución, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero remarcó que el Poder Ejecutivo deberá gastar “muchísimo dinero” para pagarle a todos los funcionarios que están comprendidos en el incremento salarial.

Guerrero afirmó que la deuda es de US$ 60 millones anuales, contando desde 2011 y un incremento salarial del 21,6 % en adelante.

De todos modos, según el estimativo realizado por el Poder Judicial la cifra es menor a la mencionada por el gobierno.

La mitad
“No sabemos de dónde sale esa cifra”, dijo a El Observador el presidente de la Suprema Corte, Jorge Larrieux. Agregó que no conoce las cifras de las deudas de los restantes organismos comprendidos en el reclamo pero planteó que las del Poder Judicial son de la mitad de los estipulado por el gobierno.

El documento elaborado por la División Contaduría del Poder Judicial, realizó una estimación de la deuda salarial en los siete escalafones –jueces, defensores públicos, profesionales equiparados, directores generales, especializado, funcionarios– y concluyó que la cifra mensual es de 60 millones de pesos (US$ 2,5 millones). Ese informe toma el período comprendido entre abril del año 2011 y julio de 2014.

Si se multiplica esa cifra por los 40 meses de deuda, da un total de dos mil millones de pesos que convertidos a dólares serían 99 millones en los cuatro años, más de la mitad de lo estimado por el Poder Ejecutivo que llegaría a US$ 240 millones.

La jerarca de la División de Planeameinto y Presupuesto del Poder Judicial, contadora Luz Gonnet explicó a El Observador que para conocer la cifra exacta es necesario calcular las reliquidaciones salariales y “ello está sujeto a lo que se resuelva en cada uno de los juicios que se están realizando, a lo cual se le debe agregar los intereses por el tiempo transcurrido”.

No obstante, afirmó que “el costo estimado anual de la equiparación, a valores 2014, rondaría los U$S 30 millones, sólo para cargos equiparados del Poder Judicial”.

“No tengo claro a qué corresponde el monto que informa el Poder Ejecutivo”, indicó.

Los otros organismos comprendidos no han estimado el valor de lo adeudado, según pudo constatar El Observador al consultarlos.

Guerrero dijo a los ministros de la Corte que volvería a convocarlos para acordar el pago pero por el momento no han recibido ninguna llamada.

El jueves pasado, Guerrero se reunió con el secretario general del gremio de funcionarios públicos (COFE), José Lorenzo López. Según dijo el dirigente a El Observador, Guerrero le informó que luego de una reunión que mantendría con Mujica y el ministro de Economía, Mario Bergara, ese mismo día, se resolvería cómo pagar la deuda. De hecho, recordó López, Guerrero se comprometió a comunicarse esta semana para informar las fechas de pago, cosa que hasta ayer de tarde no había ocurrido.

Además de complejo, el tema le cayó al gobierno en un momento inoportuno, ya que no puede disponer de fondos presupuestales extra al final del período. Por eso Guerrero asegura que la solución de fondo, es que el gasto sea asumido en la próxima ley de presupuesto. El Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, por otra parte, ya asumieron que se deberá derogar las leyes declaradas inconstitucionales. Ello tampoco puede hacerse en este período.

Como consecuencia de esta situación los jueces amenazan con tomar medidas gremiales (ver nota aparte), los judiciales realizaron ayer el segundo día de paro y desde el 7 de octubre se mantiene el conflicto de los registrales. Las oficinas solo abren dos horas por día y dejaron de hacer trámites por internet por lo que según la Dirección de Registro se dio una reducción de 25% en la actividad de los escribanos, quienes no pueden registrar embargos, creación de sociedades comerciales, y contratos de compraventa.

Una delegación de escribanos se reunión días atrás con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Bayardi, para pedir una solución. Bayardi les dijo que el gobierno estaba trabajando para solucionar el tema, pero no podía hacer mucho por atenuar el efecto de las medidas. Bayardi dijo a El Observador que hasta el momento está descartada la posibilidad de aplicar esencialidad de los servicios.

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