La ONU expresó su “alarma” por el retiro de la nacionalidad a más de 300 opositores al gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y alertó que ese tipo de medidas "van en contra del derecho internacional".
Por ello pidió que se respeten los derechos humanos de los disidentes políticos y dijo estar lista para ayudar con el estatus de privados de nacionalidad.
También el gobierno de España expresó su solidaridad con el grupo y ofreció darles nacionalidad española.
“El derecho internacional prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad, incluso por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”, sostuvo el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
“Las recientes reformas legislativas en Nicaragua que permiten el despojamiento de la ciudadanía por motivos arbitrarios son contrarias a las obligaciones de todos los países en virtud del derecho internacional y regional de derechos humanos”, dijo la agencia de la ONU para los refugiados.
“El ejercicio de los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, la libertad de reunión u otros derechos asociados con las opiniones políticas de una persona, nunca puede justificar la privación de la nacionalidad”, subrayó el organismo en su comunicado.
A su vez, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, expresó la “alarma” del secretario general, António Guterres, por la “decisión del gobierno de Nicaragua de despojar a 94 personas de sus derechos políticos y civiles” el miércoles, como ya lo hizo con 222 presos políticos excarcelados y expulsados la semana pasada.
Los 94 nicaragüenses a los que se le quitó la nacionalidad también fueron despojados del derecho a la propiedad, acusados de traidores a la patria y declarados prófugos de la Justicia.
Entre ellos se encuentran el exdirigente sandinista y laureado escritor Sergio Ramírez y su colega Gioconda Belli.
La ONU dijo que “nadie debería ser despojado arbitrariamente” de la nacionalidad y reivindicó el derecho a tenerla recogido en la Declaración universal de los Derechos Humanos. Además, condenó la “persecución o represalia contra defensores de los derechos humanos o personas críticas” al gobierno.
En la última semana, 317 nicaragüenses fueron despojados de su nacionalidad, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados hacia los Estados Unidos el 9 de febrero.
Interrogado sobre si la ONU se había contactado con gobiernos dispuestos a ofrecer ciudadanía a los nicaragüenses privados de ella, como lo hizo España, el portavoz dijo no tener constancia. Pero aseguró que la organización está lista para “dialogar, si resulta útil”, respecto a su estatus.
En las últimas horas también repudiaron la medida los Estados Unidos y la Unión Europea.
