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20 de febrero 2013 - 22:05hs

A principios del siglo XX crecía en el país una guerra tributaria similar a la de las patentes. Existían diferencias y pujas por cómo cobrar la contribución inmobiliaria rural, ya que cada gobierno departamental tenía sus criterios propios, como sucedió hasta no hace mucho tiempo con el impuesto vehicular. La solución llegó con una reforma constitucional, en 1967, adonde se incluyó el hoy famoso artículo 297, uno de los que reivindicó la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el fallo que declaró inconstitucional el impuesto a la tierra (ICIR).

Esa solución del 67, escudó a las intendencias del apetito recaudador del gobierno central y, aunque de forma indirecta, puso coto a la intención de hacer que pague más el que tiene más, como pregona la izquierda desde siempre.

Ahora, mientras el gobierno intenta diseñar a contrarreloj un nuevo impuesto que sustituya al ICIR, expertos tributaristas entienden que será muy difícil repetir ese fin “extra fiscal” que se proponía la herramienta orquestada en Torre Ejecutiva.

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“Para cumplir con el slogan ‘que pague más el que tiene más’ hay trabas constitucionales, porque habría que reformar la contribución inmobiliaria rural”, dijo a El Observador el experto en derecho tributario y docente de la universidad ORT, Alberto Varela.

El tributarista Carlos Loaiza, en tanto, comparte que será difícil “imaginar que se pueda” cumplir con el objetivo de “desconcentración de la riqueza” que intentó perseguir el ICIR. “Es muy desafiante llegar a los mismos, es difícil”, insistió el experto en diálogo con El Observador.

El gobierno ya entendió que no puede tomar la tierra como base impositiva, luego de la clara sentencia de la SCJ. Por ello, el equipo que rodea al presidente José Mujica en Torre Ejecutiva, se encuentra elaborando una alternativa que apunte a los mismos 1.200 productores con campos de más de 2.000 hectáreas, pero desde otra variable que no sea la extensión de su campo.

A juicio de Loaiza, se podría establecer la renta como punto de partida para cobrar el tributo, pero de todos modos sigue siendo complicado.

Las únicas alternativas posibles, según opina la Corte en su fallo y comparten los expertos tributaristas consultados por El Observador, no existe otra opción viable que establecer impuestos adicionales a la contribución rural, lo que pone tope al cobro y, además, se establecería de forma general. En ese caso, la recaudación del ICIR se podría empatar sin problemas con un impuesto adicional, pero la idea del gobierno fue desde el principio gravar a los que tienen más tierra.

“Se puede hacer un impuesto adicional, pero va a ser uno que no grava más a los que tienen más”.

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