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Partidos votan en general el proyecto de financiamiento de la política y negocian articulado
Diputados de todos los partidos aprobaron en general este martes en comisión el proyecto de ley de financiamiento de la democracia y avanzan ahora en detalles del articulado que aún no tienen acuerdo entre las partes, en especial dentro de la coalición de gobierno.
Desde el oficialismo apuntan a blindar la redacción para aprobar el proyecto definitivamente en el plenario la próxima semana, el 28 de noviembre, informaron fuentes políticas a El Observador. El texto pasaría así a estudiarse en el Senado. De momento hay en el entorno de 12 artículos aprobados, en una norma que tiene más de 30. El resto aun se está negociando.
Los legisladores de la coalición estuvieron reunidos en la mañana para afinar la redacción, tras un acuerdo varias semanas atrás entre el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio. El herrerista Juan Martín Rodríguez había entregado este lunes a nombre del Partido Nacional un semáforo con las discordancias de la fuerza política.
Dentro de la coalición hay acuerdo en que haya una compensación a los medios de comunicación para establecer minutos gratis de publicidad electoral durante las campañas, aunque resta aún afinar detalles sobre cómo sería. Blancos y colorados también están de acuerdo en elevar los topes de contribuciones por cada candidato a diversos cargos electivos.
Los diputados blancos piden que candidatos a senadores, diputados e intendentes puedan aportar 800 mil unidades indexadas para sus campañas, un tercio más de lo que figura en el texto puesto a consideración por sus socios y la oposición. Para ediles, alcaldes y concejales, empujan para que el tope sea 600 mil unidades indexadas ($3,5 millones), entre tres y cuatro veces más que lo estipulado en el borrador de los colorados, independientes y frenteamplistas.
El Partido Nacional también ha trancado contra un literal que prohíbe las contribuciones a las campañas de personas vinculadas a medios de comunicación y que habla de que "la remisión de deuda" por prestar servicios "en forma desigual entre los partidos políticos" –cobrando por ejemplo tarifas más caras a uno u otro por publicidad– "configurará una donación encubierta prohibida por la ley y operará la caducidad de la autorización para prestar servicios de comunicación audiovisual".
El proyecto de ley está pendiente desde que el Frente Amplio lo introdujera en Diputados en 2016 y su tratamiento cobró mayor velocidad tras la crisis política que costó el cargo a las cúpulas de Cancillería y el Ministerio del Interior para intentar ocultar pruebas referidas a la entrega del pasaporte al narco Sebastián Marset.
