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Pasado oscuro, futuro incierto
El escándalo de los pagos en negro de ALUR a los cañeros durante 10 años para tener la buena voluntad del sindicato, que se agrega a las irregularidades ya denunciadas en ANCAP, aumenta la urgencia de poner orden en la gestión del ente petrolero. Esta ardua tarea, en una empresa estatal plagada por negocios malos y a veces sospechosos, fue encomendada por el gobierno a una conducción técnica en reemplazo de los tradicionales directores políticos inadecuados. Pero el equipo liderado por Marta Jara ya enfrenta obstáculos generados por la tolerancia gubernamental ante el poder sindical. Bastó con que las nuevas autoridades del ente empezaran a recortar gastos superfluos y operaciones a pérdida, así como algunas reducciones de personal, para que se desataran iras sindicales atendidas por el gobierno.
Lo ocurrido con el deficitario sector cementero ejemplifica el brete que cerca a un equipo dirigente que busca eficiencia operativa. El resultado es incertidumbre sobre el futuro de la mayor empresa del Estado, un mamut sobreviviente que asuela a una población obligada a financiarlo con una cuantiosa capitalización y desmesuradas tarifas por los combustibles. En esta principal área de actividad, la sinrazón económica del ente quedó en evidencia desde que la refinería paró en marzo para trabajos de mantenimiento. Desde entonces importa petróleo refinado de Estonia y Estados Unidos a un costo 8,4% menor que el producido en La Teja con cargo a los consumidores.
Ante la imposibilidad política de dejar de refinar, el directorio actual encaminó una gestión sensata para hacerlo menos inviable. Pero corre peligro de fracasar porque sus esfuerzos chocan con la renuencia del gobierno a medidas correctivas que generan protestas del poder sindical. La primera indicación de marcha atrás gubernamental la dio el presidente Tabaré Vázquez cuando le prometió a sindicalistas del sector cementero que sus reclamos serían considerados. Se produjo luego el farsesco episodio de la cincuentena de jardineros de una de las plantas, despedidos primero por innecesarios y luego retomados en condiciones aun más onerosas que las anteriores, a espaldas del directorio.
El futuro incierto que hoy sobrevuela a ANCAP fue precisado por el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. Afirmó que lo ocurrido con los jardineros “es una nueva prueba de la incapacidad del gobierno para llevar adelante cualquier reforma”, porque “ante la menor reacción del movimiento sindical frena cualquier transformación”. La trabazón para darle a ANCAP un barniz de eficiencia empresarial se produce en momentos en que arrecian las acciones judiciales contra la administración anterior. Y se conoce ahora que, cuando el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, presidía ANCAP y el vicepresidente Raúl Sendic era titular de su subsidiaria ALUR, los cañeros de esta empresa recibían pagos en negro, sin aportes a la seguridad social. La gravedad del tema se acentúa por haber sido una empresa del propio Estado la que incurrió en la informalidad laboral que el Frente Amplio asegura combatir. La definición de las irregularidades denunciadas, así como de las comprobadas en el caso de ALUR, queda en manos de la Justicia, el BPS y otros organismos. Pero paralelamente el gobierno tiene que facilitar las mejoras de gestión que procuran las actuales autoridades del ente en vez de maniatarlas al ceder a presiones sindicales. Luego de un pasado oscuro, hay que aclarar el futuro.
